Alertan sobre otros terrenos

Más allá de las siete reservas naturales que quedaron restituidas por disposición del Tribunal Supremo, el expresidente de la Junta de Planificación (JP) Luis García Pelatti teme que la actual administración de esa agencia esté trastocando otros planes sectoriales y territoriales sin seguir el debido proceso de ley.
García Pelatti, bajo cuya jefatura se elaboraron y aprobaron las resoluciones de las siete reservas a finales del cuatrienio pasado, apuntó que la implementación de otras normas reglamentarias por parte de la JP resulta incierta en la actualidad.
"Que la agencia no siga sus propias reglas es muy triste porque le quita credibilidad, el país necesita que las agencias funcionen y sean sensatas", sostuvo García Pelatti, al reaccionar a la decisión firmada por el juez asociado Luis Estrella con fecha del viernes.
Mediante resoluciones en 2017, la actual administración de la JP dejó sin efecto los planes sectoriales aprobados en diciembre de 2016 para establecer las reservas. Esas resoluciones fueron ratificadas por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares en órdenes ejecutivas.
Pero el Tribunal Supremo determinó que la JP no cumplió con los requisitos que exige la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) para dejar sin efecto esas normas reglamentarias.
De esta manera, las reservas naturales de Mar Chiquita, Río Camuy, Humedal Playa Lucía, Punta Cabuyones, Punta Guilarte y Punta Petrona, así como la reserva agrícola de Finca Nolla conservan dichas clasificaciones. Las delimitaciones de esos terrenos están contenidas en siete planes sectoriales, que son documentos que especifican los usos permitidos en las reservas naturales.
Bajo esos planes, se protegen 7,420 cuerdas de terreno, más de 10,000 cuerdas de componente marino y 17,300 cuerdas de reserva agrícola.
"La JP lo hizo con estas reservas (cambios en los planes), pero lo hizo con el Plan de Rincón, que lo ha modificado de manera incorrecta para permitir unos desarrollos en (la Reserva) Tres Palmas, lo hizo en el Plan de Lajas, lo hizo en el Plan de Vieques, lo hizo en el Plan de una Reserva Natural que se llama Cialitos, que está en Ciales", destacó García Pelatti.
Una vez se elabora un plan y se aprueba, pasa a la firma del gobernador y luego corresponde a la JP hacerlo público mediante mapas, explicó.
Pero, aun cuando varios planes completaron ese proceso en 2016, aseguró el planificador, la JP bajo la administración actual no ha publicado los planes en mapas, de modo que no está claro si se están implementando.
Sobre el plan territorial de Rincón, por ejemplo, indicó que la JP modificó el mapa sin llevarlo a vista pública y presentó al gobierno municipal un plan distinto al que se firmó en el 2016. Otro ejemplo destacado por García Pelatti es la Reserva Natural del Cañón de San Cristóbal, en Barranquitas y Aibonito.
"Fue declarada, tiene un plan y esta Junta no lo reconoce, aunque legalmente está declarada y la sentencia del Tribunal Supremo valida que todas estas áreas naturales están vigentes", apuntó.
Gobernadora acoge la decisión
Mientras, la gobernadora Wanda Vázquez acogió la decisión del Tribunal Supremo. "Nuestra administración es una de ley y orden. Toda determinación dirigida a la protección del ambiente tendrá nuestro respaldo", dijo, en declaraciones escritas, a El Nuevo Día.
"Es suficiente con todas esas determinaciones que se han tomado en el pasado y cuyo resultado ha sido en perjuicio de nuestros recursos naturales", manifestó la primera ejecutiva.
De vuelta a la protección
Con su decisión unánime, el Tribunal Supremo revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones, que falló en contra de los peticionarios, las organizaciones Sierra Club, Toabajeños en Defensa del Ambiente, Inc. y el Comité Socio Cultural Comunitario Arizona San Felipe de Arroyo, Inc., que habían impugnado las derogaciones de las reservas.
"La Junta de Planificación no tenía discreción alguna para revocar las referidas normas reglamentarias de otra manera que no fuese la dispuesta en la LPAU", sostuvo el juez asociado Estrella en la opinión.
La gobernadora enfatizó que, ante cualquier petición a la JP, "los ciudadanos y personas interesadas deberán tener la oportunidad de expresarse". "Ese es el procedimiento y debe cumplirse", subrayó.
Aunque las derogó, la JP había reconocido que las resoluciones de 2016 fueron aprobadas conforme a los requisitos procesales, destacó el Tribunal Supremo. La LPAU exige el cumplimiento por parte de las agencias administrativas con varios requisitos básicos al momento de "aprobar, enmendar o derogar una regla o reglamento". Esos requisitos son notificar al público la reglamentación que ha de aprobarse; proveer oportunidad para la participación ciudadana, incluyendo vistas públicas cuando sea necesario u obligatorio; presentar la reglamentación ante el Departamento de Estado para la aprobación correspondiente, y publicar la reglamentación aprobada.
Pero, en 2017, la JP no cumplió con ninguno de esos requisitos. "No debe haber duda alguna de que las resoluciones del 2017 que revocan motu proprio las resoluciones del 2016 son irremediablemente nulas", reza la decisión judicial.
Ninguno de los miembros de la JP estuvo disponible para reaccionar ayer. "La JP recibió la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo el viernes, 15 de noviembre en la noche, por lo que no estará emitiendo comentarios hasta que la sentencia sea evaluada", indicó Ivelisse Prado, portavoz de la agencia.