Autoridades con miles de casos por procesar

Las autoridades federales y estatales investigan cerca de 100,000 casos de fraude al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), que incluye distintas modalidades y esquemas de robo, como la apropiación ilegal de la identidad de otra persona o mentir al llenar la solicitud.
Agentes federales destacados en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) analizan y auditan solicitudes para detectar posibles esquemas de fraude, mientras otros indagan sobre los casos de robo de identidad detectados por la Policía por personas que han llegado hasta bancos para cambiar cheques a los que no tenían derecho.
Mientras, la fiscalía federal en San Juan y el Departamento de Justicia se encuentran en conversaciones para procesar lo que se anticipa será una avalancha de casos. Son tantos, que podrían terminar radicándose en los tribunales después de que termine este año.
"Tomando la información que nos da el secretario del Trabajo, de que algunas 307,000 personas solicitaron y recibieron los beneficios del PUA, nosotros debemos estar pensando que debe haber casi 100,000 personas que de alguna forma se han beneficiado de los fondos del PUA sin tener derecho a ello", dijo a El Nuevo Día la secretaria de Justicia (DJ), Inés Carrau.
"Si tomamos como base que el secretario del Trabajo dice que hay unos 15,000 empleados públicos nada más, (sin contar) al resto de la población que ha solicitado, por eso es que hago este cálculo mío, a base de la información que hemos obtenido. Debe haber casi 100,000 personas involucradas en esto", agregó Carrau.
Entre esos casos, podría haber más de 1,000 menores como solicitantes del beneficio de PUA, a pesar de que ese programa no está disponible para menores de edad.
"Estamos hablando de que son miles. Son más de 1,000 casos, fácilmente", destacó el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago.
Incluso, mencionó que, de forma preliminar, han observado solicitudes del PUA sometidas por menores que pertenecen a un núcleo familiar o grupo de conocidos. "En el sistema, se verifican tanto las direcciones y Seguro Social. A veces, son hasta grupos o familias enteros. Todo eso se detecta, según se va organizando", comentó Rivera Santiago.
Abundó que las investigaciones toman en consideración si algún adulto participó del esquema y de qué forma.
"Puede haber casos en los que tengan la ayuda de un adulto, a la hora de cambiar un cheque o si van a depositar en una cuenta. Esas son situaciones que involucran a un adulto", dijo Rivera Santiago. "Así que todos esos ángulos se investigan".
Mientras, la secretaria interina de Justicia coincidió con Rivera Santiago en que todavía falta por definir, además, el total de empleados públicos que se beneficiaron ilícitamente del PUA, que se nutre de fondos del gobierno de Estados Unidos.
Rivera Santiago indicó que estimaba que la cantidad podría superar los 10,000 casos, pero explicó que hay instancias en las que el sistema de la agencia identifica a alguien como empleado gubernamental, pero luego corroboran que ya no estaba en el sector público.
"Hay que mirar que esos listados estén al día", advirtió Carrau. "A nosotros, nos llegó un listado de personas que supuestamente eran empleados del Departamento de Justicia (solicitando el PUA), pero cuando revisamos con Recursos Humanos, vimos que ya no estaban", señaló Carrau.
Rivera Santiago tampoco descartó que algunas de esas solicitudes correspondan a empleados públicos a los que se les haya robado la identidad, y dijo que hubo un caso de esa índole en el DTRH.
Por lo pronto, el secretario mantuvo el estimado preliminar de casi 10,000 solicitudes del PUA de empleados públicos, quienes no tienen derecho a ese beneficio por estar en nómina de una agencia, sin importar que hayan perdido algún ingreso adicional a su trabajo en el gobierno.
El reto de procesar los casos
"Estamos viendo distintos esquemas y modalidades, desde el que roba la identidad, el que vuelve a trabajar y no lo informa, hasta los menores que entran al sistema y confinados", comentó Rivera Santiago.
"En el caso de los confinados, se sabe históricamente de distintos casos de fraude que se cometen desde las cárceles, como el robo de identidad, pero definitivamente necesitan ayuda de alguien (en la libre comunidad)", mantuvo. "Nos pasó con el (beneficio) por desempleo después del huracán María".
