No llegar tarde

Los aumentos de contagios en Chile y el mundo han impedido que las actividades económicas se puedan reiniciar con fuerza. Aunque con cifras mejores que en la primera etapa de la pandemia, el bajo dinamismo también será una característica de los primeros meses de 2021. Y aunque este año la economía podría crecer un 5 por ciento, el nivel de producción será aun inferior al de 2019 y la recuperación del empleo será muy gradual. Así, si bien la tasa de desempleo ha estado cayendo, los niveles de ocupación son inferiores en 1,1 millones de personas a los existentes hace un año. Esta situación ha llevado a algunas voces a plantear la necesidad de mantener y reforzar los sistemas de protección creados a propósito de la pandemia. Es una propuesta que debe evaluarse con cuidado.
Desde luego, el propio Gobierno, a través del ministro de Hacienda, ha reconocido que las primeras ayudas, al inicio de la crisis sanitaria, demoraron en llegar. Al respecto, es interesante notar un cambio de actitud. Así, por ejemplo, hace unos días, el Presidente Piñera anunció nuevos beneficios para los hogares más vulnerables, dependiendo de la etapa del plan "Paso a paso" en que se encuentren sus respectivas comunas. Hay buenas razones para considerar ese criterio en la distribución de beneficios, pero no debería ser la única variable. En las circunstancias que está viviendo el país, estrategias muy focalizadas pueden ser insuficientes para enfrentar el impacto de la pandemia sobre la actividad productiva: sus interacciones son complejas y los efectos sobre las familias trascienden la realidad de una comuna en particular.
Es indudable que tampoco corresponde promover programas universales, que son de alto costo y que suelen llegar en una proporción demasiado alta a hogares que no requieren de esa protección. Sin embargo, el Gobierno no puede dejar de reconocer que una dificultad, adicional a la tardanza inicial en las ayudas, ha sido la insuficiente calibración de la cobertura de la protección, la que se relaciona también con su extensión temporal. En este sentido, si bien es razonable intentar cambiar el foco al empleo, este puede depender poco -sobre todo en ciertas áreas específicas- de los esfuerzos de búsqueda que hagan las personas, más todavía cuando el aumento de los contagios está obligando a nuevas restricciones. El Gobierno no debería arriesgarse a llegar otra vez tarde en el diseño de su política de protección de ingresos en esta etapa. Los efectos negativos de ello han sido evidentes, no solo en el bienestar de las familias, sino en la calidad de la política pública, al dar pie a propuestas de discutible sustento técnico y complejas consecuencias, como los retiros previsionales.
Por cierto, el Presupuesto Nacional tiene espacios disponibles para mantener beneficios a los hogares si la situación así lo amerita. En particular, hay una asignación importante de recursos a proyectos de inversión pública que, en presencia de restricciones sanitarias, difícilmente se podrían ocupar en su totalidad; eventualmente, estos dineros podrían ser redirigidos. Por lo mismo, no se advierte la necesidad de expandir para estos fines el marco fiscal acordado de manera transversal en junio de 2020, como han propuesto algunas voces en el último tiempo. Entre las economías emergentes, Chile fue destacado como el país que realizó el mayor esfuerzo fiscal el año pasado para paliar los efectos de la pandemia. Ese esfuerzo, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, se podrá mantener en 2021 precisamente por la seriedad con la que ha gestionado sus cuentas fiscales en el pasado. Esa aproximación se ha mantenido durante este período y hacia futuro debe reforzarse. Revisar el marco fiscal acordado o reevaluar apresuradamente los criterios con que se elaboró el Presupuesto resulta inapropiado para la credibilidad fiscal que el país ha logrado construir y que le ha permitido enfrentar mejor que otras naciones emergentes las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.