Armado PROSHA con inspecciones y querellas

Con inspecciones aleatorias, multas de hasta $70,000 por incidente y seguimiento a las querellas de empleados, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (conocida como PROSHA) apuesta a monitorear a los patronos que han vuelto operar durante la pandemia del COVID-19.
Así lo informó ayer la directora de PROSHA, Judith Cruz Concepción, al detallar cómo va el proceso de autocertificación patronal que entró en vigor el viernes pasado.
"Se le está pidiendo que envíen ambas cosas, la autocertificación —que es una lista de cotejo donde el patrono va a documentar los elementos del plan (de seguridad para prevenir el COVID-19) que ha adoptado— pero además le estamos pidiendo que envíe copia del plan", indicó.
Con el acuse de recibo de PROSHA, la empresa o comercio puede reanudar operaciones si es de una categoría exenta por orden ejecutiva. Mientras, el personal de la agencia evalúa su expediente.
"Si en el proceso evaluativo, que puede demorarse varios días por el volumen tan alto, encontramos que necesita mejorar ciertos aspectos, inmediatamente nos comunicamos con el patrono", abundó.
En esos casos, se les da un "periodo corto" -que no precisó- para que se hallen en cumplimiento.
Cruz indicó que, hasta ayer, muy pocos patronos habían enviado documentación incompleta o que no cumpliera con los requerimientos de seguridad ocupacional establecidos para contener la pandemia.
Indicó que el domingo se recibieron 185 solicitudes, el lunes entraron unos 800 documentos y a mediados de la tarde de ayer ya iban por 1,000.
Colón explicó que para hacer cumplir las guías de prevención de COVID-19 solo cuenta con la plantilla regular de cerca de 30 inspectores especialistas en salud y seguridad ocupacional. Por ello, realizan inspecciones aleatorias, además de aquellas necesarias para dar seguimiento si reciben una querella.
"Todas las querellas se trabajan de manera confidencial. Tenemos personal designado únicamente para eso", puntualizó sobre las denuncias que cualquier empleado puede someter en un email a prosha@trabajo.pr.gov.
"Llevamos la contabilidad de las querellas y, desde el 16 de marzo hasta ayer, alrededor de 700 orientaciones se han ofrecido. De esas 300, han redundado en inspecciones", precisó.
No pudo ofrecer de inmediato el monto de las multas a las que se han expuesto los lugares inspeccionados, pero advirtió que según su gravedad o reincidencia las multas pueden ascender a $70,000 por incidente.
Recalcó que durante la pandemia los patronos también se exponen a órdenes de cierre y a perder sus licencias, porque las intervenciones se hacen en conjunto con otras agencias como los Departamentos de Hacienda y de Asuntos del Consumidor (DACO).
"La multa es un disuasivo para que no violenten la ley, pero la seguridad y salud del empleado debe ser lo primordial", expresó la funcionaria.