El proceso de investigación se anticipa de tal magnitud que se desarrolla un esfuerzo interagencial para procesar los casos.
Carrau y Rivera Santiago indicaron que se han reunido en varias ocasiones para coordinar la logística.
La secretaria interina de Justicia detalló que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) estará a cargo de procesar los casos de empleados públicos. Mientras, las querellas contra ciudadanos del sector privado serán atenidas por la Policía, cuya División de Robo a Bancos y Fraude ha atendido los casos de personas arrestadas en instituciones financieras.
Hasta el sábado, la Policía había arrestado a 67 personas que intentaban cambiar cheques del PUA obtenidos de forma ilegal. Con esas intervenciones, la División de Robo a Bancos y Fraude ha recuperado $414,196.
"Esos casos se han ido radicando (en los tribunales). Estamos a un promedio de 10 a 11 casos semanales, y estamos estableciendo una estrategia para que aumente la cantidad", dijo el teniente Wilson Lebrón, comandante de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC).
Sobre los fraudes detectados en el DTRH, Rivera Santiago dijo que trabajan la logística para enviar los referidos a Justicia "de manera ordenada, porque son muchos casos". "Ya se han comenzado a referir, y se están investigando los casos. El volumen es bastante alto", abundó.
Según Carrau, se creó un equipo de trabajo especial para manejar esos casos específicamente. El grupo es liderado por los fiscales de la División de Delitos Económicos de Justicia. Dijo que ese personal trabajará directamente con los fiscales en cada uno de los 13 distritos donde se someterían los casos.
Cuando se le preguntó si podrían procesar todo esto antes que termine el 2020, Carrau dijo que, por la cantidad de casos, entiende "que se va a extender un poco más".
Como parte de ese proceso, la secretaria interina dijo que ha tenido reuniones "también con las autoridades federales para trabajar de forma coordinada para acelerar lo más pronto posible la radicación de cargos". "Estamos en negociaciones, empezando a coordinar con ellos", agregó.
De acuerdo con el secretario del DTRH, un "task force" de oficiales federales audita las solicitudes e investiga posibles esquemas de fraude en el PUA.
Además de tener conversaciones con la fiscalía federal, Rivera Santiago dijo que, en ese grupo, hay agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), el Servicio de Rentas Internas y de la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (OIG-DoL).
En particular, resaltó que el FBI tiene un agente destacado en el DTRH para esta investigación.
Mientras, este medio confirmó que el FBI investiga los robos de identidad por parte de personas arrestadas por la Policía al cambiar cheques en bancos, como lo planteó este mes el teniente Lebrón.
Lebrón dijo la semana pasada a El Nuevo Día que han identificado la venta de licencias de conducir falsas por la cantidad de hasta $500.
"Con las autoridades federales, no tenemos que hacer referidos porque tienen un agente, además de que el OIG nos audita", explicó Rivera Santiago. "Ellos asumen jurisdicción".
"El FBI tiene las manos llenas con estas investigaciones en Puerto Rico y otros estados", afirmó.
Recuperan millones de dólares
Rivera Santiago destacó que al momento el DTRH ha recuperado $12.5 millones devueltos desde que comenzaron la campaña de alerta por los fraudes. También resaltó que, desde marzo, las solicitudes se hacían mediante un formulario en el que las personas "juraban" que la información era cierta. Hace poco, comenzaron a usar el sistema denominado "FastPUA", que valida la información con el Departamento de Hacienda.
Rivera Santiago dijo que les levanta "suspicacia" que antes habían tenido sobre 300,000 solicitudes y, con el nuevo sistema, la cantidad se redujo a 60,000.
"Es preocupante que, habiendo gente con necesidad real, vengan otros a querer hacerse pasar de listos y corten a otros la posibilidad de recibir los fondos que necesitan para sostener a su familia", expresó, por su lado, Carrau. "Hablamos de personas que no tienen necesidad de recibir estos dineros para subsistir y usan este dinero para gastarlos en lujos. También afecta en recibir fondos federales, porque al verse que se están usando con fraude, se sabe que puede tener un efecto en los fondos que pueda recibir Puerto Rico".