Piden atender a población en riesgo de de crisis alimentaria

Karen Funes
684,000 personas en El Salvador se encuentran en riesgo de crisis alimentaria, según concluye un análisis elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Programa del Sistemas de Información para la Resilencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA.
La FAO considera que se debe de priorizar la atención de esta población para que no se llegue a una emergencia. Entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 se proyectan casi 76,000 personas en estado de crisis solo en el departamento de Ahuachapán "que de permanecer así por más tiempo pueden llegar a ser una emergencia. Esas personas deben tener prioridad de atención", explica Jerry Argüello, coordinador regional de la CIF (Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases) de la FAO en El Salvador.
En estado de alerta le siguen San Salvador y La Libertad. Para marzo a mayo de 2021 se sitúan en posible crisis los departamentos de Ahuachapán, San Miguel y La Unión, que también encabezan la lista de la siguiente etapa, entre junio y agosto de este año. Entre enero y febrero hay un período de crecimiento, entrada de remesas, pero a partir de marzo todo cambia. "En Ahuachapán que depende mucho del café comienza a decaer la oferta de empleo, hablamos de 83,000 personas en problemas", agregó Argüello.
Los meses de junio, julio y agosto se consideran como el período más crítico porque hay un incremento de precios, disminución de empleos, lo que se conoce como "hambre estacional". Para estas fechas se proyecta que 932,778 personas estén en crisis alimentaria y 110,883 en fase de emergencia en todo el país.
De acuerdo con Argüello tres serían los factores clave que influirían en una crisis alimentaria: el covid-19; el desempleo (79,000 empleos se perdieron en El Salvador en el 2020), lo que afecta la compra de alimentos no solo en cantidad sino calidad; y el impacto de los eventos climáticos Amanda y Cristóbal, que se tradujo en déficit de producción. Empero, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) espera una cosecha récord de más de 25 millones de quintales de granos básicos.
La CIF es un protocolos usado para clasificar la inseguridad alimentaria aguda. Se presenta con cinco fases y han determinado tres etapas para definir las zonas con mayor riesgo. Argüello añadió que fueron alrededor de 15 instituciones entre globales y de gobierno aportaron en la elaboración de este sondeo técnico que busca prevenir la crisis alimentaria.
"Lo que buscamos es un consenso técnico de cómo está la situación de inseguridad alimentaria aguda. Las principales fuentes fueron FAO-DIGESTYC y mucha información se obtuvo vía teléfono", explicó el coordinador de la CIF. Todas estas son situaciones proyectadas, supuestos que ayudan a encaminar la toma de decisiones, explica el experto. "Este panorama puede cambiar si hay medidas de contingencia, acciones específicas y apoyo previo a estas familias. No le decimos a los gobiernos qué hacer, es un análisis de situación y la idea es tener claro quiénes están más en riesgo, para que sean prioridad y no se vaya deteriorado su estado nutricional", añadió.
El documento prioriza en identificar municipios donde son requeridas estrategias de emergencia que protejan la vida y reduzcan la brecha entre las personas que se encuentran en crisis y las que están en emergencia y también que permitan una mayor resiliencia de las familias ante los cambios.
"Todo este panorama puede cambiar si hay medidas de contingencia, acciones específicas y apoyo previo a estas familias".