PDI y fiscales a un año del estallido: condena a la violencia y nuevos cargos por daño al metro
Desde el Ministerio Público reconocieron dificultades para avanzar en indagatorias por repentino aumento de casos. Y analizaron perfil de imputados por saqueos: personas "especializadas en cometer delitos".
Terminaba el encuentro en Santiago con un centenar de representantes de las policías de todo el mundo, asociadas a Interpol, y el director general de la PDI, Héctor Espinosa, recibía los primeros reportes de desórdenes en la Región Metropolitana en protesta por el alza del pasaje del metro. Era la tarde del 18 de octubre de 2019 y comenzaba una serie de manifestaciones.
A un año de los hechos, el detective recuerda: "Lo que vino horas después de ese 18 de octubre fue claramente una 'explosión delictual', para la cual ninguna policía del mundo está preparada. Actos de extrema violencia que lamentablemente no fueron condenados con la suficiente energía por algunos sectores del mundo político y la responsabilidad por restaurar el orden perdido, con toda la crítica hacia el actuar policial, la asumimos íntegramente las policías, y eso no fue justo".
Parte de su análisis incluye un recuento sobre el avance de las causas surgidas a partir de lo ocurrido. "Son investigaciones complejas, pero confío plenamente en los equipos altamente especializados que se han conformado, tanto de oficiales como de peritos", dice.
Espinosa apunta a la coordinación para la comisión de delitos a "través de redes sociales, que logran distintos grupos, muy disímiles entre sí, pero con un objetivo común, como es ir a atacar las estaciones del metro".
Más de 4 mil causas por DD.HH.
La PDI concentra gran parte de las causas por delitos contra los DDHH. Espinosa indica que "seremos los primeros en condenar cualquier acto que se aleje de nuestra doctrina; pero, de igual modo, seré el primero en defender a los integrantes de mi institución cuando sean acusados injustamente".
Según cifras de la Fiscalía Nacional, son 8.827 las personas que denunciaron delitos de violaciones de los derechos humanos. De ellas, están vigentes 4.681 causas relacionadas con violencia institucional, con 75 formalizados por apremios ilegítimos, torturas, homicidio, obstrucción a la investigación, entre otros ilícitos. 25 se encuentran en prisión preventiva y solo un imputado ha sido condenado. La fiscalía ya solicitó audiencia de formalización respecto de otras 22 personas.
Los mismos registros revelan que hay 42 personas formalizadas por ataques al metro: 29 de la jurisdicción metropolitana oriente, cuatro de la Fiscalía Centro Norte, cinco de la zona sur y cuatro de la occidente.
En el delito de saqueo, en tanto son 4.004 los formalizados, mientras que 208 imputados enfrentan cargos por incendio, porte o tenencia de artefactos incendiarios. Con 68 condenas y 678 imputados por desórdenes.
Más imputados
La Fiscalía Metropolitana Sur es la que registra el mayor número de imputados por saqueos (1.255). Sin embargo, uno de sus focos está en las investigaciones por ataques al metro y también por la posible organización detrás de delitos durante el estallido.
Su jefe regional, Héctor Barros, recuerda los dos imputados en prisión preventiva por la quema de la estación La Granja y otros casos por daños como el ocurrido en estación San Joaquín donde existe un imputado.
En ese marco, adelanta que "también tenemos una variedad de otros imputados respecto de los cuales se les va a solicitar audiencia de formalización que dice relación principalmente con menores de edad vinculados a hechos referidos a daños que se ocasionaron en las distintas estaciones del metro como Ciudad del Niño, donde hay ya un número importante de menores de edad que fueron individualizados". Sobre los avances y obstáculos en este tipo de casos, dice que "lo complejo, desde el punto de vista procesal, es que de un día para otro tuvimos una gran cantidad de ingreso de causas al sistema, que lo tensionó".
