Conflicto mapuche: desafío pendiente

El primer aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca en un operativo policial en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, y el próximo inicio del juicio oral contra ocho acusados -siete de ellos excarabineros- se han dado en medio de la crisis que ha golpeado al país, en cuyas manifestaciones la bandera mapuche ha estado presente como expresión de las demandas indígenas. Pese a los llamados de la familia Catrillanca a participar en los actos recordatorios del jueves pasado con respeto y tranquilidad, hubo disturbios y personas lesionadas, corte de carreteras, destrucción de monumentos e incendios.
Avanzar en la resolución del conflicto mapuche fue una prioridad fijada por el Gobierno desde sus inicios, agenda interrumpida por la muerte del comunero, cuando no solo quedaron en evidencia las deficiencias en los procedimientos internos de Carabineros -lo que significó la salida de su general director-, sino que también se acrecentó un ambiente de crispación que afectó los intentos de diálogo y recrudeció la violencia. El consiguiente debilitamiento de los lazos que la autoridad intentaba establecer con líderes locales entorpeció la implementación de medidas para enfrentar las carencias de las regiones con mayor presencia de población mapuche. Un, hasta ese momento, auspicioso 2018 había mostrado signos positivos en empleo y crecimiento. Hoy se hace patente la necesidad de recuperar confianzas para retomar esa senda. Los resultados del Índice de Confianza Empresarial de La Araucanía, que cayó en octubre más de 9 puntos, lo confirman.
Igualmente, debe evaluarse con prudencia la posibilidad de impulsar acciones reformadoras en materia institucional pese a la oposición de ciertos sectores, como ocurrió con los intentos por realizar una consulta que planteaba once materias a debatir con el objetivo de recabar información orientada a una reforma de la ley indígena. Las dificultades surgidas durante el proceso -las que incluyeron amedrentamiento a los asistentes, ataques a lugares de reunión y destrucción de material informativo- derivaron primero en su suspensión y, recientemente, en su cancelación definitiva, impidiendo conocer la diversidad de visiones que coexisten en las comunidades, información valiosa en un contexto de discusión constitucional. Canalizar las demandas indígenas mediante una institucionalidad que permita responder a ellas debiera significar un avance concreto hacia el restablecimiento de las confianzas.
Parece relevante que, en este escenario de demandas sociales, se mantenga la agenda prioritaria que el Gobierno ha fijado para La Araucanía, afianzando el respeto al Estado de Derecho en una zona seriamente afectada por situaciones de violencia orientadas a profundizar la incertidumbre y la inestabilidad. Mientras la población hace serios esfuerzos por encontrar vías de progreso, la responsabilidad del Estado es ir en su respaldo.