No enmendarán la consulta de status

WASHINGTON.- El gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) cerró filas con la convocatoria al referéndum estadidad "sí o no", sin hacerle cambios a la ley, después de que, por segunda vez en el cuatrienio, la administración de Donald Trump rechazó un plebiscito que excluya el actual status territorial.
"El referéndum va tal y como quedó redactado", indicó el presidente del PNP y del Senado, Thomas Rivera Schatz, en Notiuno, después de insinuar el jueves que pudieran presentarse al electorado tres preguntas: separación sí o no; permanecer bajo la cláusula territorial sí o no; y estadidad sí o no.
Antes de los comentarios de Rivera Schatz, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, aseguraron que continuaría adelante el referéndum estadidad sí o no -convocado para el 3 de noviembre, junto a las elecciones generales-, sin añadir las otras alternativas de status y enmendar la ley como propuso el subsecretario de Justicia federal, Jeffrey Rosen.
Méndez y González son vicepresidentes del PNP. Rivera Schatz es también vicepresidente de la colectividad, pero la preside interinamente hasta que el 9 de agosto el PNP seleccione a su candidato a La Fortaleza para las elecciones de noviembre entre la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el ex comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi.
"Nada detendrá nuestra lucha", indicó Pierluisi.
En una carta con fecha del 29 de julio, el subsecretario Rosen notificó al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, que no avalarán un plebiscito estadidad sí o no, entre otras cosas, porque, como el Departamento de Justicia federal acentuara hace tres años, el gobierno de Estados Unidos no tiene claro que el plebiscito de 2012 pueda representar, en 2020, un rechazo al Estado Libre Asociado (ELA) territorial.
Rosen afirmó que la baja participación y el boicot de la oposición "evita que veamos los resultados del plebiscito de 2017 como un voto decisivo para la estadidad".
Además, advirtió que la ley puertorriqueña que convoca el plebiscito se presta a engaño, al alegar que el referéndum busca la admisión inmediata de Puerto Rico y tratar de compararla con las consultas que le hiciera el Congreso a Hawái y Alaska para convertirlos en estados.
La carta de Rosen está fundamentada en una petición que le hiciera la CEE y la gobernadora Vázquez Garced para intentar que Justicia federal, como permite un lenguaje de una ley de enero de 2014, ayudara a financiar la consulta con $2.5 millones, si certificaba que la papeleta electoral y la campaña educativa cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.
Rosen destacó el poco tiempo que quiso imponerle el gobierno del PNP a su Departamento de Justicia para examinar la ley del 16 de mayo. No fue hasta el 3 de junio que la CEE envió a Justicia federal los documentos de la consulta, mientas la ley pedía una respuesta para el 30 de junio.
El liderato del Partido Popular Democrático (PPD) ha indicado que el gobierno del PNP debería cancelar la consulta, pues considera que sin el visto bueno federal se convertirá en "otro malgasto de dinero" como el plebiscito de 2017.
"Si hubiese respeto al pueblo derogaban esa legislación, pero como la obsesión, el fanatismo y la terquedad ideológica puede más para ellos, tendremos otra razón para votarle que ‘no’ en noviembre", señaló el presidente del PPD, senador Aníbal José Torres, quien dejará la dirección de su colectividad con la elección del candidato a gobernador de su partido.
Los precandidatos del PPD a gobernador Eduardo Bhatia y Charlie Delgado coincidieron con el reclamo de Torres.
En momentos en que el "furor asimilista" del PNP choca con los intereses del gobierno de EE.UU., el candidato del Partido Independentista Puertorriqueño a la gobernación, Juan Dalmau, consideró que el referéndum de noviembre es una oportunidad para los electores de la Isla dar el "golpe de gracia" a la estadidad.
El gobierno del PNP acogió desde noviembre de 2018 la propuesta del republicano Rob Bishop (Utah) para celebrar un referéndum estadidad sí o no. Cuando Bishop hizo su propuesta advirtió al gobierno de Puerto Rico que no haber esperado por la validación del plebiscito de junio de 2017 de parte del Departamento de Justicia de EE.UU. "ha permitido a sus oponentes impugnar" los resultados.
Tras el rechazo del gobierno de Trump al referéndum, el presidente de la CEE indicó que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el secretario de Hacienda y el jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal "tienen el deber ministerial de priorizar, identificar y hacer disponibles los recursos económicos estatales necesarios para celebrar el plebiscito".
Barack Obama
El mismo día en que se dio a conocer la carta de Justicia federal, el expresidente Barack Obama -bajo cuya administración se legisló el lenguaje de 2014 que ha permitido solicitar a Justicia federal evaluar los plebiscitos y se aprobó la ley Promesa-, afirmó en el duelo del funeral del líder de los derechos civiles John Lewis que como parte de las reformas electorales que son necesarias en Estados Unidos está garantizar la "igual representación" en el gobierno federal para los ciudadanos estadounidenses de Washington D. C. y Puerto Rico.