Por ALEJANDROFalla
El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta
Por ALEJANDROFalla
El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
En los últimos meses hemos visto colas interminables en las oficinas de Migraciones y dramas de gente que trata de sacar o renovar pasaportes sin éxito. Hay historias de personas perdiendo vuelos por falta del bendito documento. Sin pasaporte es imposible viajar a la gran mayoría de países.
La escasez del documento ha generado ?salidas rápidas?. Los alrededores de la Dirección de Migraciones en Breña se han convertido en un ?hub? de agencias de viajes que ofrecen estrategias para conseguir un pasaporte de emergencia (pasajes con opción de cancelación). Se cuentan historias de gente viajando a provincias o incluso al extranjero en búsqueda del ansiado documento.
Obtener el pasaporte ha subido de precio. No porque se haya incrementado la tasa que se debe pagar en el Banco de la Nación, sino por todos los costos asociados al trámite (colas, pasajes perdidos, gastos en transporte, etc.). La subida pega más a los que menos tienen.
Detrás de toda esta película está un monopolio. No uno de esos que buscan ser prohibidos por la propuesta de modificación del artículo 61 de la Constitución presentada por el Poder Ejecutivo. Se trata de un monopolio administrado exclusivamente por el Estado y que ?a diferencia de otros? no enfrenta competencia.
Este monopolio se ha encargado de forzarnos a comprar el servicio de manera repetida. No basta con acceder al pasaporte una vez. El documento tiene una fecha de expiración. Hay que renovarlo cada cierto tiempo. Gran parte de la gente que hemos visto en las colas en los últimos meses solo buscaba renovar el pasaporte.
El monopolio tiene todos los incentivos para fijar períodos cortos de vigencia. A más corto el período de vigencia del documento, más renovaciones serán requeridas y más gente tendrá que pasar por caja. La renovación no es gratis. En la mayoría de los países de la OCDE, los pasaportes tienen una vigencia de 10 años. En Colombia y Ecuador también es de 10 años. Guatemala acaba de ampliarlo a 10 años. Aquí el monopolio ha decidido que sean solo cinco años.
La misma historia se repite con el DNI. Otro monopolio. El documento debe ser renovado cada ocho años, salvo para los mayores de 60 años (vigencia indefinida). En Francia el documento similar tiene una vigencia de 15 años y el trámite es gratuito. ¿Por qué no podemos adoptar la misma regla?
Aquí hay un abuso de un monopolio estatal. Ampliar la vigencia del pasaporte de cinco a 10 años expone menos a la gente a situaciones como las que hemos visto. Basta con que el Ejecutivo modifique el reglamento de la Ley de Migraciones que establece el plazo de vigencia. Lo mismo podría hacerse con el DNI. Si tanto quieren prohibir monopolios y prácticas de abuso, al menos podemos exigir que empiecen por casa. ¿O este abuso no les importa?