Ante el Supremo litigio por el voto por correo

El Tribunal Supremo acogió ayer una impugnación presentada por el Partido Popular Democrático (PPD) para dejar sin efecto una resolución del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer, que permite que se notifique a los electores que votaron adelantado por correo si no entregaron la fotocopia de su identificación.
El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, pidió al máximo foro judicial que se hiciera cargo de la impugnación.
Todos los jueces del Supremo determinaron atender la impugnación, pero el juez Ángel Colón Pérez disintió respecto a los argumentos de Sánchez, quien sostiene que la impugnación del PPD pretende coartar el derecho al voto de electores que solicitaron voto adelantado por correo.
"Las razones que esboza en su escrito ante esta curia el comisionado electoral del PNP para dejar a un lado lo dispuesto en ley -y sustituirlo por un proceso donde el voto del elector o electora, a todas luces, puede ser manipulado- son altamente cuestionables", dijo el Colón Pérez.
"No queremos pensar que estamos ante una secuela del atropellado proceso primarista que vivió el país en el verano de 2020", agregó el juez, cuyas expresiones fueron secundadas por la jueza asociada Anabelle Rodríguez.
El Tribunal Supremo concedió hasta hoy a las 11:00 a.m. para que las partes expresen su postura respecto a la impugnación.
El Código Electoral dispone que el voto adelantado por correo solo será contado cuando el elector incluya la fotocopia de una identificación válida.
Pero Sánchez propuso -pero no obtuvo el aval de los demás comisionados electorales- que la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) llame a todo elector que no envió esa fotocopia y que se le dé hasta el 24 de noviembre para entregarla.
Arranca el conteo
En vez, Rosado Colomer optó por permitirle al elector entregar su fotocopia tres días luego de ser notificado.
Mientras avanza este litigio, hoy la JAVA debe comenzar a contar los votos ausentes y votos adelantados que ya ha recibido, una acción cuestionada por expertos en materia electoral que entienden que los resultados se filtrarán y pueden influir las elecciones generales.