Conflicto mapuche y Poder Judicial

Ha señalado el ministro de la Corte Suprema Arturo Prado que el máximo tribunal está preocupado por la seguridad de los funcionarios judiciales de la zona de Cañete. Precisa que "no se trata de temores infundados o desmedidos, puesto que desde el año 2016 ha habido atentados contra los edificios institucionales y ataques incendiarios a viviendas de un juez y un fiscal del Ministerio Público. Además de turbas dispuestas a interrumpir audiencias, disparos contra el vehículo de una funcionaria judicial, más amenazas contra dos juezas de la ciudad y un receptor judicial". Como medida de mínima prudencia, la Corte ha autorizado a los funcionarios a permanecer en sus casas y estudia "la posibilidad de entregar bonos de asignación por trabajos en zona de riesgo y contratar pólizas de seguros de vida y patrimonio (vehículo y vivienda) durante el desempeño de las funciones judiciales". El Pleno ofició también al general director de Carabineros y al director de la PDI "para que en atención a los sucesos vividos en los tribunales de la comuna de Cañete, otorguen el debido resguardo a sus accesos y dependencias".
No obstante lo anterior, el ministro Prado afirma con decisión que "ningún juez resuelve con miedo" y arremete contra el Gobierno, que goza del monopolio de la fuerza para mantener el orden público y hacer frente a los violentistas: "Si el Ejecutivo no tiene la capacidad de controlar a estas personas, no es un problema del juez". A renglón seguido, sin embargo, sugiere que el problema en realidad no sería de orden público: "Este es un problema político, no judicial", señala. Estas enfáticas y, en cierto sentido, contradictorias reacciones, se explican probablemente por la incomodidad que pudo causar en la Corte que un grupo de senadores oficialistas conectara las amenazas a los jueces con el contenido de una serie de resoluciones incomprensibles para el ciudadano común, en especial aquellas que parecen haber permitido la fuga y luego impedido la detención de un werkén prófugo de la justicia por tráfico de drogas, al cual además hasta la fecha no ha sido posible detener aun cuando se conoce públicamente dónde se encuentra. En similar alarde de publicidad, todo el país vio las armas ilegales que portaban los custodios de un funeral en Temucuicui, sin que fuera posible obtener autorización judicial para incautar ese material bélico.
Es cierto que la opinión pública también ha aprendido durante todos estos años que las cosas no son tan simples y que los tribunales no pueden decretar medidas cautelares o intrusivas y, por cierto, tampoco condenar a una persona si no se cumplen ciertos estándares de evidencia. Pero la velada polémica entre los senadores y la Corte Suprema muestra el voluntarismo y, a estas alturas, la irresponsabilidad con que el Estado está manejando el conflicto en Biobío y La Araucanía. Nada se obtiene negando una realidad que salta a la vista de cualquier observador desapasionado, ni culpando genéricamente a otros de no estar haciendo su trabajo. Es preciso garantizar efectivamente la independencia y rectificar aquellos criterios interpretativos que se aparten del estándar general. En este sentido, también el Poder Judicial debería realizar una autocrítica.