Tribunal condena a excarabineros por fraude en caso Retenes

Las primeras sospechas sobre el pago de sobornos a funcionarios de Carabineros, para favorecer a privados en la reparación de retenes, surgieron en 2014. Ese año, la Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación penal por los escasos y nulos avances en la remodelación de cuarteles afectados por el terremoto de 2010, en distintas zonas del país, pese a las licitaciones para su reconstrucción.
Tras una querella del Consejo de Defensa del Estado y una larga investigación, la causa fue formalizada por los delitos de cohecho, soborno reiterado y fraude al fisco cometidos por funcionarios policiales que se desempeñaban en el departamento de cuarteles L1. Se acusó a Félix Flores, el coronel a cargo del departamento, y al inspector técnico Francisco Pizarro, que debía ejecutar el control de las obras.
La acusación también se dirigió contra representantes de la empresa como Cristián Bustos, el jefe del área de coordinación y ejecución de proyecto del departamento de cuarteles, sus hermanos Nelson y Rodrigo, y a Cristian Gutiérrez y al exmayor de Carabineros César Rojas.
Fallidas reparaciones
Se estableció que los funcionarios recibían pagos de empresas contratistas, para adjudicarse licitaciones públicas respecto de cuatro obras que se realizaron en el sur: Coyhaique Alto, Isla Huar, Ortega y Lago Castor.
La fiscal Constanza Encina dijo que "estas obras fueron pagadas por Carabineros y no fueron ejecutadas, lo que configura el delito de fraude al fisco". Y agregó que "para todos los acusados se están solicitando las penas de 12 y 10 años de presidio mayor en su grado medio". La persecutora explicó los cargos acreditados ayer en el 7° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago: "Condenó a los seis acusados (el séptimo había sido sentenciado en un juicio abreviado) por el Ministerio Público por cuatro delitos reiterados de fraude al fisco, sobre las 400 UTM, y a cinco delitos reiterados de cohecho y soborno en el contexto de licitaciones públicas". Concluyó que "este resultado es de gran trascendencia en materia de corrupción".
El tribunal dejó la lectura de la sentencia para el 13 de julio. Desde esa fecha los intervinientes en el caso cuentan con 10 días para pedir la nulidad del juicio.