Señales fundacionales de la Convención

La declaración de una amplia mayoría de la Convención Constitucional demandando al Congreso dar mayor celeridad a un proyecto de indulto (más bien se trata de una amnistía) a los procesados y condenados por delitos vinculados a la violencia que vivió el país a partir del 18 de octubre de 2019, y solicitando, además, expresamente, que se incluya a los que denominan "presos políticos mapuche" desde el año 2001, entre otros aspectos, ha quedado como símbolo de la instalación de un proceso constituyente que, de no rectificar, amenaza una deriva rupturista de imprevisibles consecuencias.
Al leer el texto y escuchar las declaraciones de sus patrocinantes, se aprecia una mezcla de irresponsabilidad con trazas de lo que la izquierda clásica llamaba infantilismo revolucionario, pero, sobre todo, un abierto desafío a los otros poderes del Estado y a las reglas que han sido dadas para su funcionamiento. A ello se agrega, en los planteamientos y en las actuaciones de diversos convencionales, un profundo desprecio por lo que ha sido nuestra historia republicana (no solo los últimos 30 años), presentando una versión maniquea e interesada de los hechos, la que no admitiría matices o discrepancias frente a un discurso refundacional que se permite hasta el maltrato de nuestros símbolos patrios.
Por cierto, son estos solo los primeros días de una institución completamente novedosa en nuestra trayectoria como país. Cabe, pues, la expectativa de que, conforme su funcionamiento se asiente, los convencionales asuman una más cabal conciencia de la específica tarea que les ha sido asignada y se aboquen responsablemente a cumplirla. En cualquier caso, mientras perdure el estado de afiebrada desmesura que parece hoy embargar a muchos, resulta difícil observar con demasiadas esperanzas el futuro de un proceso clave para el país.
La violencia y el delito, "hechos necesarios"Como una forma de justificar una serie de graves delitos, la declaración acordada el jueves por más de dos tercios de los integrantes de la Convención sostiene "que la violencia que acompañó los hechos de octubre fue consecuencia de que los poderes del Estado fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución". Más claras todavía fueron las expresiones de uno de los patrocinantes del texto aprobado, el abogado Fernando Atria, quien a la hora de defender los indultos sostuvo: "Es incoherente celebrar el proceso constituyente y al mismo tiempo pretender tratar, sin más, como delitos los hechos que lo hicieron posible. Esos hechos fueron necesarios para abrir el proceso constituyente". Ello es congruente con lo expresado por el propio Atria en 2013, cuando advertía que la nueva Constitución se daría "por las buenas o por las malas" -tampoco muy distinto a las diversas expresiones del Partido Comunista o de la Lista del Pueblo-, aunque abiertamente contradictorias con sus declaraciones pocos días antes del plebiscito de octubre del año pasado, en que decía que "la violencia es inaceptable. Que mueran manifestantes, que quemen una iglesia, son acciones delictuales que no pueden quedar impunes".
Las recientes palabras de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, en orden a calificar como mera "reivindicación de derechos" los atentados armados de sabotaje a forestales (reconocidos así por sus propios líderes) contribuyen a entender mejor la gravedad del significado del texto aprobado. Sin duda, episodios como por ejemplo el ocurrido el viernes en la tarde, cuando, aparentemente en el contexto de uno de esos atentados, falleció uno de los presuntos atacantes en tanto un trabajador forestal resultó herido de gravedad, deben siempre investigarse en profundidad por la justicia. Sin embargo, la legítima demanda por el completo esclarecimiento de un hecho nada tiene que ver con justificar acciones delictuales de reivindicación de tierras en las que se utiliza incluso armamento de guerra, como habría ocurrido en este caso, según indicó el fiscal.
Sin espacio para el diálogoNaturalmente, si hay casos en que se ha abusado de la prisión preventiva o han existido vulneraciones al debido proceso que merece cualquier persona, ello debe investigarse y, en su caso, corregirse y denunciarse. Sin embargo, en el debate y en la declaración del jueves, la mayoría de la Convención apeló solo en forma retórica a ello, negándose a analizar y estudiar cada caso en particular como solicitaron distintos convencionales. Ni siquiera se identificaron los delitos que se pedía indultar y cuáles fueron las conductas específicas que se excusarían.
Tampoco la apelación a la paz social, más allá de algunas confusas menciones, puede considerarse el fin último de la declaración. Como vimos, no solo no existió un rechazo a las acciones delictuales -más bien se las justificó-, sino que no ha habido ninguna referencia ni gesto a las víctimas de esa violencia posterior al 18 de octubre (solo se refieren a la violencia por acción del Estado), como tampoco a las que por años han sufrido atentados en la zona de La Araucanía. De ahí que se entienda que el constituyente independiente y exfiscal Andrés Cruz, elegido en la Lista del PS, votara en contra argumentando que lo que más le molesta es que no se haya dado relevancia a las víctimas, "que no se haya considerado a las víctimas de la violencia rural en el sur de Chile".
Por lo demás, los distintos hechos de violencia de los últimos días dan cuenta precisamente de lo contrario: la justificación abierta de los indultos -que en el caso de la macrozona sur es desde el 2001, sin límite en el tiempo- se constituye en un mensaje de impunidad frente a acciones delictuales futuras y en una peligrosa señal a los otros poderes del Estado, incluidas las policías, sobre el control del orden público y la persecución de estos hechos delictivos.
