Intenso debate por violación convenios de OIT

Karen Funes
El ministro de trabajo, Rolando Castro, continúa con su campaña de defensa ante los graves señalamientos contra El Salvador ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la aparente violación de algunos convenios por varios años consecutivos.
En ese marco, Castro ha participado activamente en la actual Conferencia Internacional del Trabajo, presentando su versión de los hechos. Ha negado cualquier acusación y, por el contrario, dice que "Javier Simán con la ANEP utiliza escenarios con la comunidad internacional para desvincularse de su proceso ante la evasión de impuestos contra el fisco". Hasta el momento, no existe ninguna demanda por supuesta evasión contra Simán.
Castro montó una conferencia de prensa para decir que su gira por Ginebra, Suiza, había sido un éxito, y que pudo establecer acuerdos incluso económicos con organismos como ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). "Hemos dejado claro el respeto constitucional de derecho, separación de poderes, pedimos a la OIT que nos ayuden a la transformación que este país necesita", dijo.
Sin embargo, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) explicó que aunque el gobierno menciona que respeta la participación tripartita en la Comisión de Aplicación de Normas, tanto delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores lo han desmentido y solicitan enviar una misión de alto nivel.
Castro aseveró que "en mi calidad de ministro solicité a la comisión de Normas que vengan a verificar cómo estamos llevando a cabo el diálogo social tripartito".
"El Salvador está violando los convenios internacionales particularmente los convenios 87, 98 y 144", dijo por su parte Waldo Jiménez, gerente de asuntos económicos de ANEP.
Solicitar esos informes "son decisiones que toman los voceros designados a nivel internacional por las organizaciones de empleadores y de trabajadores, no es una decisión siquiera local y no participan los gobiernos. Nosotros hemos presentado toda la información que nos ha parecido relevante", detalló Jiménez.
Por parte de los trabajadores, Sarai Molina del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES), y miembro del Consejo Superior del Trabajo, detalló las recomendaciones que la OIT ya había dado al Gobierno y que aún no ha cumplido: "Se le recomendó que en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores elaborara reglas claras, objetivas y predecibles para la reactivación y pleno funcionamiento del consejo, esto no se hizo únicamente se instaló".
Molina agrega que parte de la directriz es que no hubiera injerencia en el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores y empleadores y se hiciera una memoria detallada de todo el proceso seguido para la instalación del Consejo, "ese informe lo teníamos que haber hecho los tres y mandarlo a la comisión de aplicación de normas. No sabemos si solo el gobierno lo envió porque no hemos participado nosotros", dijo.
Además, agrega, "que viniera una misión a verificar para ver si se habían cumplido, no vino por la pandemia, pero tampoco el gobierno les dijo vengan, y es el gobierno el que debe que fijar fecha".
Finalmente, añadió que a la OIT han llegados nuevas quejas "como en el tema de la no entrega de credenciales, violación al convenio 87 y 98 y a contratos colectivos de trabajo y los despidos en alcaldías y Asamblea Legislativa porque el derecho al trabajo es un derecho humano".
Se espera que el próximo viernes la OIT emita conclusiones y recomendaciones sobre cada caso en particular.
"El Salvador está violando los convenios internacionales particularmente los convenios 87, 98 y 144".