Sábado, 19 de Octubre de 2019

Contratos: la raíz de la crisis

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 19 de octubre de 2019

Escuchar a la fiscal federal decir que Julia Keleher "presionó para otorgar contratos", confirma el proceder de la contratada de tomar decisiones para favorecer a contratistas, no a la educación pública

Escuchar a la fiscal federal decir que Julia Keleher "presionó para otorgar contratos", confirma el proceder de la contratada de tomar decisiones para favorecer a contratistas, no a la educación pública.
El perfil de Keleher fue actuar al margen de reglas, normas y leyes que rigen al Departamento de Educación (DE). El retraso en el proceso de reabrir aulas tras el huracán María, el intento de privatizar cientos de escuelas, incluir en informes de FEMA reparaciones en planteles que no tenían que ver con efectos del ciclón, la imposición del cierre de escuelas, amenazar con retener sueldos de maestros, nombramientos sin respetar el registro de elegibles, irregularidades en el proceso de contratos y subastas, la centralización de los nombramientos, son algunos ejemplos de este perfil.
Las acusaciones contra Keleher tienen que ver con fraude, robo y conspiración. Esto contrasta con el esfuerzo que todos los días se realiza en las escuelas públicas para construir una sociedad libre de fraude, robo y conspiración. Educamos para seguir las normas, respetar las leyes, practicar la honestidad y la transparencia.
Es repudiable que los fondos destinados al servicio educativo se desvíen a diversos contratos para enriquecer a personas y compañías privadas. Muchas de estas compañías llevan años viviendo de propuestas y contratos para tener acceso a fondos federales. Otras se registran en el Departamento de Estado luego que gana un partido las elecciones.
En las circunstancias actuales los fondos federales para educación están nuevamente en peligro. Pero los más preocupados son los contratistas que son los principales beneficiarios de esos dineros. Por eso es imperativo un informe público y detallado sobre el uso de los $1,500 millones de fondos federales que recibe anualmente el DE. Urge evaluar cuánto de esos fondos llegan al salón de clases y cuánto se queda en ganancias para las compañías privadas. Además, hay que evaluar si esos contratos son necesarios o se garantiza el servicio con los empleados del DE y la UPR. El momento exige una real transformación en Educación.