Buenas prácticas electorales

Durante el corriente año, la ciudadanía se vio inmersa en un calendario electoral por demás cargado, con 19 elecciones provinciales y las PASO para candidatos a cargos nacionales, además de numerosos comicios municipales.
En ese contexto, existe un punto de inflexión que supone un enorme avance en organización de esos procesos a nivel nacional, relacionado con la transmisión del resultado del escrutinio de las mesas de votación -los históricos telegramas- desde las escuelas hacia el centro operativo del Correo Oficial para su procesamiento y difusión. Su importancia radica no solo en la rapidez a la hora de obtener la información, sino también en ofrecer herramientas que afiancen la transparencia, así como posibilitar un mayor grado de participación y fiscalización de los partidos.
En esta etapa, el escrutinio provisional carece de valor jurídico, pero genera estados de ánimo en la ciudadanía en las horas inmediatamente siguientes a la elección.
Antes del 11 de agosto, el nuevo mecanismo fue objeto de cuestionamientos que apuntaban a la eventualidad de que el Gobierno pudiera manipular técnicamente la difusión de los resultados. Esto condujo, incluso, a que se adoptaran medidas de estricta fiscalización y se designaran veedores informáticos por parte de la Justicia Nacional Electoral.
La noche de la elección, el sistema presentó fallas que demoraron la publicación de los primeros resultados, pero no en relación con las sembradas dudas previas. Sin perjuicio de las mejoras necesarias, la transmisión de telegramas desde las escuelas, según datos oficiales difundidos con posterioridad a las PASO, generó un ahorro de tres horas y media en el cúmulo de información recolectada y ocho horas y media respecto del estándar en elecciones anteriores en el procesamiento de la información total.
Además, luego de décadas en las que una misma empresa fue la encargada del escrutinio provisional, en esta oportunidad la firma adjudicataria fue elegida en un proceso abierto de licitación pública internacional.
Acciones como estas demuestran una buena práctica en materia de administración de recursos estatales, ya que el monto de contratación ha sido notoriamente inferior a los valores históricos para tal servicio.
El sistema ha demostrado su eficacia y eficiencia considerando la escasa diferencia entre el recuento provisional y el escrutinio definitivo, único con validez legal y a cargo de la Justicia Electoral. Se ha dado un paso importante. Esperemos que este avance en favor de la transparencia continúe, que se subsanen las fallas y se perfeccionen los sistemas para la fehaciente difusión de datos en las elecciones generales venideras.