Ve "oportunidad" para reasignaciones

Ante la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que declaró inconstitucional el proceso mediante el cual fueron nombrados los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador Ricardo Rosselló Nevares afirmó ayer que comenzó gestiones para revisar el presupuesto vigente sin esperar por la autorización del ente federal.
El viernes, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston invalidó las designaciones de los siete miembros de la JSF por entender que, en el trámite, se violó el poder de nombramientos del presidente de Estados Unidos.
Además, el foro apelativo federal concedió 90 días al presidente Donald Trump y al Senado federal -de mayoría republicana- para ratificar a los actuales miembros de la JSF o proponer nuevos nombramientos.
Ante ese nuevo escenario, Rosselló Nevares dijo ayer que se propone "seguir ejecutando para el pueblo de Puerto Rico, y eso requiere menos intromisión de la JSF y más acción al momento de poder reasignar (presupuesto) a prioridades".
"Le he solicitado al CFO (principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado) y a la Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) que comiencen a autorizar estos procesos, ante la incertidumbre que se ha creado con la JSF, que empecemos a autorizar estos desembolsos. Recuérdense que previamente requería una autorización de la JSF", dijo el mandatario.
El gobernador hizo sus expresiones durante una rueda de prensa en la que entregó 86 patrullas nuevas a la Policía. En la actividad, se le preguntó cuál sería el plan de acción de su gobierno ante el fallo del Circuito de Apelaciones, y se le cuestionó sobre el reclamo de la senadora Zoé Laboy para que solicitara el aval de la JSF para redirigir partidas al Negociado de Ciencias Forenses.
"Las prioridades del gobierno y las necesidades, a veces, son dinámicas, y tiene que haber una flexibilidad para poder invertir en áreas que así lo ameritan y tiene que haber una desconexión un tanto de las asignaciones que se habían hecho en el pasado y mirar un paradigma nuevo de invertir en prioridades del gobierno", añadió.
Durante los pasados dos años fiscales y tras la aprobación de la ley federal Promesa, el gobierno ha tenido que presentar el presupuesto recomendado a la JSF y esperar por su aprobación.
El gobernador no precisó ayer qué partidas del presupuesto vigente -y avalado por los miembros de la JSF- podrían sufrir cambios. Pero reconoció que los $3 millones que buscaba transferir la senadora Laboy de la Comisión Estatal de Elecciones y de la Aafaf están dentro de las reasignaciones viables. Los $3 millones serían utilizados por Ciencias Forenses para el análisis de los llamados "safe kits", realizados a víctimas de agresión sexual.
"Encontramos las partidas. Mucho han encontrado y ciertamente, siendo esto una prioridad, estamos dispuestos a recortar de un área para poder invertir en esta", puntualizó el gobernador.
De paso, Rosselló Nevares dijo que la decisión del Primer Circuito pone de manifiesto "la problemática que tenemos en Puerto Rico de un territorio colonial donde se le pueden imponer una serie de estructuras que, de su faz, son inconstitucionales y antidemocráticas".