Costos de la electricidad

Un nuevo esquema para contener las alzas de precios de la electricidad prepara el Gobierno, dado que se acaban los recursos del Fondo de Estabilización para el sector. Este Fondo, aprobado en octubre de 2019, mantuvo las tarifas estables durante los últimos dos años y medio. Ello permitió contrarrestar el alza que debía ocurrir cuando se activaron contratos de mayor costo para el suministro eléctrico a clientes regulados. La nueva propuesta del Ejecutivo mantendría las alzas en niveles acotados, lo que terminaría así elevando la deuda de los consumidores con las empresas eléctricas a US$ 3.000 millones. Según se planea, esta deuda se pagaría manteniendo las tarifas, en lugar de bajarlas cuando los costos de suministro caigan, lo que debería comenzar el próximo año. El problema es que la deuda de los clientes será tan grande que se estima que pagarla tardaría diez años, durante los cuales los usuarios no observarían reducciones en los precios, pese a los futuros menores costos de los contratos.
Miembros del Congreso han sugerido que sería más apropiado recurrir a un subsidio focalizado, tal como existe en el caso del agua potable. Una ventaja de este es que, al separar a los grupos más vulnerables del resto, es políticamente posible elevar algo más las cuentas, lo que reduciría la magnitud de la deuda con las empresas y adelantaría el momento en que bajen las tarifas.
Se debe recordar que, para las empresas, la deuda del Fondo de Estabilización es onerosa, porque no paga intereses. Por lo tanto, independientemente del riesgo de no pago -el que no es despreciable-, la situación debilita a las firmas del sector, lo que debería tener efectos en su capacidad para realizar inversiones. Un subsidio acotado a las familias de menores ingresos y con bajos consumos (por ello, con un costo limitado para el Estado) permitiría tener precios más acordes con los costos en los grupos de mayor consumo. Esto, a su vez, evitaría una sobreacumulación de deuda.
El sector eléctrico necesita inversiones para descarbonizar nuestra economía y así contribuir a cumplir los objetivos nacionales de cambio climático. En este contexto, si bien la inversión en renovables ha aumentado, llegando a 12,3 GW (más que la máxima demanda horaria), la cantidad de nuevas obras en construcción ha ido cayendo desde hace algún tiempo. Es posible que esto se deba a razones técnicas, tales como limitaciones en las líneas de transmisión (la electricidad vertida mensualmente está creciendo), pero también existe el riesgo de que en verdad refleje que las perspectivas futuras del sector no se vean tan atractivas.
Se debe recordar que la política contra el cambio climático requiere no solo la reconversión de la matriz eléctrica hacia energías renovables (actualmente un 33,6% de la energía eléctrica tiene esas fuentes), sino que también reemplazar los combustibles fósiles en los otros segmentos de la economía, tales como transportes, industria, minería y agricultura. Esto demanda inversiones enormes y que, por lo tanto, las empresas tengan confianza en que no serán expropiadas ni se cambiarán las reglas para perjudicarlas.
Es en este contexto que se debe evaluar el costo del Fondo de Estabilización: no se trata solo del consumo eléctrico de las personas en el corto plazo, sino de proveer incentivos para reestructurar todo el sistema energético nacional. Desde ese punto de vista, una propuesta que reduzca el monto de una deuda onerosa, mediante un subsidio limitado a los bajos consumos y un alza de precios entre quienes puedan soportarlo o puedan ajustar su demanda, parece una solución mejor que la que propondría el Gobierno.