Incendios en La Macarena: el costo de la ilegalidad

Esta semana el país ha sido testigo de quemas en dos de los cuatro parques que componen el Área de Manejo Especial de La Macarena (Amem). Esta zona es fundamental no solamente por su riqueza ambiental, sino que además conecta a la región Andina con la Amazonía. Según el Ministerio de Ambiente, y la directora de Parques, el estimativo de hectáreas incendiadas en estos días es de alrededor de 4.000, afectando en especial uno de los tres parques naturales del área: Tinigua. Indica el IDEAM que solo este año el Amem ha perdido 9.234 hectáreas de bosque y ha habido 1.158 incendios forestales. Estos incendios no son nuevos. En 2016 se quemaron 900 hectáreas en el municipio La Macarena y en abril de 2014, otras 2.000 hectáreas en Puerto Rico (Meta) municipio colindante con el área. Tres teorías explicarían los incendios. La primera, el presunto interés en convertir bosques en pastizales para ganado, que se cae por su peso pues, de acuerdo con algunos analistas, la deforestación en la Amem, incluida la causada por incendios forestales de vieja data, no se ha traducido en más cabezas ganado. La segunda teoría tiene relación más con aspectos de orden público y es la de la retaliación contra la Operación Artemisa, gran ofensiva contra la deforestación y política militar del cuidado de los recursos naturales que lidera el Gobierno Nacional y que, según el ministerio de Ambiente, ha implicado acciones en los parques La Macarena, Chibiriquete, Tinigua y Picachos. La tercera y última, relacionada con la anterior, es la que presenta el Ministerio de Defensa, la cual indica que quien estaría tras los incendios son las disidencias de las Farc para la siembra de coca y para abrir más la llamada "trocha ganadera", construida hace décadas por el antiguo grupo guerrillero y que conduce de Vista Hermosa a La Macarena. No es un secreto que la anterior guerrilla y ahora su más importante disidencia han tenido presencia histórica en el parque impidiendo una mayor presencia del Estado. Los incendios que hoy vemos nos ponen de presente esta problemática; otra sería la historia si existiera mayor presencia institucional en la zona. Esto incluye no solo el fortalecimiento estatal sino la posibilidad de que distintas actividades económicas formales hagan presencia con inversiones, generando nuevas dinámicas económicas y sociales. El país recordará cómo en 2016 el entonces gobierno nacional revocó por Twitter una resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que otorgaba la licencia ambiental a una empresa para exploración y explotación de hidrocarburos, en un área por fuera del parque. Esta licencia tardó cuatro años en su trámite, luego de evaluados y cumplidos todos los requisitos de ley y de la regulación existente. En ese entonces, se le hizo creer al país que se iba a extraer hidrocarburos de Caño Cristales, lo cual no era cierto, pues el área del proyecto estaba a 70 kilómetros del río, y en una cuenca diferente. Tan era así que la ANLA, que expidió la licencia, inicialmente la defendió, como debía ser, pero luego, ante la decisión presidencial, buscó una excusa para revocarla. Una decisión motivada por el rechazo a la industria petrolera en zonas cercanas al parque, pese a que se trata de áreas ya intervenidas con agricultura y ganadería. Y no precisamente por motivos ambientales, sino, como lo vemos hoy, por intereses de los grupos ilegales. Tan es así que las Farc se opuso abiertamente a la licencia y algunos de sus miembros contribuyeron a la desinformación mediática. "Solamente las comunidades que habitan el Área de Manejo Especial de La Macarena y los combatientes que nos hemos abrigado por años en su seno (…) nadie mejor para proteger y cuidar esta reserva de la humanidad", dijo en aquel entonces Carlos Lozada, hoy Senador de la República por el Partido Farc. A juzgar por los incendios recurrentes, tal protección nunca se dio. ¿Por qué el rechazo de la antigua Farc a la presencia de la industria petrolera en esa área? Por una razón sencilla: detrás de la industria de hidrocarburos, se fortalece o, incluso, llega el Estado. Cuatro años después de revocada la licencia ambiental y de firmado el acuerdo de paz con las Farc, La Macarena sigue en poder de organizaciones armadas ilegales. Esta vez son las disidencias del grupo que, como en el pasado, tienen claro el valor estratégico de la zona para la actividad criminal. Y harán lo posible por evitar el arribo de industrias formales, en especial aquellas que llegan acompañadas de la institucionalidad; de ahí su rechazo. No deben sorprender entonces los incendios, pero además de prevenir y extinguir las conflagraciones, se requiere mayor presencia estatal y promover la economía legal en la zona.
Presidente de la Asociación Colombiana del Petroleo (ACP)

Francisco José Lloreda Mera