Gobierno reconoce la encrucijada

La secretaria de la Gobernación, Noelia García, reconoció ayer que algunos empleados públicos podrían tener que abandonar sus puestos por razones personales y particulares que les impidan regresar a trabajar presencialmente y cumplir funciones específicas en medio de la pandemia del COVID-19.
Ahora bien, enfatizó que "no estamos en ese momento todavía", sino que en los próximos meses el gobierno comenzará un proceso de diálogo, evaluación y negociación con funcionarios para identificar sus necesidades y posibles alternativas para que retornen a sus oficinas.
"Tenemos que ser empáticos. Pero tenemos que ser bien celosos con el gasto de fondos públicos. Para las personas que ya no pueden trabajar, (sepan que) hay otras formas y maneras en que pueden buscar incentivos y beneficios. El problema ya no es su empleo. El problema es que no puede trabajar", sostuvo García en entrevista con El Nuevo Día desde su oficina en La Fortaleza.
La secretaria de la Gobernación respondió así cuando se le preguntó por aquellos casos en que, ante un regreso inminente, algún funcionario argumente que el gobierno le impone trabajar presencialmente, pese a que es el único proveedor en su hogar, no cuente con licencias disponibles y es el único recurso para cuidar de un familiar.
"Quizás, es que la persona ya no puede trabajar y tenga sencillamente que buscar desempleo. Lo que pasa es que desempleo es un beneficio que te dan cuando estás buscando empleo. El gobierno no le puede resolver el problema a una persona que ya no puede trabajar", argumentó García.
La funcionaria reconoció que el llamado que hace el gobierno para que miles de empleados públicos retomen sus labores de manera presencial puede desencadenar o agudizar algunos problemas sociales.
Al plantearle ese escenario y preguntarle si el gobierno pudiese satisfacer la exigencia o el reclamo de ayudas, García respondió: "Yo no lo sé".
"Hay beneficios. Obviamente, yo me imagino que, en este momento, están exhaustos, extintos", afirmó.
"Pero el lugar para solucionar no es el lugar de empleo. Le toca al empleado reconocer si ya ciertamente no está apto para trabajar porque ese es el caso verdaderamente más crítico con el que nos vamos a enfrentar", agregó.
No obstante, recalcó que el llamado del gobierno "es un proceso, y no vamos a utilizar absolutos en este momento para todo".
La situación de cada empleado público dependerá de qué mecanismos -de los provistos por el gobierno- tenga a su alcance, enfatizó García.
De inmediato, la solución que tendrá cada empleado público descansa en las licencias que tenga disponibles, la necesidad de la agencia del gobierno, la cantidad de empleados que regresen a laborar presencialmente y su entorno personal y familiar.
Explicó que, como remedio, están descartados los traslados de empleados a otras agencias porque, pese a que existe la Ley del Empleador Único, que los permite, se trata de "un proceso riguroso que toma tiempo" y no es viable en momentos en que el gobierno trata de agilizar sus servicios en medio de la pandemia.
"Hay tres escenarios. Hay personas que sencillamente no pueden regresar al trabajo por sus hijos o por un familiar o por una condición médica, porque se siente que está en riesgo. La condición en ningún sitio del universo, para trabajar, es la vacunación", sentenció.
"El CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) ha establecido que tú puedes trabajar con distanciamiento, con estrategias de higienización", abundó.
Igualmente, precisó que si hay un empleado público con condiciones de salud "de alto riesgo" debe proveer la certificación médica que así lo especifique.
"Si tu médico me lo certifica y me dice que es un riesgo inminente y que tiene unas condiciones particulares, que verdaderamente no debería (regresar al trabajo), puede usar la licencia de enfermedad", puntualizó García.
atención a casos particulares
García dijo que cada jefe de agencia debe ser lo suficientemente "creativo" para que, a base de sus necesidades y con empatía, atender las circunstancias particulares de cada empleado gubernamental.
"Quien quiera que dijo que sí (para ser jefe de agencia), tiene responsabilidad de finanzas, de recursos humanos y de ejecución. Yo doy la visión macro, y la visión macro, en este momento, es verificar cómo estás, qué tienes que ejecutar y reactivar. Esa es la visión macro", dijo la jefa del gabinete del gobernador Pedro Pierluisi.
A modo de ejemplo, García dijo que aquellas personas que tienen a su cargo menores de edad sin clases presenciales y no tienen con quién dejarlos -un escenario real para miles de madres jefas de familia- pudiesen llegar a acuerdos producto del diálogo con la división de Recursos Humanos de cada agencia.
"‘Cuéntame, qué tú puedes hacer. Yo necesito tu ayuda. Qué tú puedes hacer. Let’s meet in the middle’ (vamos a hallar un punto medio) Porque no es justo que yo pague y tú no… Vámonos presencial dos días, y vámonos remoto tres (días). Claro que sí, te ayudo... Mientras más empleados presenciales entren, más capacidad tenemos para darle trabajo remoto a quien verdaderamente lo necesita. Todos esos procesos se activan", sostuvo García.
