Las señales de Osorno

Sentido de urgencia, pero también dosis crecientes de indignación han caracterizado el manejo del Gobierno frente a la situación de desabastecimiento de agua sufrida por Osorno. Han desarrollado el Presidente Piñera y los equipos que lo han acompañado en sus dos administraciones una capacidad de reacción ante situaciones de emergencia que constituye uno de sus activos. Por lo mismo, una experiencia fallida, como fue la visita del mandatario a la zona el miércoles para anunciar la normalización de un servicio que a las pocas horas volvía a fallar, resultó frustrante para los ciudadanos afectados, pero también para quien llegó a La Moneda comprometido con lograr un mejoramiento sustantivo de la gestión pública. En ese contexto, la decisión de haber suspendido Piñera un viaje privado a Estados Unidos de inusuales características -y que consideraba recurrir a la peculiar figura de los "días administrativos"- no solo era prudente, sino tal vez la única posible ante un escenario cuya evolución puede tener derivaciones imprevisibles.
En efecto, desde un punto de vista político, es mucho más que un cálculo menor lo que se juega en Osorno. La apertura a la inversión privada en el área sanitaria ha traído beneficios notables al país. Existen, sin embargo, grupos ideologizados que se han opuesto sistemáticamente a este proceso. Si sus consignas no han logrado hasta ahora eco, ha sido precisamente por los logros concretos que el sistema puede mostrar. Una situación como la vivida en la última semana debilita ese pilar básico de credibilidad. Por lo mismo, hacen bien las autoridades en exigir respuestas a la compañía Essal y en comprometer el uso de todas las herramientas legales: la percepción de un sistema que sanciona de modo drástico a quienes incumplen fortalece su legitimidad.
Con todo, corresponde también al Gobierno lograr un adecuado equilibrio, evitando generalizaciones injustas, decisiones precipitadas o señales equívocas. Ciertamente, puede ser necesaria una revisión del marco legislativo, pero también aquí es deber de la autoridad crear las condiciones para un debate que trascienda los comprensibles malestares del momento. Una simple mirada a los 16 proyectos que se han presentado al Congreso en la última década buscando modificar la regulación de los servicios sanitarios da cuenta de los riesgos de una discusión solo sustentada en la emocionalidad o la consigna.
Debates con perspectiva unilateral
No es solo el ámbito sanitario el que se encuentra expuesto a brotes populistas. Son diversas las iniciativas cuya discusión hoy tiende a plantearse en términos unilaterales. Ejemplos han sido el debate sobre la reforma al Código de Aguas, que amenaza con debilitar el derecho de propiedad, o una Ley de Glaciares que podría comprometer el desarrollo minero del país. Parece existir una dinámica en el trabajo del Congreso que lleva a muchos legisladores a acoger de modo acrítico planteamientos de grupos de presión, los que en oportunidades logran avanzar hasta transformarse en normas aprobadas contra toda evidencia técnica, como ya ocurrió con la Ley de la Jibia.
Lo anterior impone una carga adicional a un gobierno que, junto con batallar por sus reformas sin contar con mayorías, debe además intentar contener el impacto de iniciativas inconvenientes. Con todo, esas dificultades también relevan el valor político de logros como los conseguidos por el Ejecutivo esta semana en el Congreso: la ratificación de la jueza Repetto para la Corte Suprema, el avance del nuevo sistema de financiamiento de la Defensa y el que su reforma previsional haya concitado votos de la DC y el PS. Ello, sin desconocer los puntos dudosos que presenta esta última iniciativa, abordados en esta misma página.
Desafío migratorioLa situación en la frontera norte se alza como desafío para una autoridad que se fijó como tarea ordenar la situación del país en materia migratoria, pero que también se ha comprometido con la recuperación democrática en Venezuela. La agudización de la crisis humanitaria, sumada a medidas restrictivas adoptadas por Perú, ha significado una fuerte presión ante la cual el Gobierno se ha visto obligado a adoptar medidas difíciles, como la exigencia de visas. Lejos de lo que cierta crítica oportunista ha planteado, ambos elementos -la exigencia de procedimientos regulares y el apoyo a quienes son víctimas de la dictadura chavista- no son contradictorios, como lo muestra, por ejemplo, la decisión de flexibilizar ciertos requisitos para el ingreso en casos calificados.
Una situación con cientos de personas pernoctando precariamente en las afueras del consulado en Tacna será, sin embargo, siempre delicada, con permanente riesgo de originar situaciones dolorosas o humanitariamente lamentables. Desde el punto de vista de la política exterior, impone además la necesidad de explorar algún entendimiento con Perú para abordar conjuntamente el tema, e incluso considerar el apoyo de organismos internacionales.