Reparos sobre el proyecto de libertad religiosa

Ante las dudas que alberga sobre su implementación, la senadora novoprogresista Zoé Laboy advirtió ayer que es "prácticamente imposible" que rinda un informe positivo sobre el proyecto de ley que establecería el marco regulatorio de la llamada "libertad religiosa".
Como presidenta de la Comisión de Revitalización Social y Económica, Laboy encabeza la discusión sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo, y aunque afirma que se opone a la medida, dijo que no tomará una decisión final sobre su futuro hasta que termine su análisis en vistas públicas el 4 de junio.
"Este proyecto abre la puerta a tanto litigio", sostuvo Laboy en un aparte con periodistas en medio de la vista pública, que se extendió por más de seis horas.
Entre las alternativas que tiene Laboy como presidenta de la comisión legislativa, figura rendir un informe positivo, uno negativo o uno positivo con enmiendas.
Una de las principales preocupaciones de la senadora de mayoría gira en torno a la ejecución del Proyecto del Senado 1253. A pesar de que la medida dispone que, aun si existen solicitudes de acomodo razonable por parte de empleados en una oficina gubernamental el servicio se tendrá que brindar, Laboy cuestionó que eso suceda en la práctica.
A modo de ejemplo, mencionó un caso en el que dos empleados del Registro Demográfico expresen reparos para atender parejas del mismo sexo y que un tercer empleado de la oficina que no haya solicitado acomodo razonable se ausentara ese día.
Ayer en la mañana, comparecieron a la vista el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud, cuyos representantes favorecieron el proyecto amparándose en la existencia de jurisprudencia estatal y federal que presuntamente lo respaldan. Uno de los deponentes de Justicia, Daniel Vélez, planteó que la pieza "recoge" distintas leyes federales y jurisprudencia estatal.
"Lo recoge en un estatuto y establece parámetros más definidos", indicó Vélez.
El proyecto establecería la posibilidad de que se le provea acomodo razonable a una persona si sus responsabilidades como empleado público -y pagadas con fondos públicos- le obligan a realizar actos contrarios a su fe religiosa.
Tras una extensa argumentación entre Laboy y los representantes de Salud, el Registro Demográfico y Justicia, Vélez insistió en que la medida, tal y como fue presentada, atiende ese escenario. "El servicio gubernamental, con este proyecto, se garantiza", dijo.
"Mi preocupación es que se dé (la situación que dio como ejemplo) en una sola ocasión. Eso es suficientemente malo para Puerto Rico", dijo Laboy.
La representante del Registro Demográfico, Alba Iris Calderón, destacó que, desde que esa entidad confiere certificados de matrimonio a parejas del mismo sexo, ni un solo empleado ha solicitado acomodo razonable.
Sin embargo, durante la tarde, al abogado Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, comentó que representa a tres parejas de lesbianas que han demandado al Registro Demográfico por mostrar reparos al reconocer la inscripción de sus hijos.
Mientras, el profesor Juan A. Caraballo Resto, catedrático auxiliar en Antropología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, opinó que el proyecto no es enmendable, y planteó que el problema que expone en la pieza, "lejos de garantizar las libertades civiles de toda nuestra ciudadanía, establece una jerarquía entre ellas donde la libertad religiosa ha de ir por encima de todas las demás".