¿En dónde están los dirigentes?

¿Será que los dirigentes colombianos comprenden la dimensión de la crisis que vivimos? El presidente Duque está manejándola, concentrado, como tiene que estarlo, en las medidas de corto plazo. Debe llegar, de la mejor manera posible, al 7 de agosto de 2022. Pero ¿en dónde están los directores de los partidos políticos, los líderes del empresariado, los expresidentes de la República, los dirigentes sindicales? ¿Estarán pensando en la Colombia de ahora y del futuro? Sus ideas y comentarios brillan por la ausencia. Es claro que ni el mundo ni Colombia van a ser los mismos después de la crisis de 2020. Que no se trata de un episodio pasajero al cabo del cual se regrese a la supuesta ‘normalidad’ de diciembre de 2019 o febrero de 2020, y que, por lo tanto, habrá que replantear la dirección en la cual vamos a transitar todos y cada uno de los colombianos en los próximos años. Para lo cual, como escribe un amigo de esos a quienes no les gusta la publicidad, se requiere diseñar una nueva economía que triunfe sobre la vieja, sobre la de hace apenas tres meses. Y esa nueva economía implica mucho más: la relación del Estado con los ciudadanos y de los ciudadanos con el Estado. El contrato social, ni más ni menos. La revisión del contrato social no es algo que los economistas deban, ni puedan, hacer solos. Contribuirán, pero la orientación debe surgir de la política. De una nueva política. Otro amigo, el exministro Juan Carlos Echeverry, ha escrito que "el covid-19 y la crisis económica son un problema demasiado grave para dejárselo a los economistas y epidemiólogos". De ahí la pregunta ¿en dónde están los políticos, los viejos y los jóvenes? "Alguien elegido y no nombrado en un cargo técnico debe tener la obligación de responder ante todos nosotros por lo que haga y por lo que no. Por esta razón, las crisis son las mayores creadoras de liderazgo", continúa Echeverry. El desafío es de una envergadura enorme. Se trata de escoger la vía que construya una sociedad más equitativa, más incluyente, redistributiva, menos corrupta, más respetuosa de la diversidad y las diferencias, con un Estado y unos gobiernos más activos, y todo ello dentro de las libertades y la democracia. El mundo todo corre el peligro de inclinarse hacia el autoritarismo, con un control burocrático total apoyado en la vigilancia de cada individuo, o hacia el nacionalismo populista al estilo fascista de los años treinta del siglo pasado, con una mezcla indeseable entre Estado y negocios. Ninguno de estos extremos es aceptable en Colombia. Ahí sí que deberíamos buscar una tercera vía, la de las reformas liberales que cambien la estructura social y la económica. Una crisis como la presente genera la oportunidad para emprender ese tránsito hacia un nuevo equilibrio. Y en esa búsqueda la política es indispensable para llegar a acuerdos sociales y a cohesionar a la población alrededor de unos propósitos nacionales. En otras palabras, no es viable continuar con el gradualismo colombiano, en medio de una tormenta desconocida en su intensidad y en su duración. La caída del PIB del primer trimestre mostró la magnitud de la crisis, superando las expectativas del Gobierno y de los economistas. El impacto en el desempleo y en la pobreza, con sus efectos desoladores sobre las condiciones de vida de la mayoría de la población, también será mayor que el esperado. Lo grave es que no se vislumbra una salida en el corto plazo. Pero no se puede esperar al mediano ni al largo para actuar. Las crisis destruyen las sociedades. La polarización política, también. La responsabilidad moral de los dirigentes es evitar esa destrucción, actuando con velocidad y contundencia.
Un nuevo contrato social
Carlos Caballero Argáez