Martes, 16 de Julio de 2019

BancoEstado y el cine

ChileEl Mercurio, Chile 16 de julio de 2019

No cabe demandarle responsabilidades que se apartan de su misión.

Llama la atención el tono de las reacciones luego de que BancoEstado resolviera terminar con su programa de fomento al cine. Este consistía en un fondo de $200 millones que se destinaban anualmente a apoyar la distribución de una docena de películas. Se ha dicho que la medida no solo provocará un daño grave a la cinematografía local, sino que sería una demostración de la supuesta debilidad del compromiso del Estado con la cultura. Tales juicios parecen excesivos.
Es innegable que el cine nacional ha experimentado un importante desarrollo al consolidar una cierta industria audiovisual y concretar la realización de producciones de alto nivel. Ha sido este el resultado de un conjunto de factores, desde el talento de los creadores y su capacidad emprendedora, hasta el desarrollo de redes que han facilitado el acceso al circuito de festivales y a los mercados internacionales. Sería desconocer la realidad, sin embargo, omitir el rol jugado por el sector público, tanto mediante la entrega directa de recursos para el financiamiento de producciones como apoyando la investigación académica, la formación de realizadores y de audiencias, o la distribución. Tales aportes han sido expresión de una política de Estado que entiende como prioritario promover el desarrollo de las manifestaciones artísticas y el acceso de la ciudadanía a ellas. Institucionalmente, ello se expresa en la existencia de fondos concursables; en el caso del área audiovisual, dicho fondo del Ministerio de las Culturas repartió el año pasado más de $4.600 millones. A ello, se agrega la existencia de otro fondo, dependiente de Corfo, por casi mil millones de pesos, también para el financiamiento de realizaciones.
Es natural que los creadores tiendan siempre a considerar insuficiente el apoyo que reciben del Estado, pero la mera observación de las cifras relativiza esa crítica; antes bien, la permanencia y el crecimiento de estos fondos en el tiempo dan cuenta de un real compromiso en esta materia por parte de un país que entiende que el desarrollo de la producción audiovisual lo enriquece. Sin duda, el monto de estos recursos y el diseño específico de las formas de apoyo podrán ser siempre objeto de discusión, dentro del debate más amplio de las políticas culturales, el cual, por cierto, debiera considerar también cuestiones como la disímil calidad de los proyectos beneficiados o la dificultad para convocar audiencias masivas.
Muy distinto de aquello es pretender que una empresa pública creada para cumplir tareas específicas deba además cargar con una responsabilidad que se aparta de esos objetivos, que es precisamente el error que se advierte en las críticas a la decisión de BancoEstado. El país ha asignado a este la misión de "prestar servicios bancarios y financieros con el fin de favorecer el desarrollo de las actividades económicas", no la de subsidiar determinadas manifestaciones, por valiosas que sean. En ese contexto, su programa de apoyo al cine pudo justificarse en la medida en que sus autoridades pudieron evaluar que esos recursos le significarían al banco retornos equivalentes en términos de promoción e imagen. Si esa evaluación ha dado ahora un resultado distinto, la única decisión consecuente es la de terminar el programa. Podrá esto no satisfacer a quienes hasta ahora se habían beneficiado con los dineros, pero la tarea de las autoridades de BancoEstado no es favorecer a grupos de presión, sino administrar recursos que pertenecen a todos los chilenos del modo que mejor permita cumplir los objetivos que el país le ha fijado a la institución.