Un miope llamado a paro

En pocos días más se celebra el Día del Profesor, una manera de reconocer el compromiso de los docentes con una educación de calidad. No es, sin embargo, la postura del gremio que los representa, el que ha convocado para hoy a un nuevo paro, en momentos en que se requiere retomar las clases. Con este llamado, recupera una estrategia que se ha vuelto recurrente en los últimos años -bajo gobiernos de distinto signo- para defender reivindicaciones o posturas que no siempre están orientadas por el interés general del país. Chile ha realizado enormes esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de los docentes en el curso de las pasadas tres décadas. La última iniciativa importante fue la nueva carrera profesional, la cual introdujo, entre otros aspectos, una reducción gradual en la proporción de horas lectivas que debían cumplir los docentes durante su jornada, además de mejoramientos salariales, asociados principal, aunque no exclusivamente, al desempeño de sus funciones. Por supuesto, la forma específica de medir ese desempeño puede ser debatible, pero no es esto lo que está detrás de este nuevo paro.
Este se origina en la introducción de un veto presidencial a un proyecto tramitado en ambas cámaras que estableció diversas disposiciones que tienen varias falencias y son de un efecto cuestionable sobre la calidad de la educación. El proyecto, por ejemplo, quiere consagrar la tradicional interrupción escolar de invierno como vacaciones legales para los docentes, olvidando que el año escolar está definido en Chile entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre; adicionalmente, se puede convocar durante las primeras tres semanas a jornadas de perfeccionamiento de los docentes. Las vacaciones de invierno son habitualmente jornadas más livianas, pero suponen que los profesores dedican tiempo, entre otras funciones, a planificar la segunda parte del año. De hecho, es la razón fundamental por la que existen estas interrupciones en la gran mayoría de los países que tienen esta disposición. Así, la medida contenida en el proyecto solo busca favorecer a un grupo de trabajadores sin evaluar sus efectos sobre el aprendizaje de niños y jóvenes. Es una demostración más del clientelismo que se ha apoderado del Congreso y, por su carácter, es claramente discriminatoria hacia otros trabajadores.
Otra disposición que se quiere vetar es aquella que obliga a que los perfeccionamientos a que sean convocados los profesores en enero de cada año puedan ser solo aquellos certificados por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), dependiente del Ministerio de Educación. Esto supone limitar fuertemente la oferta de programas disponibles y desconoce, además, los dispares desafíos que enfrentan los planteles escolares y los docentes en las distintas realidades del país. La idea de que hay una única solución (o unas pocas) para los problemas que se enfrentan en Chile es muy extendida, pero equivocada. El CPEIP a lo largo de su historia ha aportado iniciativas valiosas, pero entregarle un monopolio en esta dimensión no corresponde.
Hay además otras normas "clientelísticas" en este proyecto que también es razonable vetar. En efecto, se postula suprimir la posibilidad de terminar con la contratación de profesores que por tercera vez en la evaluación docente sean calificados en la categoría "insuficiente". Aquí, nuevamente el aprendizaje de los estudiantes parece estimarse irrelevante para el debate, quizás porque se desconoce el daño en este eje que puede generar un docente poco competente. En realidad, los rezagos que esto puede significar para los niños y jóvenes son enormes, pudiendo hacerlos avanzar solo entre un 20 y un 35 por ciento de lo que lograrían con un buen profesor. Por eso es clave para un buen sistema educacional promover a estos últimos y minimizar la presencia de aquellos que no cumplen con las expectativas. Hay otros aspectos, como la titularidad de los docentes que realizan labores fuera de la sala de clases, que quizás impactan menos en los desempeños escolares, pero que no tienen mucho sentido y que le restan flexibilidad a la organización de esas tareas. Así, el Colegio de Profesores una vez más demuestra su falta de compromiso con la calidad de la educación chilena y revela por qué cuenta cada vez con menor adhesión.