Civilidad, desarrollo y capital humano

Uno de los principales desafíos que enfrentan los países es recuperar sus sistemas de educación luego de dos años de interrupciones. Un reciente estudio del Banco Mundial indica que cuatro de cada seis niños en América Latina y el Caribe no cuentan con los niveles básicos de lectura. Se estima que, en promedio, los estudiantes de la región han perdido 1,5 años de aprendizaje. El costo social y económico es inconmensurable.
En el ámbito local, a tal compleja situación se agregan la violencia, paros y tomas que por años han afectado al sistema y particularmente a su oferta pública. El drama que enfrentan los liceos emblemáticos es un fiel reflejo. Y la reciente decisión del Instituto Nacional y del INBA de retomar las clases virtuales luego de nuevos graves incidentes no solo abre la incógnita respecto de la real factibilidad de estos proyectos, sino que también obliga a evaluar el impacto negativo sobre los estudiantes en el largo plazo.
Escaños reservados y democraciaToda interrupción del proceso de aprendizaje afecta los conocimientos y aptitudes de los jóvenes, con directas consecuencias sobre sus posibilidades de mayores salarios y mejores empleos en la edad adulta. A su vez, la normalización de la violencia y la ausencia de una comprensión básica de las reglas de comportamiento atentan contra la convivencia de cualquier sociedad. Profesores, directivos, sostenedores, autoridades y familias que no reconocen tales amenazas contribuyen a hipotecar el futuro. En este contexto, el deficiente debate en la Convención Constitucional respecto de la educación -reflejado en una propuesta que busca ampliar la acción del Estado, sin reparar en su responsabilidad en la realidad que hoy vive la educación pública- aparece como otra manifestación del problema.
Por de pronto, luego de años de cuantiosos aumentos presupuestarios, por ejemplo en el ámbito universitario, el país no ha logrado revertir la negativa tendencia en los salarios reales de las nuevas generaciones ni impulsar la productividad del trabajo. El alto costo de oportunidad y el bajo retorno social de los millonarios recursos destinados a gratuidad en educación superior recién se comienzan a revelar.
La clase política debe comprender que la calidad no debe ser cuantificada solo por los años de escolaridad o el porcentaje de estudiantes con acceso a la enseñanza superior. Tampoco por el porcentaje de matrícula en establecimientos públicos. Un sistema de calidad se caracteriza por procesos ordenados y gestión profesional a todo nivel, profesores comprometidos, y un Estado y privados que ofrecen una educación relevante para los nuevos tiempos. Esa es la clave para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, terminar con la violencia y la falta de civilidad.
Las falencias de un sistema educacional tardan en ser reconocidas, sobre todo si se mellan los instrumentos de medición (una cruzada de intelectuales de izquierda, en lo relativo al Simce). Sin embargo, la llegada al mercado laboral deja en evidencia la acumulación de problemas. Ello es fuente de frustración para jóvenes convencidos de que los años de escolaridad o un título universitario serían automáticamente valorados en ambientes competitivos.
Pensamiento crítico, un objetivoDada su conexión temporal con el mundo del trabajo, el sistema de educación superior es usualmente responsabilizado por la deficiente formación profesional, a pesar de que este resultado también depende de una educación básica y media de mala calidad. Pero esto no puede ser una excusa para reducir la responsabilidad de las universidades en la formación de sus egresados. Por el contrario, debe obligarlas a redoblar esfuerzos en la calidad.
Un desafío es ofrecer una formación profesional integral que, frente a un contexto de creciente ideologización, aporte las herramientas propias del pensamiento crítico. Ello es central para formar personas que tengan la capacidad y madurez de matizar posiciones, aterrizar conceptos y evitar errores.
La ausencia de este enfoque en las casas de estudio locales se manifiesta cuando sus egresados, que se asumen idóneos en una determinada ocupación o posición, olvidan todo precepto técnico para dejarse llevar por el instinto o la ideología. El impacto reputacional que sobre las mismas casas de estudio generan casos puntuales, particularmente aquellos que tienen figuración pública, no debe minimizarse.
Los planteles deben realizar esfuerzos en múltiples ámbitos. Desde luego, evitar que sus estamentos sean capturados por grupos ideológicos; la selección de un cuerpo de profesores del más alto nivel académico y diverso es por ello clave y debe ser complementada con criterios de promoción objetivos. También, las instituciones deben saber equilibrar el trabajo académico con la contribución al debate público de ideas; poco aportan a este profesores que privilegian labores partidistas o académicos que se desconectan de la realidad argumentando publicaciones especializadas. Finalmente resulta fundamental promover mayor competencia. La activa y continua entrega de información respecto de los logros de los egresados es parte de la construcción de reputación.