Retrasado el plan de cambio climático

Por falta de presupuesto, la elaboración del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico continúa postergándose, lo que aumenta la vulnerabilidad e indefensión de la isla frente a esta amenaza, cuyos efectos locales son más que evidentes.
Solo este año, se establecieron récords de lluvia en enero y febrero, pero luego, en junio, se racionó el servicio de agua por las condiciones de sequía severa en varios municipios. En junio, también, se reportó un evento histórico de polvo del desierto del Sahara sobre el país.
La erosión costera se agravó debido al alza en el nivel del mar, que responde, a su vez, al derretimiento de los polos porque el planeta sigue calentándose. Ese calentamiento es irrebatible en los océanos, y ejemplo de ello son los 30 sistemas tropicales -otra cifra récord- que se han formado durante esta temporada de huracanes en el Atlántico, que oficialmente culmina este lunes. Agua caliente es el combustible que los ciclones necesitan para desarrollarse e intensificarse.
Pese a estas y otras manifestaciones, al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático no se le asignó ni un centavo para la creación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia, un documento con el que "se busca fortalecer la salud pública y ambiental en el presente y en el futuro, a la vez que se hace un desarrollo económico sostenible".
Así quedó establecido en la Ley 33-2019, que entró en vigor el 1 de julio de ese año y que, en teoría, creó la política pública del gobierno de Puerto Rico con relación al cambio climático y los procesos de mitigación, adaptación y resiliencia por sectores. El estatuto mandata, por ejemplo, a que se haga un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero (que contribuyen al calentamiento global).
Para ello, se necesitan fondos y, según la ley, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) "deberá asignar anualmente" las partidas necesarias para el funcionamiento del Comité de Expertos y Asesores a partir del año fiscal 2019-2020.
En entrevista con El Nuevo Día, los miembros del Comité de Expertos y Asesores confirmaron que no tienen dinero y que requieren, al menos, $1.2 millones para cumplir a cabalidad sus funciones.
El Comité de Expertos y Asesores tiene nueve miembros, de los cuales tres son "ex officio": el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock; el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, quien lo preside; y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy.
El resto de los miembros son investigadores, que fueron nombrados por la gobernadora Wanda Vázquez Garced y confirmados por el Senado y la Cámara de Representantes: Rafael Méndez Tejeda (climatólogo), Maritza Barreto (geóloga y oceanógrafa), Pablo Méndez Lázaro (científico ambiental), Carl Soderberg (ingeniero), Ada Monzón (meteoróloga) y Roy Torbert (especialista en energía renovable). Ninguno cobra por su trabajo.
"Fuimos confirmados en noviembre de 2019, casi seis meses después de que entrara en vigor la ley. Más tarde, inclusive, tuvimos que escribir una carta porque (del DRNA) ni siquiera nos estaban convocando a una reunión y estábamos pidiendo que lo hicieran para poder empezar a trabajar", contó Soderberg.
"Perdimos ocho meses porque no fue hasta febrero que pudimos reunirnos y empezar a ejecutar. Desde entonces, nos hemos estado reuniendo y haciendo cosas, pero el problema es que no tenemos presupuesto", añadió Méndez Tejeda.
Los miembros del Comité de Expertos y Asesores apuntaron a la exsecretaria del DRNA Tania Vázquez, quien renunció en octubre de 2019 en medio de un escándalo de corrupción, como la responsable por la falta de presupuesto. A un mes de la dimisión, se reunieron con la directora ejecutiva de la OGP, Iris Santos, quien les confirmó que Vázquez no hizo la petición de fondos para el grupo.
"En esa reunión, nos enteramos de que Tania (Vázquez) ni siquiera había reconocido la composición del Comité, pese a que ya habíamos sido confirmados. OGP ni se había enterado de que, en la estructura organizacional de Recursos Naturales, estaba el Comité. Empezamos dando tumbos. Por ley, ya estábamos confirmados, pero institucionalmente andábamos como fantasmas", dijo Méndez Lázaro.
"Nos dijeron que llegamos tarde (a pedir el presupuesto) y, por lo tanto, había que buscar alternativas de financiamiento", declaró Soderberg.
Los miembros del Comité de Expertos y Asesores se reunieron con la gobernadora, quien tampoco logró darles presupuesto, y están a la espera de un cónclave con la Junta de Supervisión Fiscal.
Cuestionado al respecto, Machargo aseguró que "estamos trabajando en la petición (de fondos) del nuevo año fiscal para incluir el presupuesto del Comité".
"Se nos ha dado la oportunidad de identificar fondos no comprometidos en el Departamento, pero tengo que reprogramarlos y eso ha dificultado su asignación. El presupuesto ha sido un escollo", afirmó, al señalar que "se está gestionado" que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) financie el estudio de emisiones de gases de efecto invernadero.
Agregó que se identificó un espacio en el edificio del DRNA, en Río Piedras, para que el Comité de Expertos y Asesores habilite su oficina, así como personal administrativo y secretarial de la agencia "que se puede poner a disposición" del grupo. Ambas cosas ayudarían a reducir gastos.
