Martes, 22 de Septiembre de 2020

Otra acusación constitucional

ChileEl Mercurio, Chile 22 de septiembre de 2020

La prudencia o imprudencia de cada medida técnica no puede ser analizada políticamente, menos en medio de la pandemia.

Diputados del Frente Amplio han impulsado una nueva acusación constitucional, esta vez en contra del exministro de Salud Jaime Mañalich, con lo cual ya suman diez las autoridades que han sido sometidas a estos procedimientos por la actual Cámara de Diputados en sus 30 meses con la composición actual. Para lograr su objetivo, los diputados frenteamplistas consiguieron el apoyo de parlamentarios comunistas, radicales y del PPD, pero no lograron que entre los acusadores firmaran miembros de los partidos Socialista y Demócrata Cristiano, las dos colectividades principales de la oposición.
Ha sido llamativo que el libelo se presentara recién el último día del plazo que fija la Constitución para hacerlo, puesto que la diputada que encabezó la acusación había iniciado sus intentos hace más de tres meses, cuando el ministro aún estaba en funciones. Tal vez, durante este tiempo pudo estar buscando reunir a los diez diputados firmantes, pero encontró dificultades en conseguirlos. Los antecedentes en los que se funda la imputación se centran en que el ministro habría vulnerado el derecho a la vida de miles de personas, lo que de ser efectivo constituiría una gravísima violación de los derechos humanos de miles de chilenos que, según se desprende del libelo, habrían muerto más que nada por las omisiones en que habría incurrido el secretario de Estado. Un segundo argumento, tan difícil de comprobar como el primero, se refiere al ocultamiento de datos, presumiblemente de forma intencional, aunque se señala que corresponde a errores en la información proporcionada por el ministerio. Además, en el texto de la acusación se mencionan otras posibles deficiencias, como la firma de un contrato con Espacio Riesco y las observaciones que hizo al respecto la Contraloría.
Pero sería un error entrar en la discusión de las razones técnicas de las cifras o de las medidas adoptadas por el ministerio para enfrentar tan grave como impredecible pandemia. Tanto en su objetivo como en su justificación, los diputados acusadores buscan resultados políticos intentando dañar al Gobierno, como ha quedado en evidencia con sus múltiples acusaciones constitucionales, de las cuales no ha podido escapar ni el propio Presidente de la República. Baste con señalar las extraordinarias medidas dispuestas por el Gobierno, que implicaron obtener plena autoridad sobre las clínicas privadas y los hospitales o, aún más sugerente, que las medidas sanitarias dispuestas se han mantenido durante toda la epidemia, aun después del cambio de ministro. En esta época de desconfianzas generalizadas, el propósito del Frente Amplio parece ser el de presentar la acusación con el fin de dejar caer sospechas sobre el aparato estatal y en eso bien pueden acertar, puesto que hay sectores de la ciudadanía dispuestos a creer en teorías conspirativas, las que han tenido un notable auge durante la pandemia. Pero la estrategia también los puede hacer perder ascendiente sobre sectores aún más amplios que desconfían profundamente de los políticos y tienden a sospechar de muchas decisiones que tildan de maniobras políticas.
El ministro Mañalich bien pudo o no haber gozado de popularidad, pero de él es posible afirmar que fue ganándose el respeto de muchos observadores, justamente por la decisión con que enfrentó la epidemia y por los sacrificios y riesgos personales a que se expuso. Pocos piensan que él haya podido "comprometer gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución", como lo debe señalar la acusación. La prudencia o imprudencia de cada medida técnica no puede ser analizada políticamente, menos en medio de la pandemia, que está precisamente en estos días en las cifras más altas de contagios y muertes en todo el mundo.
El destino de la acusación no puede asegurarse en estos momentos iniciales, pero, al parecer, las bancadas que se han restado lo han hecho con buenos argumentos, lo que permitiría esperar que esta, al igual que la inmensa mayoría de los casos de acusaciones constitucionales basadas en consideraciones políticas, termine siendo desechada.