Sin reversa

El pasado 21 de diciembre los ministros de Salud y de Educación oficializaron el anuncio que muchos padres de familia, estudiantes, expertos y la comunidad educativa estaban esperando: la presencialidad total regresará en 2022 a colegios, jardines infantiles y universidades, públicos y privados. Tras casi dos años de clases remotas e inequitativas, el sector educativo se unirá al resto de la vida económica y social del país, que hoy experimenta la reactivación. Llegó entonces la nueva variante ómicron al territorio nacional y viene jalonando un cuarto pico de contagios, caracterizado por una veloz disparada de casos diarios con un nivel más controlado de fallecimientos. Ya están surgiendo voces como la de Fecode que están poniéndole peros al regreso de la presencialidad total en la educación nacional. Para el sindicato de maestros las condiciones físicas en muchos colegios no son las adecuadas para retornar y habrá déficit de docentes en departamentos como Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta y Cesar. Claro está que estos reclamos no son mayor impedimento para que dirigentes sindicales del sector desarrollen campaña política para las elecciones de marzo y para la convocatoria de paros en la pandemia. Ha sido inmenso el daño que les ha infligido el cierre de escuelas, en especial las públicas, a los niños, niñas y adolescentes tanto de Colombia como en el resto del mundo. De hecho, las aulas colombianas fueron unas de las que más tiempo han durado cerradas durante estos casi dos años de pandemia con consecuencias sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes, su estado emocional y su socialización. De acuerdo a cifras de un estudio conjunto de la Unesco, el Banco Mundial y Unicef, esta generación de niños y adolescentes en el mundo están en riesgo de perder unos 17 billones de dólares en ingresos durante sus vidas. Las pérdidas son desastrosas en varios frentes: problemas de aprendizaje en matemáticas y lectura, ahondamiento de la brecha educativa de género entre niños y niñas, aumento en trabajo infantil, embarazo y violencia intrafamiliar, y exacerbación de las desigualdades en acceso a la tecnología y conectividad. En Colombia la mayoría de esas tendencias mundiales identificadas por la Unesco también se han reproducido en estos 22 meses de pandemia del coronavirus. En especial, se viene ampliando la brecha entre las instituciones educativas privadas, en presencialidad total hace meses, y los colegios públicos, en alternancia irregular y con grandes disrupciones en sus actividades. Nunca debe olvidarse que el año pasado en Colombia la reactivación y la reapertura llegaron con dinamismo a la gran mayoría de sectores productivos y actividades sociales -incluyendo el entretenimiento nocturno y los conciertos musicales-, menos a la educación. En otras palabras, las ferias, los eventos masivos y espectáculos y las discotecas abiertas y presenciales, y las clases de los niños y jóvenes, remotas y por plataformas de mensajería instantánea. No se trata de minimizar la sombra que ómicron está levantando sobre la reactivación ni de desconocer que aún hay trabajo por hacer en la infraestructura escolar del país, especialmente en las áreas rurales. No obstante, el avance de vacunación en la comunidad educativa, incluyendo los niños, así como los protocolos de bioseguridad y protección, permite que se avance en esta urgente reapertura. La decisión del Gobierno sobre la presencialidad total en la educación debe continuar.