"Si no se da el presupuesto, todo esto es letra muerta. El Plan puede ser increíble, nunca ha habido nada así, pero si no nos dan el presupuesto, no podremos hacerlo. Si no podemos defendernos de las inundaciones y las tormentas, ¿cuánto nos costará eso? Seguramente, mucho más de lo que cuesta el Plan. Esto debe ser prioritario, y la urgencia del Comité es conseguir el dinero", expresó, por su parte, el doctor Iván Baigés, en representación del presidente de la UPR.
Prepararán bosquejo
Pese a las limitaciones económicas, el Comité de Expertos y Asesores preparó el bosquejo del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, un documento que Barreto describió como una "hoja de ruta".
Explicó que el bosquejo tiene nueve capítulos e "inserta todos los mandatos" de la Ley 33-2019. Resaltó que fue discutido y aprobado unánimemente.
"El próximo paso es presentárselo a todos los interesados: comunidades, gobierno, municipios, grupos privados y toda aquella persona que pueda estar relacionada con el Plan. Queremos que sea un documento producto del consenso y que haya verdadera participación ciudadana", manifestó Barreto.
En esa línea, Méndez Lázaro dijo que el presupuesto de $1.2 millones no solo cubriría los estudios técnicos, económicos y científicos que nutrirían el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia, sino también presentarlo en vistas públicas "en los cuatro puntos de la isla".
"La ley exige estudios, pero también que se hagan vistas públicas y se reparta el Plan. Eso conlleva comunicación, redactar informes, reclutar personal, imprimir documentos y muchas otras cosas necesarias para cumplir de manera exitosa con lo que se nos pidió", indicó.
Sobre el contenido del bosquejo, Barreto explicó, a grandes rasgos, que los capítulos 3, 4, 5 y 6 "son los más importantes porque darán el norte para la ejecución de la política pública". Se abordan, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero en Puerto Rico y los impactos del cambio climático en sectores como energía, infraestructura, transporte, desperdicios, salud, agricultura y ganadería, agua, sistemas marinos y zonas costeras, forestación, turismo y educación.
"Hablamos, también, de incluir el tema de justicia social. Será un plan detallado, no con lo que sabemos de hace cinco o 10 años, sino con información precisa y reciente. Estamos evaluando informes ya hechos y vamos a identificar qué falta para completarlo", dijo Barreto.
El bosquejo incluye, además, cursos de acción para la mitigación o remediación de fuentes humanas que contribuyen al cambio climático, así como para la adaptación y resiliencia.
"Queremos que los escenarios de intervención sean bien puntuales y específicos: qué vamos a hacer, incluyendo qué pasaría si no hacemos nada. Finalmente, incluiremos un análisis del costo-beneficio de esos escenarios, incluyendo el costo de no hacer nada, para lo cual necesitamos hacer estudios, y de ahí haremos nuestras recomendaciones de intervención y el proceso de implantación", ilustró.
Monzón indicó, entretanto, que "uno de los valores más importantes del Plan" es que permitirá fijar prioridades y definir qué proyectos merecen mayor atención, en el contexto de los fondos federales de recuperación que recibirá la isla tras las emergencias de los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia de COVID-19. "Realmente, no será un plan para que esté engavetado, sino para ejecutarlo y llevarlo a cabo con urgencia", dijo.
Los demás miembros coincidieron en ese sentido de urgencia, e hicieron un llamado -principalmente al gobierno entrante- a que la crisis climática se reconozca tanto como la de la pandemia, pues amenaza igualmente la calidad de vida y existencia misma del ser humano.
ENMIENDAN LA LEY
Debido a la falta de presupuesto, el Comité de Expertos y Asesores impulsó una enmienda a la Ley 33-2019, que le da más tiempo para hacer el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico. La gobernadora firmó la enmienda el 8 de noviembre.
Se supone que el documento sea estudiado, evaluado y aprobado por la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, que lo presentará simultáneamente al Senado y la Cámara de Representantes.
Tras la enmienda, la Comisión Conjunta tendrá hasta el 31 de octubre de 2021 para dicha presentación. El plazo original era el pasado 30 de junio.
Igualmente, con la enmienda, los miembros del Comité de Expertos y Asesores ahora están protegidos por las disposiciones de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado (Ley 104-1955).
El grupo intentó -sin éxito- que se estableciera que la presidencia del Comité de Expertos y Asesores no recaerá sobre el secretario del DRNA, sino sobre alguno de los miembros nombrados por el gobernador de turno, ya que sus términos trascienden los ciclos electorales.
"Tener la presidencia en un miembro ‘ex officio’ crea un problema porque, por ejemplo, este cuatrienio hubo cuatro secretarios de Recursos Naturales y eso nos retrasó. Si ahora, en enero, entra otro secretario es posible que sea una persona que no tenga los conocimientos para darle seguimiento al Comité. Para que haya estabilidad, es mejor que la presidencia la tenga uno de los seis investigadores", puntualizó Méndez Tejeda.