Insiste en trato desigual para la isla

El gobierno federal recrudeció su defensa en los casos del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), al afirmar que puede negar esos beneficios en los territorios -como Puerto Rico- que no "entraron" a Estados Unidos "voluntariamente" mediante una "negociación".
En una alusión que se remonta al pasado militar de finales del siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos expuso este argumento al apelar una decisión del tribunal federal de Guam. En su argumento, el gobierno federal defendió su poder para aprobar el SSI a los residentes en las Islas Marianas del Norte y excluir a los de otros territorios.
"A diferencia de cualquier otro territorio, CNMI (Islas Marianas del Norte) entraron a los Estados Unidos voluntariamente y en términos negociados y establecidos en el convenio mediante el cual CNMI aseguró la extensión del programa del SSI para sus residentes", indicó en el recurso.
Guam y Puerto Rico fueron algunos de los territorios que pasaron a Estados Unidos después de la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense de 1898.
En cambio, las Islas Marianas del Norte quedaron bajo la jurisdicción de Alemania, que las perdió en la Primera Guerra Mundial. Japón las ocupó casi 20 años, hasta que Estados Unidos las invadió en la Segunda Guerra Mundial. Al cabo de ese conflicto bélico, quedaron bajo un fideicomiso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la década de 1970, después de una negociación de 21 meses, los residentes en las Islas Marianas del Norte votaron permanecer bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
La controversia en Guam
En diciembre de 2018, una residente en Guam con diversas condiciones de salud demandó al gobierno federal por impedirle el acceso al SSI.
El tribunal federal de Guam falló a su favor, y declaró inconstitucional la exclusión por incumplir la cláusula de igual protección de las leyes. Al hacerlo, citó una decisión similar en Puerto Rico, en el caso de José Luis Vaello Madero, que está a la espera de si será revisado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Algunos argumentos del gobierno federal planteados en Puerto Rico y en otras instancias también fueron rechazados por el tribunal de Guam, en cuanto al impacto fiscal que tendría, en Estados Unidos, extender el SSI a un territorio donde la mayoría de los residentes no pagan impuestos federales.
El tribunal de Guam recordó que, en las Islas Marianas del Norte, los residentes tampoco pagan impuestos federales. También destacó que la economía de ese territorio no se ha afectado por la disponibilidad del SSI, como ha alegado el gobierno federal que sucedería en Puerto Rico y Guam.
Entonces, el otro argumento repetido por el gobierno federal ha sido su poder discrecional de negar el beneficio bajo una base racional. Ha insistido en que la Cláusula Territorial le permite al Congreso tratar diferente a los territorios.
Un acto de "crueldad jurídica"
Después que dos tribunales de distrito y el Primer Circuito de Apelaciones de Boston rechazaran que haya base racional al negar el SSI cuando un territorio ya tiene acceso al programa, el 28 de diciembre, el gobierno federal levantó el argumento del ingreso "voluntario" de las Islas Marianas del Norte, en contraste con los demás territorios.
"Es irónico o crudo porque (en el gobierno federal) sostuvieron por décadas que la territorialidad, es decir el ELA (Estado Libre Asociado), era por decisión ‘nuestra’ a través del ‘consentimiento mutuo’. (El caso de) Sánchez Valle y (el de la ley) PROMESA han puesto de manifiesto que era un engaño", manifestó Carlos Ramos, catedrático de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Agregó que, "por lo tanto, decir que Las Marianas voluntariamente negociaron unos beneficios, pero Puerto Rico no pudo, raya en la crueldad jurídica".
"¿Ahora resulta que la falta de ‘voluntariedad’ de 1952 fue solo nuestra responsabilidad?", cuestionó Ramos.
Por su parte, el profesor de derecho de la Universidad de Puerto Rico Carlos Díaz Olivo calificó el argumento del gobierno federal como "irracional" debido a que los otros territorios no han tenido la opción de entrar en una negociación similar "voluntariamente".
"En el caso de Sánchez Valle, se descartó que existiera el pacto que se hablaba que hubo en 1952 y que la relación seguía prácticamente inalterada en Puerto Rico desde que invadieron (en 1898). Entonces, es curioso que digan que aquellos ‘voluntariamente’ lo lograron, pero es que ‘voluntariamente’ a los demás territorios no nos han permitido negociar nada", sostuvo Díaz Olivo.
"Eso demuestra, más que nada, la irracionalidad de la distinción (con las Islas Marianas del Norte)", añadió. "Ellos dicen que la distinción descansa en una base racional. La distinción es irracional porque esa posibilidad no ha existido".
Asimismo, Díaz Olivo indicó que la base racional expuesta por el gobierno federal, basado en que la extensión del SSI afectaría la economía de Puerto Rico, "no toma en cuenta que la realidad económica está sujeta a un proceso de quiebra que está controlado federalmente".
"Si la gente en Puerto Rico no puede recibir esas ayudas del gobierno federal, corresponde atender esas necesidades al territorio, pero el territorio está quebrado. ¿Cómo va a hacer eso? La ayuda no es para el gobierno de Puerto Rico, es al ciudadano. A quién le está estableciendo la irracionalidad es al ciudadano, no al Estado", afirmó.
El argumento del gobierno federal se ha mantenido a lo largo de la administración del presidente Donald Trump, quien sale de su cargo mañana.
Durante la campaña, el presidente entrante Joe Biden publicó el plan para la "renovación y respeto por Puerto Rico", en el que indica que "proveerá beneficios de seguridad de ingresos suplementarios".
Tras indicar que la actual administración ha apelado el fallo de Vaello Madero concerniente a la isla, el programa de gobierno dispuso que "Biden asegurará que los residentes de Puerto Rico tengan acceso a estos beneficios".