La Nación, Costa Rica
21 de noviembre de 2020
Los magistrados de la Sala III autorizaron al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial a revisar el celular y la computadora decomisada al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, por el caso relacionado a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Los magistrados de la Sala III autorizaron al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial a revisar el celular y la computadora decomisada al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, por el caso relacionado a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Los aparatos fueron confiscados el 28 de febrero durante un allanamiento en Casa Presidencial por la supuesta creación de una oficina para acceder a datos confidenciales de la población con el argumento de orientar las políticas públicas.
El aval de los jueves para inspeccionar el celular y la computadora del mandatario fue dado a conocer por Ameliarueda.com este sábado.
La noticia fue confirmada a La Nación por la oficina de prensa del Poder Judicial.
La decisión de los altos jueces consta en la resolución 2020-01519, de las 3:50 p.m. del 20 de noviembre.
La UPAD fue creada vía decreto ejecutivo, pero al conocerse su existencia, en febrero anterior, el Gobierno enfrentó un escándalo al punto que Alvarado tuvo que derogar el decreto el 21 de febrero.
"Ahora lo que procede es que el Juzgado Penal de Hacienda señale una fecha y hora para la apertura de la evidencia, eso quiere decir que los sobres sellados que contienen la evidencia se van a abrir en presencia de todas las partes y, posteriormente, la Policía judicial podrá hacer una copia de la información obtenida a partir de ciertos parámetros de búsqueda que van a ser brindados por el Ministerio Público y por las partes.
"Esos parámetros de búsqueda tienen que estar ligados con los hechos investigados y la Sala III insiste en que la información que se puede buscar y obtener es la que está estrictamente relacionada con la UPAD", dijo Rodolfo Brenes, abogado de Alvarado.
"Para nosotros es importante que la investigación avance, estamos seguros que se va a establecer que no existe ningún delito, pero eso sí, que avance en un canal de debido proceso, que se investigue lo relacionado con UPAD, pero que se preserve la privacidad del resto de información que maneja un presidente de la República, que es muy sensible y es algo que la Sala reconoce que se debe proteger", agregó el jurista.
Por este caso también es investigado el exministro de la presidencia, Víctor Morales Mora y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto Castro.
También son parte de la lista la exjefa de despacho del mandatario, Felly Salas Hernández, el exasesor legal Luis Salazar Muñoz y los asesores presidenciales Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Daniel Fernández Montero.
El Ministerio Público desarrolla esta pesquisa bajo el expediente 20-005433-0042-PE.