Y si bien señala que los perfiles de los imputados son "bastante disímiles", agrega que también hay patrones comunes en los daños a distintas estaciones: "Eran personas que vivían en los entornos de las estaciones del metro".
Reproche penal para evitar nuevos delitos
El fiscal José Morales -a cargo de cinco investigaciones por ataques al metro y quien presentó acusación esta semana por el incendio de la estación San Pablo- subrayó la importancia del reproche penal en estos casos.
Dice que "es importante que cualquier persona que pretenda atentar contra el metro sepa que la fiscalía la va a perseguir, que vamos a buscar su responsabilidad todo lo que sea posible, y que si lo ubicamos vamos a pedir penas bastante altas, porque la afectación de una línea de metro es una afectación muy grande y que perjudica no solamente el patrimonio fiscal, sino que además la vida de miles de personas que diariamente ocupan el metro y que además normalmente son las personas de menos recursos".
Agrega que ahora espera dar con los autores del ataque a la estación Cumming: "Es una causa pendiente y esperamos la identificación de esas personas".
Desde Valparaíso, la fiscal regional Claudia Perivancich concluyó que "en nuestra región la magnitud del ataque al metro si bien fue importante, no tiene comparación en volumen y organización con los ataques de la Región Metropolitana, igualmente tenemos varias causas no judicializadas en las que esperamos tener un buen resultado".
La fiscal aborda además el explosivo aumento de las causas que la obligó a reorganizar su trámite: "El ingreso total de este tipo de causas alcanzó los 4.676 casos, que corresponden a 12.185 imputados. De ese total de imputados, se formalizó a 3.773, esto es el 31%. A la fecha se registran 350 condenados por diversos delitos".
Al explicar los obstáculos en las investigaciones, comenta que "hay otro porcentaje de casos donde no hubo detenidos en flagrancia, y a pesar de haber recuperado un buen número de especies sustraídas en saqueos e identificado y formalizado a muchos de estos imputados gracias al trabajo investigativo de la fiscalía, en una buena proporción de estos casos, atendida la masividad de los hechos y la falta de medios de prueba, ha sido difícil dar con los partícipes, por lo tanto hemos desestimado ya muchas de ellas para centrar los recursos en los casos con viabilidad investigativa".
Y confirma patrones comunes entre algunos de los imputados.
"Consideramos, desde el punto de vista de los perfiles, que ocurren muchas situaciones en paralelo. Hay quienes son personas 'especializadas' en cometer delitos contra la propiedad y que ahora actuaban en el marco del caos provocado por otros que transitaban por la ciudad causando desórdenes o daños".
"Por otro lado, también tenemos algunos casos en los que hay un mayor grado de organización, tanto en la selección de los locales, el transporte de los hechores, la apertura de los locales y la sustracción de especies específicas generalmente de alto valor", añade.
''Tenemos una variedad de otros imputados respecto de los cuales se les va a solicitar audiencia de formalización, que dice relación principalmente con menores de edad vinculados a hechos referidos a daños que se ocasionaron en las distintas estaciones del metro como Ciudad del Niño".
HÉCTOR BARROS FISCAL METROPOLITANO SUR
''Hay quienes son personas 'especializadas' en cometer delitos contra la propiedad y que ahora actuaban en el marco del caos provocado por otros que transitaban por la ciudad causando desórdenes o daños".
CLAUDIA PERIVANCICH FISCAL REGIONAL DE VALPARAÍSO
''La responsabilidad por restaurar el orden perdido, con toda la crítica hacia el actuar policial, la asumimos íntegramente las policías, y eso no fue justo".
HÉCTOR ESPINOSA DIRECTOR GENERAL DE LA PDI
''Es importante que cualquier persona que pretenda atentar contra el metro sepa que la fiscalía la va a perseguir (...). Que perjudica no solamente el patrimonio fiscal, sino que además la vida de miles de personas".
JOSÉ MORALES FISCAL JEFE SANTIAGO NORTE