Nunca es superfluo reiterar que la política y el debate razonado son una de las principales víctimas cuando la violencia se impone o se justifica, pues entonces desaparecen tanto la posibilidad de que los participantes de ese debate se expresen democráticamente como la de conseguir que la deliberación razonada sea la forma de resolver los conflictos. No queda así espacio para el diálogo ni para el acercamiento de posiciones, que es precisamente lo que debiera buscar una Convención Constitucional.
El relato de la "refundación"Reveladora fue la imagen subida el jueves a sus redes sociales por el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa. En ella, dos figuras de espaldas -aparentemente, el propio Bassa junto a la presidenta de la instancia- contemplan una Plaza Italia tomada por manifestantes y con la bandera mapuche -situada por sobre las de Chile- flameando en el punto más alto, arriba del monumento al general Baquedano (el mismo que este año debió ser retirado ante las continuas agresiones sufridas durante las protestas, al tiempo que esta semana su mausoleo en el Cementerio General fue vandalizado). También se observa, entre otras figuras, a una estudiante encapuchada caminando sobre una estructura, en aparente alusión al "salto de los torniquetes" y las evasiones masivas que antecedieron a los ataques contra el metro del 18 de octubre. Todo, bajo un cielo flamígero.
Más allá de la estética kitsch y de la autoexaltación por parte de quienes encabezan la mesa del órgano constitucional, la imagen da cuenta de cómo estos parecen concebir su propia labor, dentro de un relato que mistifica los hechos vividos por el país a partir de octubre de 2019 y romantiza la violencia. En este relato, la Convención vendría a ser la instancia para llevar finalmente a cabo el "proceso de transformación social", según el concepto usado por el mismo Bassa en su tuiter y en consonancia con el ánimo fundacional declarado por la presidenta de ese órgano. Lejos parece haber quedado ya la idea de acordar una Constitución que sea la "casa de todos". Quienes pensaron que el debate pasaba por reformar nuestras instituciones para fortalecer su legitimidad y garantizar más eficazmente los derechos de las personas han sido notificados: de lo que se trata es de contar con un texto que permita "refundar" Chile. Dicha tarea habría sido iniciada por quienes se ha dado en llamar "los presos de la revuelta" y la continuarían ahora una suma de colectivos agrupados en torno a causas como el indigenismo, el feminismo, los ambientalistas o las disidencias sexuales. Resuenan aquí los ecos ideológicos de un neopopulismo que, más que buscar solución a los problemas e injusticias sufridas por esos sectores, solo apuesta a radicalizar sus demandas, haciendo de ellos una suerte de vanguardia en el combate -nueva versión de la antigua lucha de clases- contra un "modelo" que sería la causa de todas las inequidades.
Como se ha visto en estos días, tal aproximación se sostiene en una permanente exacerbación del conflicto y en una reivindicación identitaria que termina cuestionando principios democráticos tan básicos como la igualdad del voto o la concepción de un Estado laico. Es difícil, en efecto, no ver signos de ello en señales como la creación de vicepresidencias especiales para algunos grupos, la idea de hacer de los escaños reservados un sistema permanente o incluso el trato preferencial hacia la autoridad religiosa de un pueblo originario.
La responsabilidad de los moderadosNo sorprende el desconcierto de convencionales genuinamente comprometidos con aquello que se propuso a los chilenos en el plebiscito de octubre del año pasado, cuando se afirmaba que la violencia nada tenía que ver con el proceso y que este tenía como propósito no refundar el país, sino acordar y proponer una nueva Constitución para el futuro. El independiente Agustín Squella lo graficó, al reconocer que "me estoy empezando a sentir crecientemente solo" en la Convención y advertir el riesgo de que esta termine devorada por la contingencia.
En esta primera semana de funcionamiento, el ritmo lo han marcado el Frente Amplio y el Partido Comunista, logrando en las votaciones decisivas sumar a la Lista del Pueblo y a la mayoría de los escaños reservados. Más aún, el viejo anhelo de la izquierda dura, de separar al PS del resto de la centroizquierda, como estuviera a punto de producirse en la inscripción de primarias, se ha materializado aquí de manera recurrente, sumiendo en la irrelevancia a las otras fuerzas de Unidad Constituyente. Se ha formado así un bloque que roza el quorum de los dos tercios, lo que tal vez explica por qué la declaración de convencionales comunistas planteando una vez más alterar las reglas del proceso no ha tenido mayor eco en el resto de la izquierda. Después de todo, mientras una parte de los Independientes No Neutrales y otros sectores de los que se esperaría alguna mesura sigan sumándose al radicalizado bloque mayoritario -como ocurrió en la votación sobre los detenidos por la violencia-, será difícil que el impulso refundacional encuentre contrapeso.
Nada de ello excusa, sin embargo, a quienes -como los convencionales de centroderecha o una parte de la Lista del Apruebo- advierten los alcances de esta deriva, de la tarea de no solo exponer sus consecuencias y manifestar su rechazo, sino que también promover sus propias propuestas. Aun cuando la conformación de mayorías en la Convención les resulte adversa, el país debe saber que existe un camino distinto y mejor que la pretensión de simplemente negar su historia y partir de cero.