Plaza Baquedano, ¿víctimas colaterales?

La centralidad de la Plaza Baquedano en la geografía de Santiago la transformó en punto de encuentro ciudadano para celebraciones y marchas. A partir de octubre de 2019, fue escenario de movilizaciones pacíficas, pero también se volvió el lugar de reunión de grupos violentos, que no solamente destruyeron su entorno físico directo, sino que transformaron todo el sector en campo de despliegue para el vandalismo. Aunque han pretendido levantar una épica de supuesta "defensa" del derecho a manifestarse, su acción destructiva ha atacado sin provocación comercios, universidades, iglesias y edificios públicos, así como rayado fachadas, destruido vitrinas e iniciado incendios, cual si siguieran una lógica de ocupación territorial propia de bandas delictuales.
La represión que las fuerzas de orden se vieron en la obligación legal de ejercer ha provocado que numerosos manifestantes fueran heridos. Ello ha dado lugar a denuncias y querellas por violación de sus derechos humanos, muchas de ellas presentadas por el Instituto Nacional de DD.HH., una agencia del Estado de Chile, y a investigaciones realizadas por organismos internacionales, en algunos casos llamados por el propio gobierno. La oposición se plegó con fuerza a esas denuncias, presentando incluso acusaciones constitucionales. Las acciones de violencia de que a su vez ha sido objeto Carabineros, que también han dejado a numerosos policías heridos, no parecen haber impresionado de la misma manera a dirigentes opositores.
Definido a menudo como un conflicto entre manifestantes y policías, se ha tendido a relegar de la preocupación pública a las víctimas cotidianas de lo que allí ha ocurrido, esto es, quienes residen o trabajan en ese sector y sus alrededores. Han visto estos trastocadas sus vidas, amenazada su seguridad personal y la de sus familias o colaboradores, y perdido parte de su patrimonio producto de su destrucción o de la desvalorización provocada por la inseguridad.
Ahora grupos de jóvenes han vuelto a repetir las manifestaciones violentas de hace un año, y nuevamente -como se observó otra vez ayer, día de nuevas vejaciones contra la estatua que rememora a un héroe y servidor público- los habitantes del sector han sido sometidos a los estragos consecuentes. Pueden legítimamente preguntarse por qué, respecto de ellos, está siendo cotidianamente incumplido el deber de protección hacia los ciudadanos que le corresponde al Estado. ¿Por qué la severa restricción de sus propios derechos que han venido sufriendo desde octubre no es parte del debate público, y parece ser vista solo como una suerte de inevitable daño colateral? ¿Cómo y quién los defiende? Y, por cierto, si se redacta una nueva Constitución, ¿garantizará esta con mayor fuerza la protección de los ciudadanos, o solo privilegiará a quienes pretenden que su derecho a manifestación no tenga siquiera el límite de respetar los derechos de los demás?