Insistió en que, con el llamado que hizo el lunes para que los empleados públicos regresen a laborar en sus respectivas oficinas, debe comenzar un proceso en las agencias para saber dónde está su empleado, de qué forma pueden trabajar y un diálogo del tipo de acuerdo al que pueden llegar con Recursos Humanos. La pauta a seguir la establece cada jefe de agencia "porque cada agencia tiene un servicio particular", recalcó.
El lunes, cada jefe de agencia debe entregarle a García un informe con el desglose de empleados, dónde están y la necesidad de la agencia. Tras la entrega de ese plan, dijo la funcionaria, continuará monitoreando la situación. "Aquí, la intención no es obligar a los empleados a que tienen que estar presencial (en las agencias) porque eso no es lo justo", enfatizó.
Agregó que otro ejemplo es el empleado de gobierno que está convencido y llega a niveles de "ansiedad" de que no debe exponerse y acudir a su oficina porque teme contagiarse con el virus. "Por el nivel de ansiedad de contagio, esa persona no sale de su casa. Limpia todo y llama a su patrón (para decirle): ‘Yo no puedo, no voy a poder. Eso es una locura’. Pues, sabes qué, búscame un certificado médico, y que tu médico me lo diga", sostuvo.
Si el trabajador no consigue ese certificado médico, abundó, puede optar por acogerse a su licencia por enfermedad, vacaciones y, por último, a una licencia sin sueldo. "En el momento que se te acaban tus días por enfermedad, que los puedes utilizar para prevención y por ansiedad, claro que sí... Si se te acaban, yo no te puedo pagar porque yo te estoy ofreciendo un lugar seguro, y yo estoy cumpliendo con las guías de seguridad", sostuvo.
El Nuevo Día le planteó a García la posibilidad de que haya empleados que, por alguna razón, no puedan llegar a un acuerdo con la agencia y se les tendría que decir que no se les pagará su salario, al no presentar evidencia para acogerse a una de las licencias provistas.
"Puede pasar, y cada jefe de agencia tiene que tomar esos casos con el asesoramiento de un abogado laboral justo y prudente. Que entendamos todos que, en este momento, seguimos en una pandemia. Hay áreas grises que podemos darle el espacio al empleado. Vamos a empezar con los que quieren (trabajar presencialmente), con los que no tienen ‘issues’ (problemas)", respondió.
"El mensaje debe de ser uniforme: si no tiene ninguna condición médica, si no tiene ninguna razón por la cual no te puedas presentar a tu trabajo, preséntate", puntualizó.
reaccionan los sindicatos
El portavoz y síndico de Servidores Públicos Unidos (SPU), Benjamín Borges, calificó las expresiones de García como "bien razonables y a tono con la realidad, en cuanto a que haya comunicación de los trabajadores, que se evalúen las alternativas y que se tomen las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias".
"Esa disponibilidad de honrar y reconocer las licencias a las que los empleados tienen derecho es correcta. Otra cosa es que el empleado tome su decisión particular de no regresar, renunciar consciente de que el patrono no va a pagar por tiempo que no se trabaje y que no esté cubierto por una licencia", dijo el portavoz de la SPU, que representa empleados en 14 agencias.
Mientras, el presidente de la Organización de Servidores Públicos Populares, Juan E. Vega Quiñones, le exigió a García que asegure a los 132,003 empleados públicos que regresarán a laborar en un ambiente seguro.
García dijo que cumplirán con las guías de los CDC y Salud, y manifestó que pueden incorporar sugerencias de las uniones obreras. "Vamos a garantizar que (el empleado) tenga un escenario seguro, proactivo, apto para que ellos regresen. No se va a hacer improvisando. Se ha hecho y hemos esperado bastante tiempo para asegurarnos que sea apto que cumpla con las guías de CDC", señaló.
"el gobierno no está listo"
A juicio del profesor de administración pública Víctor Rivera Hernández, "está adjudicado" que el empleado público debe regresar a su agencia. "El problema es que me parece que el gobierno no está listo para el regreso, tal como lo propone, que se perdió un tiempo valioso en todo este año en habilitar un procedimiento organizado de entrada de los empleados al gobierno y que, incluso, se aprobó una Ley de Trabajo a Distancia que no se monitoreó ni se le sacó la ventaja y el activo que tiene la propia ley", afirmó.
"A base de esto, tienes un gobierno que parecería improvisar porque ni tan siquiera conoce el número total de sus empleados que están trabajando de manera presencial, de manera virtual o de manera híbrida", agregó el también exsecretario del Trabajo.
Ni García ni la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) han podido proveer una cifra unificada y actualizada de su fuerza laboral. García destacó que este no es un problema nuevo en el gobierno. Todo lo contrario, sostuvo.
La información que se tiene, al momento, es que más de la mitad de los empleados públicos trabaja de manera presencial. García no precisó cuándo el gobierno quiere llegar al 100% de los funcionarios trabajando presencialmente.
La secretaria de la Gobernación reconoció que la dinámica y evaluación en cada agencia podría provocar problemas de logística que solo se conocerán cuando los jefes de agencia entreguen este lunes el plan que les exigió la OATRH. La expectativa del gobierno es que el 75% de los funcionarios regrese a sus oficinas para finales de este mes.