¿Cómo medimos?

Por Profesora principal del Dpto. de Economía de la PUCP e investigadora del IEP

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Carolina Trivelli

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

?Cómo se mide? tituló el pasado sábado en las páginas editoriales de este Diario, Gustavo Rodríguez, quejándose de las dificultades para obtener recursos públicos destinados a financiar proyectos que promuevan o pongan en valor nuestro riquísimo patrimonio cultural. Como economista y profesora de economía pública, el artículo me dejó pensando.

Parte de la modernización de la gestión pública y la gestión macroeconómica consiste en contar con herramientas de gestión y utilizarlas para tomar decisiones que afectan a todos los ciudadanos. Una de esas herramientas es el análisis costo-beneficio (ACB) que exige efectivamente medir los beneficios que una política pública puede traer a la sociedad. Este análisis se aplica en los proyectos de inversión y existe la obligación legal de aplicarlo en todos los proyectos de ley discutidos en el Congreso, pero muchos de nosotros ya sabemos que esto suele ser un mero saludo a la bandera.

Los economistas también sabemos que tenemos otras herramientas para evaluar una política, para los casos en los cuales el cálculo de los beneficios monetarios es un problema. Por ejemplo, ¿quién se podría oponer a establecer un sistema de protección del mar territorial peruano? Nadie, me atrevo a responder. Pero ahora viene la dificultad: ¿cómo medimos los beneficios de dicho sistema?

Cuando medir los beneficios es muy complicado, la herramienta es el análisis costo-efectividad. En este caso, se establece una meta y se evalúa cuán costoso es lograrla utilizando un conjunto de alternativas. En el ejemplo del mar territorial, se pueden usar sistemas satelitales, sobrevuelos, patrulleras o una combinación. Y esto sí puede ser costeado. Se selecciona así la alternativa más barata para lograr el objetivo.

Voy un paso más allá. Exigir un ACB para proyectos o políticas que tienen el objetivo de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de derechos es un despropósito. Por ejemplo, tenemos el derecho a elegir a nuestros representantes en el gobierno. Dudo encontrar una persona razonable que postule la aplicación del ACB al costo de una elección, ya que las elecciones son una de las manifestaciones de un derecho democrático.

Podemos extender este razonamiento a las prestaciones de salud o a la educación universal y de calidad o a la administración de justicia o a la necesidad de conocer nuestro patrimonio cultural. Las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos en Lima nos han mostrado una riqueza cultural estupenda y diversa, tanto del pasado como de un presente espectacular e inclusivo.

Medir los beneficios es irrelevante cuando de lo que se trata es de garantizar la asignación de recursos públicos a servicios que permitan que los ciudadanos hagamos ejercicio de derechos. Nuestro riquísimo patrimonio cultural es claramente parte de esos derechos.