La Nación, Costa Rica
9 de abril de 2020
Los deudores de créditos hipotecarios de la CCSS que demuestren haber sido afectados por la emergencia del covid-19 podrán optar por una moratoria de tres meses en el pago de sus préstamos.
Los deudores de créditos hipotecarios de la CCSS que demuestren haber sido afectados por la emergencia del covid-19 podrán optar por una moratoria de tres meses en el pago de sus préstamos.
Así lo confirmó este jueves Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), durante la tradicional conferencia que ofrece el Gobierno para actualizar el estado de situación del coronavirus en el país.
Macaya indicó que la Junta Directiva de la institución aprobó, este miércoles, una serie de medidas financieras en la cartera de créditos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En días pasados, el Gobierno había solicitado a la Caja realizar "todas las medidas necesarias y efectivas para lograr una readecuación de los créditos", sin exponer el funcionamiento óptimo de la entidad.
La primera medida acordada, señaló el jerarca, es permitir que los deudores que se encuentren al día posterguen el pago de cuotas de los meses de abril, mayo y junio.
Por ello, se solicitó a la Gerencia de Pensiones establecer las condiciones para otorgar el beneficio. Entre otras, los interesados deberán demostrar la afectación económica sufrida por la crisis del covid-19.
La moratoria cubrirá a asalariados que hayan perdido su trabajo, o sufrido un recorte de su salario o una suspensión temporal de su contrato laboral.
Los deudores que califiquen para este beneficio, deberán cancelar únicamente lo correspondiente a las pólizas del crédito durante los tres meses del periodo de gracia.
Una segunda medida aprobada es no enviar a cobro judicial, durante tres meses, las operaciones crediticias con atraso menor a los 90 días al 31 de marzo 2020.
De igual manera, las autoridades acordaron que los trabajadores independientes podrán acogerse a los beneficios establecidos, siempre y cuando demuestren su afectación económica por la crisis.
Lo podrán hacer por medio de una declaración jurada o certificación de ingresos (CPA).
