La Junta regresa a la mesa de negociación

Luego de un intento fallido a mediados de año para conseguir un nuevo acuerdo con los bonistas considerando la realidad que representa el coronavirus, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se propone reanudar las negociaciones con estos accredores.
Si las negociaciones no terminan en un acuerdo entre las partes, el organismo fiscal —a la luz de lo dispuesto en Promesa— podrá radicar en el tribunal un plan de ajuste enmendado para modificar la deuda del gobierno central.
Esos serán los pasos que dará la JSF en las próximas semanas, luego de que ayer se aprobara una resolución a esos efectos.
La resolución fue aprobada por todos los directivos de la JSF, incluyendo el directivo nombrado por el presidente Donald Trump, Justin Peterson, quien dejó establecido que, si bien se opone a la propuesta que se hará a los bonistas, lo más adecuado es que se regrese a la mesa de negociación.
Peterson también indicó que se propone participar directamente en el proceso de negociación con los bonistas. Ello, a fin de asegurar que el proceso de negociación entre la JSF y los principales acreedores de la isla se lleve a cabo de "buena fe". Según Peterson, esa dinámica no ha sucedido, según le habrían expresado las aseguradoras municipales que respaldan o son acreedores de Puerto Rico y con las cuales habría conversado.
En términos muy simples, negociar de "buena fe" es un concepto legal que asume que una negociación se ha regido por la honestidad, la ausencia de malicia o intención de defraudar a la otra parte. Cuando se suscita una controversia, es el tribunal quien determina si ha habido o no "buena fe" en las negociaciones, analizando diversos criterios.
Peterson agregó que el gobernador electo, Pedro Pierluisi, y su equipo también deben ser parte de las negociaciones con los bonistas.
"Un paso positivo"
De inmediato, el voto afirmativo fue descrito como "un paso positivo" por el presidente de la JSF, David Skeel, quien también anunció que participará activamente de las negociaciones con los acreedores.
Pero acto seguido, Skeel pareció indicarle a Peterson que en el proceso de mediación existen "requisitos de confidencialidad" y que la postura de un directivo hacia la negociación no puede dirigir los procesos sino que se trata de decisiones concertadas por todos los integrantes de la JSF.
En conferencia de prensa, el voto afirmativo para regresar a la mesa de negociación fue catalogado como un paso de avance por parte de Peterson.
Sin embargo, cuando El Nuevo Día preguntó a Peterson si respaldaría que la JSF radique un plan de ajuste por su cuenta, si los bonistas no llegan a un acuerdo, el ejecutivo indicó que no trabajaba "en situaciones hipotéticas".
La ley federal Promesa, concede a la JSF, "única discreción" en diversos asuntos, incluyendo la presentación de planes de ajuste en el tribunal, estén de acuerdo o no, los diversos grupos de acreedores.
La reunión pública de la JSF efectuada ayer fue, por mucho, menos tensa que aquella del pasado 30 de octubre, cuando Peterson quebró el quórum con tal de que sus homólogos no dieran paso a la resolución que finalmente quedó aprobada ayer.
La JSF pasa revista de lo hecho
Por momentos, el tono del cónclave se revistió de tensión cuando Peterson, cuestionó repetidamente las decisiones de sus homólogos e insistió en que las proyecciones del organismo en el plan fiscal están erradas.
Peterson, incluso, describió a la JSF "como una empresa de $1,000 millones", haciendo referencia a los gastos incurridos por el organismo.
Sin embargo, Natalie Jarekso, directora ejecutiva de la JSF le salió al paso a Peterson, quien días antes arremetió contra el organismo en una entrevista con El Nuevo Día, refutando sus comentarios.
Jaresko sostuvo que los gastos de la JSF han rondado unos $800 millones, pero aseguró que la mayor parte ha ido al proceso de Título III.
En ese sentido, Jaresko sostuvo que si bien se trata de una partida importante, gracias al tiempo y los recursos dedicados, Puerto Rico ha visto ahorros de alrededor de $23,000 millones en sus obligaciones, incluyendo la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), entre otras transacciones.
La ejecutiva agregó que la JSF logró frenar la práctica de sobreestimación de recaudos por parte del gobierno y que si al presente el erario muestra una mejora en los recaudos, ello responde a que las proyecciones se revisaron por la pandemia del coronavirus. En realidad, agregó Jaresko, sin esa modificación, Puerto Rico se habría quedado corto en sus recaudos por unos $1,000 millones.
La oferta en la mesa
Partiendo de lo divulgado por la JSF, el organismo fiscal regresaría a la mesa de negociación con el objetivo de conseguir una reducción adicional en el principal que se adeuda a los bonistas, pero también pagaría más dinero en efectivo —unos $6,000 millones— que la propuesta presentada en febrero pasado.
De igual forma, y por primera vez, la JSF propondrá a los bonistas un instrumento de valor contingente (CVI, en inglés) que estará sujeto al desempeño económico de la isla. Dicho pago, se ofrecerá en la forma de un bono de obligación general mientras se eliminaría la emisión de bonos subordinados de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), lo que antes era un mecanismo para pagar a los bonistas.
A principios de mes, la jueza Laura Taylor Swain decidió que la JSF debe reanudar las negociaciones con los acreedores y presentar un plan o un informe acerca de ese proceso en o antes de febrero de 2021.
En suspenso el retiro temprano
De otra parte, y en una movida de último minuto, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, escribió ayer a Jaresko para establecer que el gobierno no continuará adelante con la implementación de las Leyes 80, 81 y 82 de este año, estatutos que habrían facilitado el retiro temprano de miles de empleados públicos.
Marrero explicó que el gobierno cambió de postura a fin de que pueda llegarse a un entendido entre las partes.
Ayer, Jaresko se proponía solicitar autorización a los directivos del organismo para tomar acciones adicionales con las Leyes 80, 81 y 82. Ello, ante la insistencia del gobierno de continuar adelante con los estatutos a pesar de que, según la JSF, no se cumplió con los requisitos de certificación de las leyes con el plan fiscal.
Ante la movida de Marrero, se acordó que las partes continuarán en conversaciones para intentar llegar a un acuerdo sobre las leyes que podrían resultar en el retiro de unos 17,000 empleados públicos.