Costos laborales de agencias de viajes en la noche subirían 35%

La sanción presidencial del 26 de junio de 2025 convirtió en ley un paquete de 96 artículos que redefinen buena parte del régimen de trabajo en Colombia, entre ellos la ampliación de la jornada nocturna, el aumento de los recargos por trabajo dominical y la formalización de los contratos de aprendizaje. La norma, promulgada seis meses después de su aprobación parlamentaria beneficia, según cálculos oficiales, a más de 10 millones de trabajadores formales. Uno de los cambios con mayor impacto económico es la fijación de la jornada nocturna entre las 7 p. m. y las 6 a. m. A partir de enero de 2026, las horas laboradas en ese tramo deberán pagarse con un recargo del 35 % sobre la tarifa ordinaria, dos horas antes que en el esquema vigente desde 2017. Paralelamente, el trabajo en domingos y festivos pasará del 75 % al 100 % de recargo, con escalones del 80 % en julio de 2025, 90 % en julio de 2026 y aplicación plena en julio de 2027. El turismo, que opera los siete días de la semana y concentra buena parte de su actividad después de la puesta del sol, figura entre los sectores con las nuevas obligaciones. "Estas medidas pueden desincentivar la contratación, elevar la informalidad y poner en riesgo la sostenibilidad de pequeñas agencias de viajes, las cuales conforman la mayoría del tejido empresarial de nuestro sector. Esta reforma, aunque trae avances en derechos laborales, desconoció en cierta medida las condiciones económicas de los sectores productivos", explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato. Las agencias calculan que solo el anticipo de dos horas en el inicio de la jornada nocturna elevará en 35 % el costo de la nómina entre las 7 y las 9 p. m. La cifra se desprende de la tarifa legal para recargos nocturnos y afecta los turnos de operación en aeropuertos, terminales y centros de reservas. A ello se sumará el recargo dominical, que será de 80% en la próxima temporada alta de fin de año y alcanzará el 100 % en 2027, horizonte que obliga a rediseñar turnos y presupuestos. Otro cambio es la transformación del contrato de aprendizaje en vínculo laboral ordinario. Durante la fase lectiva el aprendiz recibirá el 75 % del salario mínimo y, en la fase práctica, el 100 %, ambos sujetos a cotización plena en salud, pensión y riesgos profesionales. Esta obligación, según Anato, implica "una carga prestacional adicional de más del 50 % en costos laborales, para los empresarios, por lo que desestimula especialmente a las mipymes". Un panorama difícil La dirigente gremial añadió que el turismo aún no recupera los niveles previos a la pandemia: el empleo formal en las agencias cayó 40 % en 2020 y, aunque se ha recuperado entre 5 % y 6 % anual, todavía permanece por debajo de los registros de 2019. "Nos preocupa que es una acción que desconoce las realidades de nuestros empresarios, en especial a las mipymes, que representan la mayoría del sector", subrayó. El articulado de la reforma dedica un capítulo a la formalización de microempresas y hogares. El artículo 34 autoriza a las unidades con máximo diez trabajadores a pagar cotizaciones a la seguridad social por tiempo parcial, computadas al final de cada mes, y prioriza ramas como hotelería y turismo para programas de crédito e incentivos fiscales. Aunque la medida alivia el flujo de caja en temporadas bajas, los empresarios señalan que no compensa el incremento agregado de la nómina. Parte de la preocupación se concentra en el límite máximo de dos horas extras diarias y 12 semanales, pues obliga a las agencias que operan excursiones nocturnas a rotar personal o a contratar plantillas adicionales. "Si la normatividad dice que solo se pueden trabajar dos horas extras al día, así sean pagas, estamos hablando de un horario hasta las nueve. De nueve en adelante vas a tener que tener otra persona para no exceder las dos horas extras", señaló. La presidenta de Anato advirtió también sobre el efecto de la norma en la informalidad. Antes de la pandemia la asociación censó a 4.700 agencias de viajes; tras los cierres sanitarios se perdieron 1.900 y, aunque muchas reaparecieron, el número de operadores sin Registro Nacional de Turismo creció en los principales destinos del país. "Realmente lo que va a generar esta reforma es más brecha en la informalidad y más brecha en equiparar la cancha", sostuvo. El gremio dice que la informalidad ya supera el 60 % en el mercado laboral general y que en turismo tiende a ser mayor por la proliferación de alojamientos no registrados y operadores no certificados. En la temporada alta de 2024 la Superintendencia de Industria y Comercio impuso 74 sanciones por publicidad engañosa y prestación irregular de servicios turísticos; sin embargo, la inspección sigue siendo limitada, según Anato. En ese contexto, las agencias formales afirman que aportan al Fondo Nacional de Turismo (Fontur) a través de la contribución parafiscal del 2 % sobre ingresos por paquetes, tiquetes y cruceros. Los operadores informales, al no facturar oficialmente, eluden ese pago y reducen los recursos destinados a infraestructura y promoción. El gremio insiste en que "no vemos al Gobierno Nacional haciendo una revisión" eficaz sobre el comercio no registrado.