Estudio valida potencial de Puerto Rico como hub farmacéutico de EE.UU.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) adoptó una resolución para que ese organismo abogue activamente por Puerto Rico en Washington, luego de que un análisis de Boston Consulting concluyera que la isla podría allegar entre $1,500 millones y $4,500 millones en valor incremental si logra ampliar su presencia en la cadena logística de fármacos y dispositivos médicos estadounidense.
Tal incursión podría traducirse entre 1,000 a 3,000 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo en Puerto Rico tan pronto como el 2026, según la firma, y podría representar entre $70 millones y $220 millones en nuevos recaudos al fisco cada año.
Para lograr esa inyección económica, el análisis de Boston Consulting apunta a que Puerto Rico abogue porque la legis- lación congresional o la política pública federal que se adopte en materia de seguridad nacional confiera incentivos o tratamientos especiales a regiones o áreas económicamente deprimidas, lo que incluiría a la isla.
Ese es el primer curso de acción que Boston Consulting ha sugerido a la JSF y al territorio estadounidense ahora que Estados Unidos busca alternativas a los efectos de la pandemia del COVID-19 en la cadena logística de medicamentos y dispositivos médicos y que hasta hace unos meses descansaba en la producción y el transporte de esos bienes críticos para la salud humana desde Asia.
"Puerto Rico tiene la oportunidad de crear valor mutuo para la isla, Estados Unidos y para las manufactureras, pero debe prepararse para una amplia amalgama de resultados a nivel federal", reza el informe que Boston Consulting preparó a pedidos de la JSF.
La semana pasada, durante la vigésima reunión pública de la JSF, ejecutivos de la firma ofrecieron un resumen de su análisis al organismo fiscal, instando a sus integrantes y a oficiales del gobierno de Puerto Rico a moverse con prontitud y de manera estratégica tanto en Washington como en el ecosistema de manufactura de productos dirigidos a la salud.
"Esta es una oportunidad única para Puerto Rico", indicó el directivo Carlos M. García, quien dirigió los trabajos de la JSF donde se discutió el informe.
De acuerdo con la firma, al presente, existe sobre un centenar de productos de "alto potencial", especialmente moléculas para el desarrollo de medicamentos para alergias, asma, el dolor y el control de infecciones que representarán sobre $45,000 millones en ventas para el 2026, así como otro millar de productos de "mediano potencial" como antibióticos y anticoagulantes que representarían otros $500,000 millones en ventas.
Según Boston Consulting, la buena noticia para Puerto Rico es que la propiedad intelectual de buena parte de esos productos está en manos de unas 10 a 15 empresas que ya operan en Puerto Rico, entre ellas Mylan, Johnson & Johnson o AbbVie.
Lo mismo sucedería por el lado de dispositivos o equipos médicos, según la firma, haciendo referencia a la presencia de nombres como Medtronics y Stryker.
"Un acercamiento temprano a estas compañías podría posicionar a Puerto Rico para las movidas incrementales que se esperan mientras se planta la semilla para una producción de materia prima, en caso de que haya más acciones federales significativas (en materia de comercio)", reza el informe de Boston Consulting.
El acercamiento a las empresas tendría que ir en paralelo con esfuerzos concretos en el Congreso a favor de la isla, sugirió la firma a la JSF.
En ese sentido, el informe de Boston Consulting, representa un endoso a la propuesta que presentó la comisionada residente Jennifer González, y que propone que los incentivos para que estas empresas se muden a Estados Unidos se otorguen a regiones deprimidas económicamente (EDZ, en inglés).
Lo que se discute en Washington
La semana pasada, el senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, presentó el alto cuerpo legislativo el proyecto de ley que impulsa otorgar créditos contributivos a empresas manufactureras que se establecen en zonas económicamente afligidas como Puerto Rico.
Tal propuesta, sin embargo, es una de 15 medidas radicadas en el Congreso con el objetivo de que Estados Unidos fortalezca sus abastos de medicamentos y equipos médicos.
En la esfera federal, las propuestas de incentivos fiscales en el Congreso parecen dividirse en dos grandes grupos.
Aquellas dirigidas a promover incentivos en las zonas "EDZ" y aquellas que buscan eliminar el impuesto GILTI, que se aprobó con la reforma contributiva federal y que se describe como una especie de penalidad a las manufactureras por fabricar su propiedad intelectual fuera de territorio estadounidense.
Según Boston Consulting, si Puerto Rico fuera a abogar por cambios al llamado GILTI tax, ello traería beneficios a la isla, pero en menor escala que las iniciativas bajo el modelo EDZ. Los cambios al GILTI, según la firma, representarían entre $500 millones y $2,500 millones en valor incremental y entre 500 y 1,400 empleos a tiempo completo para el 2026.
¿Dónde está la oportunidad?
De acuerdo con la firma, Puerto Rico necesita afinar sus estrategias de mercadeo para acercarse a empresas que podrían considerar a la isla y que deshaga las premisas erradas que existen en torno a la isla. Específicamente, Boston Consulting cree que Puerto Rico será más atractivo para los fabricantes de equipos médicos originales (OEM, en inglés) que ya operan en la isla puedan ampliar sus operaciones, empresas dedicadas a la manufactura de medicamentos genéricos y las llamadas empresas de manufactura por contrato (CDMO). Boston Consulting cree que la estructura de costos de Puerto Rico, así como su cúmulo de ingenieros y expertos en el nicho resulta en una oferta más económica que a nivel continental.
De igual forma, Puerto Rico podría tomar ventaja de su inventario de edificios industriales vacíos a lo largo de la isla.
No obstante, la firma hace constar que la estrategia que vaya a adoptarse debe considerar diversos aspectos. Entre estos, el hecho de que la materia prima para manufacturar podría estar sujeta a más aranceles por parte de Estados Unidos y continúan produciéndose en Asia, por lo que Puerto Rico tendría que identificar mecanismos para fabricar o traer tales suplidos a la isla.
De igual forma, la firma subrayó que cualquier acción federal tiene que ser vista como "parte de un plan de desarrollo" que apueste al desarrollo sostenible de la isla.
José Delgado Robles colaboró con esta noticia.