Municipios y clínicas de salud

La Municipalidad de Santiago ha informado que decidió adquirir una clínica para mejorar la atención de salud a sus vecinos. La compra no ha estado exenta de polémica por dos razones principales. Por un lado, el precio de la transacción -ascendente a 8 mil 200 millones de pesos- ha sido cuestionado. Entre otros aspectos, porque la misma propiedad habría estado a la venta en 2021 por una suma inferior a 100 mil UF, equivalentes a, aproximadamente, 3 mil 400 millones de pesos. Adicionalmente, la municipalidad habría estado en tratativas para adquirir una propiedad en Carmen 35, que si bien no estaba habilitada como clínica, podría equiparse con un costo razonable; la inversión total en el edificio y en la habilitación hubiesen alcanzado un valor de 4 mil 500 millones de pesos. Precisamente, la inmobiliaria dueña de esta última propiedad presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para realizar una investigación. Este lunes, el organismo le dio al municipio un plazo de diez días para presentar todos los antecedentes; cabe hacer notar que la corporación edilicia cuenta con dos tasaciones que se acercan al precio pactado. A su vez, algunos integrantes del Concejo Municipal han expresado su sorpresa por cómo fue llevado adelante el proceso y por la poca información a la que tuvieron acceso. Con todo, una mayoría aprobó la operación.
Es importante que se aclaren estas situaciones, pero ellas han ocultado una discusión que en el mediano y largo plazo es de mayor alcance. Esta dice relación con las ventajas reales que posee el municipio para gestionar una clínica que típicamente es de mayor complejidad que un Centro de Salud Familiar (Cesfam). La gestión municipal en asuntos complejos no es particularmente conocida por sus éxitos. La experiencia en educación se suele citar como ejemplo: por cierto, hay experiencias exitosas, pero es un hecho que el país acordó sacar a los municipios de esta labor, aunque el modelo elegido es poco compartido. En salud, la Municipalidad de Las Condes ha desarrollado una experiencia que es mirada con atención (Clínica Nueva Cordillera). Sin embargo, es poco conocido que ese municipio concesionó una infraestructura a una red especializada privada y no gestiona directamente la clínica. En el caso de Santiago, sería la propia municipalidad la responsable de la gestión. En este sentido, se trata de un desafío mayor.
Por cierto, no se han conocido estudios que permitan saber exactamente, más allá de la inversión informada, cómo operará esta clínica. Hasta donde se sabe, tampoco habría sido presentado en los concejos en los que se discutió la compra un análisis mínimo de los flujos de ingresos y gastos de este proyecto, y los dineros que invertirá el municipio en la operación. Siempre se puede pensar que lo hará a través de convenios con Fonasa o con la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Pero estos organismos se rigen por normativas y regulaciones precisas, de modo que dichos convenios no son automáticos. Al mismo tiempo, los habitantes del centro de Santiago podrían contribuir a su financiamiento con copagos, pero es difícil pensar que estos pudieren solventar una parte relevante del costo de las prestaciones. En el caso de Las Condes, la última cuenta pública informa que el municipio transfirió casi cinco mil millones de pesos en 2021 para subsidiar las prestaciones que recibieron vecinos de la comuna.
Habrá que conocer más detalles de este proyecto, pero sorprende que se tomen decisiones de esta naturaleza sin mayores estudios. No se trata de coartar la autonomía de los municipios, pero sus efectos trascienden a un municipio en concreto. No se puede olvidar que las farmacias populares fueron presentadas como una gran solución al alto desembolso en medicamentos que realiza una proporción importante de las familias chilenas. Sin embargo, su impacto ha sido modesto y han creado otros problemas que le han restado credibilidad a la idea.