FNE acusa de colusión a Brink's, Prosegur y Loomis y pide multas por US$ 63 millones

Un cartel entre las tres principales empresas de transporte de valores del país habría operado entre 2017 y 2018. Así lo aseguró un requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que acusó de colusión a Brink's, Prosegur, Loomis y a los principales ejecutivos de estas firmas por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018. En el caso de los ejecutivos, se trata de Alberto Bálsamos, de Brink's; Marco Malverde, de Prosegur, y Cristián Catalán, de Loomis, además de los jefes regionales de las compañías Martín Matos, de Prosegur, y Rui Sanches, de Loomis.
Las conductas de las empresas habrían afectado tanto a instituciones bancarias como no bancarias, incluida la Teletón de 2018.
La FNE solicitó al TDLC sancionar a los involucrados con multas que suman US$ 63,4 millones. En detalle, la autoridad antimonopolios pidió sancionar a Brink's con US$ 30,5 millones, Prosegur con US$ 25,8 millones y a Loomis con US$ 6,4 millones. Mientras que en el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide multar a los gerentes generales de las tres empresas: Alberto Bálsamo con US$ 115 mil; Marco Malverde con US$ 104 mil y Cristián Catalán con US$ 88 mil.
"Este cartel se desarrolló luego de la entrada en vigencia de la última modificación de la ley de competencia y eso nos ha permitido solicitar las multas individuales más altas que hasta ahora haya conocido nuestro sistema de libre competencia, dando el primer paso que exige la ley para una eventual persecución penal del mismo", dijo el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco.
Cabe recordar que para que la FNE realice una querella de colusión, el cartel se debe haber formado o funcionado posterior a agosto de 2016 -fecha en la que se promulgó la ley vigente en esta materia-. Sin embargo, para realizar dicha acción, primero debe haber una sentencia del TDLC o de la Corte Suprema en caso de que hayan reclamaciones.
De acuerdo al requerimiento, la investigación se inició luego de que en octubre de 2018 la fiscalía recibiera una solicitud de una persona natural que intervino en el acuerdo para acogerse al beneficio de delación compensada. A raíz de esto, la FNE junto a carabineros allanó las tres empresas involucradas y los domicilios particulares de los gerentes generales de las firmas, en donde se incautó información que tendría evidencia directa del acuerdo. Según la FNE, el cartel se encontraba "en plena ejecución" y seguía activo, al menos, hasta pocos días antes del allanamiento.
Uno de los resguardos que habrían tomado las compañías involucradas -detalla el escrito- sería mantener ocultos los contactos con la competencia.
Por ejemplo, Bálsamo habría utilizado un software para encriptar un pendrive en el cual habría guardado planillas con precios de las empresas de la competencia. Además, para resguardar la clandestinidad del acuerdo, el requerimiento expone que en sus comunicaciones internas los ejecutivos evitaron utilizar los nombres propios de sus contrapartes y asignaron apodos para individualizarlos. Así, los ejecutivos de Prosegur se referían a Alberto Bálsamo como "la intuición" o "el sedal" y a Rui Sanches como "el portugués", mientras que a Martín Matos lo señalaban como "Uruguay".
Involucrados
La FNE también acusó de colusión y pidió sanciones para ejecutivos de las tres firmas.