Señalan fallas a la AEE y FEMA

WASHINGTON.- Las fallas en la supervisión de los contratos de Whitefish y Cobra Acquisitions pueden provocar que el gobierno de Puerto Rico no tenga derecho a que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) le reembolse plenamente el dinero pagado a esas empresas para reparar el sistema eléctrico, tras la catástrofe causada por el huracán María hace casi tres años.
En un informe, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. señaló fallas a oficinas del gobierno de Puerto Rico y a FEMA en la supervisión de los contratos a Whitefish y Cobra, que sumaron más de $2,000 millones.
Como consecuencia de las fallas -falta de supervisión sobre tarifas irrazonables y cambios de orden que representaron cientos de millones de dólares-, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) puede haber perdido el derecho a un reembolso pleno a través del programa de asistencia pública de FEMA.
Aunque sostiene que la AEE cumplió, tras una enmienda, con los requisitos federales para adquirir los servicios de Whitefish, la OIG denunció que la corporación pública erró en determinar que los costos de los trabajos fueran razonables.
"Los costos del contrato de Whitefish (que ascendió a $300 millones) pueden no ser razonables porque la AEE incurrió en costos a tarifas más altas que las que Whitefish propuso originalmente", indicó.
La OIG del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) indicó que las tarifas establecidas, el 26 de septiembre de 2017, en el contrato con Whitefish fueron 57% más altas que las propuestas seis días antes. Como ejemplo, indicó que la tarifa del costo por hora de un trabajador de línea aumentó de $83 a $188.
Las tarifas por el uso de equipo, mientras, aumentaron un 7% en comparación con la oferta original. En el caso de equipo subcontratado, las tarifas fueron 881% más altos que las que estableció Whitefish cuando utilizaba sus propios equipos. El contrato enmendado, además, estableció unos costos altísimos, como de $140 por hora para un administrador de campo y $616 por hora para un contable senior.
"Pese a estos múltiples aumentos sustanciales en las tarifas, la AEE no calculó la razonabilidad de los aumentos de tarifas antes de firmar el contrato enmendado (con Whitefish)", agregó el informe.
FEMA ha tenido bajo evaluación, desde noviembre de 2018, completar el reembolso a la AEE por el contrato de Whitefish. La corporación pública pagó, por lo menos, $36 millones a la empresa.
los señalamientos sobre COBRA
La investigación señaló que la AEE, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), y FEMA no ofrecieron supervisión adecuada del contrato con Cobra, que hasta julio de 2019 había facturado $852 millones a la empresa pública. Según la OIG, FEMA no determinó si los costos de los contratos que obtuvo Cobra "eran razonables y elegibles" para reembolsos a través del programa de asistencia pública.
"Como resultado, FEMA puede haber reembolsado a la AEE costos del contrato con Cobra que son inelegibles para fondos de asistencia pública", agregó.
La OIG de Seguridad Interna acentuó que la AEE no estableció los términos y condiciones del contrato con Cobra sobre el alcance de las obras, el costo del trabajo y el calendario, antes de que la empresa comenzara a restaurar las líneas de energía eléctrica. "FEMA reembolsó más de $852 millones a Cobra sin confirmar primero que la AEE proveyó un alto grado de supervisión para el contrato", sostuvo la OIG.
La OIG corroboró defectos administrativos en los 15 proyectos específicos asignados a Cobra que examinó. El análisis reflejó 41 cambios de orden aprobados por la AEE meses después que se excedieran los costos, con un incremento de $391 millones en la facturación.
En seis de los 15 proyectos, Cobra no firmó los términos específicos para completar esas obras hasta cuatro meses después de haber sido aprobados por la AEE. En total, la empresa ni siquiera firmó 32 de los 41 documentos con cambios de orden.
Según la OIG, la AEE reconoció haber establecido un sistema alterno para el pago de facturas de Cobra que obvió emitir antes cambios de orden y fue por encima de las restricciones que suele imponer en el pago de cantidades que exceden un acuerdo original.
Con respecto a COR3, el informe señala que esa oficina, creada en octubre de 2017, fue incapaz de supervisar a la AEE y sus contratos "para asegurar que se cumpliera con las regulaciones federales y las guías" de FEMA.
COR3 no pudo llevar a cabo una evaluación completa de los requisitos de reembolso de la AEE por los primeros $520 millones del contrato con Cobra, según el informe.
Cargos federales
En una investigación independiente, la fiscalía federal de San Juan presentó cargos criminales, en septiembre de 2019, contra dos altas funcionarias de FEMA y el expresidente de Cobra, por irregularidades en el proceso de contratación de esa empresa, a la que, en total, se le adjudicaron contratos por $1,900 millones.
El juicio por fraude y soborno, entre otras imputaciones, contra Ahsha Nateef Tribble, quien fue administradora de la región 2 de FEMA, y al expresidente de Cobra Donald Keith Allison, a quienes se les atribuye haber trabajado en conjunto para el otorgamiento de los contratos, está previsto para enero de 2021.
Jovanda Patterson, quien fue subjefa de Personal de FEMA, se declaró culpable en febrero de fraude electrónico y actos que afectan un interés financiero personal.