Sábado, 15 de Agosto de 2020

Íntegro el juicio profesional de BDO

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 14 de agosto de 2020

El supuesto ardid orquestado por el cofundador de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, para obtener contratos a su favor no afectó los trabajos de auditoría que esa firma hacía para el gobierno, concluyó la empresa UHY Advisors Inc

El supuesto ardid orquestado por el cofundador de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, para obtener contratos a su favor no afectó los trabajos de auditoría que esa firma hacía para el gobierno, concluyó la empresa UHY Advisors Inc.
De igual forma, al analizar los trabajos que condujo BDO, UHY concluyó que las posibles actividades ilícitas por parte de Scherrer tampoco menoscabaron el juicio profesional de la firma a la hora de pasar juicio sobre la condición financiera de cinco corporaciones públicas.
UHY examinó las labores efectuadas por BDO para el gobierno a petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), luego de que Scherrer fuera acusado hace un año.
A Scherrer se le imputó haber orquestado un ardid para conseguir contratos gubernamentales y lavar dinero junto al también acusado Alberto Velázquez Piñol. Como parte de esa supuesta artimaña, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, también fueron acusadas. Tales eventos contribuyeron a la salida forzada del ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares hace un año.
El proceso judicial contra los imputados está en curso.
Las acusaciones por parte de la fiscalía federal contra Scherrer nunca incluyeron o vincularon a BDO, pero resultaron en la cancelación de todos los contratos gubernamentales vigentes.
Aunque antes prestó servicios al gobierno que rondaron unos $6.8 millones, en los dos años y medio que duró la administración de Rosselló Nevares, BDO logró unos $56.3 millones en contratos, según reportó antes El Nuevo Día.
Reacciona BDO
"Estamos complacidos con las conclusiones del reporte de UHY que establecen que las conclusiones y juicios profesionales estaban justificadas apropiadamente por nuestros documentos de auditoría", indicó en declaraciones escritas, Gabriel Hernández, quien junto a Scherrer ayudó a convertir a BDO en una de las firmas de contabilidad de mayor arraigo en la isla.
"Hemos cooperado plenamente con UHY y continuaremos cooperando con cualquier requerimiento adicional", agregó Hernández.
La pesquisa a BDO fue la respuesta de la JSF al pedido del presidente del Comité de Recursos Naturales en el Congreso, Raúl Grijalva, y la congresista demócrata Nydia Velázquez, quienes tras las acusaciones a Scherrer, reclamaron indagar en los trabajos de la firma.
"Al ejecutar nuestros procedimientos de inspección, incluyendo reexaminar un número de las muestras (de auditoría) inicialmente seleccionadas por BDO Puerto Rico, concluimos que, basado en el trabajo que realizamos, los documentos de auditoría preparados para justificar el informe independiente de los auditores sobre los estados financieros de la (Autoridad de Energía Eléctrica o AEE) al 30 de junio de 2017 respaldan apropiadamente los juicios profesionales y conclusiones establecidas por el equipo (de auditoría)", reza el informe de UHY.
Específicamente, en esta primera etapa, UHY debía examinar las auditorías efectuadas por BDO en la AEE, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Sistema de Retiro para Maestros, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) y la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA). Las auditorías examinadas corresponden al año fiscal 2017.
Una segunda etapa abarcaría los contratos de consultoría que BDO mantuvo con el gobierno.
La JSF reclutó a UHY en febrero pasado y su análisis es clave para que el gobierno continúe con la publicación de los estados financieros del gobierno que llevan tres años de retraso.
Observaciones técnicas
Aunque el juicio profesional de BDO no estuvo comprometido por los supuestos actos de Scherrer, el análisis de UHY concluyó que el trabajo de auditoría exhibió algunas deficiencias. Ello al comparar el trabajo realizado en relación a las guías y métodos establecidos en la profesión.
Por ejemplo, el informe de UHY establece que en la ACT, el equipo de BDO no descansó en los reportes de auditoría de la empresa que recauda y distribuye los recaudos de peajes, por tratarse de una organización que daba servicios a la ACT. Pero, según UHY, el equipo de BDO no efectuó pruebas adicionales para compensar la no utilización de los reportes de esa empresa.
En el caso de la auditoría de la ACAA, UHY sostuvo que en el informe se separaron las ganancias o pérdidas realizadas o no realizadas, pero los principios de contaduría requieren que estos se presenten en conjunto como "apreciación o depreciación neta de inversiones".
Mientras, en el caso de las auditorías en WIPR, estas no habrían incluido las opiniones cualificadas que otro auditor habría hecho en el año fiscal 2016 y en el informe de la gerencia, no se incluyeron eventos o datos que eran sabidos y que podrían tener un efecto en la posición financiera de la corporación.