Reclama avances con la consolidación

La Junta de Servicio Público (JSP) desistió de vender su antigua sede, en Santurce, luego de no poder llegar a un entendido con la Rama Judicial que habría facilitado el traslado de todos los empleados al edificio World Plaza, en Hato Rey, indicó ayer el presidente de esa agencia y, a su vez, presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Vélez.
Vélez también indicó que el NEPR necesita poco más de $1 millón para dotar a esa dependencia con personal de carrera, pues todos los empleados que allí laboran han sido empleados de confianza desde la creación del organismo.
Mientras, hace apenas una semana, la JSP logró suscribir un acuerdo con la Compañía de Turismo para que esa agencia transfiera, en definitiva, el presupuesto correspondiente a la nómina de unos 20 empleados públicos a cargo de regular el segmento de vehículos turísticos.
Ello, a pesar de que según el presidente del Negociado de Transporte, Luis García Fraga, los empleados que antes laboraban en Turismo han estado en destaque en el Negociado por espacio de tres años, lo que ha supuesto un impacto de unos $700,000 anuales a la dependencia.
Tales desarrollos surgieron ayer en la continuación del proceso de transición gubernamental, en el cual Vélez aseguró que la creación de la JSP resultará en ahorros al fisco de, al menos, $250,000 al año mientras se ha mantenido la independencia de criterio y operacional de sus componentes.
La JSP se creó luego de la consolidación de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Energía y la Comisión de Servicio Público.
Según Vélez, la JSP planeaba mudarse en su totalidad al edificio que antes albergó las sedes metropolitanas de los desaparecidos Banco de Ponce y Westernbank, pero el edificio fue transferido a la Oficina de Administración de los Tribunales, y el nuevo canon de arrendamiento sería mayor de lo previsto, obligando a la JSP a mantener parte de sus operaciones en Santurce.
Listo para fiscalizar a LUMA
Vélez indicó que ello no afectará el funcionamiento de la JSP, al tiempo que aseguró que el NEPR está preparado para fiscalizar el contrato de LUMA Energy.
Al abundar acerca del rol que tendrá el operador privado de la red eléctrica, Vélez indicó que a la fecha no ha recibido ningún pedido para ajustar las tarifas y que el Negociado estará listo para fiscalizar a la empresa y asegurar que se implemente el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aprobado el verano pasado. Aseveró, también, que los planes para la reconstrucción del sistema eléctrico que se financiarán con fondos federales tendrán que ser aprobados por el NEPR.
Mientras, la presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres, aseveró que la fusión entre Liberty y AT&T se llevó a cabo requiriendo la transferencia de clientes comerciales a WorldNet, para evitar temas de concentración de mercado y que no ha habido querellas de los consumidores afectados por la transacción.
Torres también aseguró que, luego del huracán María, la infraestructura de telecomunicaciones de Puerto Rico es más robusta y que, al presente, se invertirán unos $760 millones para implementar la tecnología 5G en la isla.
Piden informe de reclamaciones
De otra parte, el Comité de Transición Entrante pidió a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) un detalle de las reclamaciones de seguros del gobierno por el huracán María todavía pendientes de pago. Esto, luego de que el comisionado Rafael Cestero Lopategui señalara que la oficina trabaja en lograr alguna certificación que permita a agencias de gobierno y municipios cumplir con los requisitos de asegurabilidad que requiere la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) para recibir ayudas en caso de un nuevo desastre.