La vergüenza de la Ministra de Minas

Jorge Restrepo
El Gobierno Nacional se equivocó al buscar un ‘pacto tarifario’ para reducir el creciente costo de la energía eléctrica a los hogares. La equivocación desnudó a la Ministra de Minas y Energía y reveló que tras el ropaje de activista académica graduada, escaseaban las capacidades para la gestión y los conocimientos necesarios para la función pública. La energía eléctrica y el gas son el segundo ítem que más ha contribuido a la inflación de precios al consumidor en el último año, según el índice de precios qué calcula el Dane. Como uno no puede escoger a quién le compra la energía en el hogar, y otra empresa no puede ofrecerla, hay un monopolio ‘natural’ que enfrenta cada consumidor. El precio ni lo fija la empresa que distribuye la energía ni se forma en un mercado, es regulado. Por ello, referir al ‘precio de mercado’ de la energía eléctrica para los hogares es un error. Como también es un error usar el precio del mercado mayorista de energía eléctrica para explicar el aumento de los precios de la energía al consumidor, pues la energía generada es sólo uno de los muchos costos de proveerla. Por ello, la economía pública, que ha estudiado este problema, ha encontrado que la manera más eficiente de fijar una tarifa a ese servicio es conocer los costos, y que el que usa la energía pague por cada unidad adicional de energía consumida. La regulación a nivel mundial apunta a que las empresas que distribuyen la energía sólo cobren por ese costo marginal. Pero la regulación en Colombia tiene un error enorme: la indexación, pues las tarifas suben automáticamente con el índice de precios al consumidor y el índice de precios a los productores. Cuando sube la papa o la leche, o se hace caro el trigo que producía Ucrania antes de la invasión de Rusia, sube la energía eléctrica que pagan los hogares en Soacha y Cajicá. Es más, contribuye muchísimo más a la subida de la energía en Colombia ese efecto de la indexación que el movimiento de costos en el mercado mayorista de energía al que se ha referido el Presidente. Una mejor solución está en regular correctamente, reajustar la tarifa al costo y quitar la indexación a la inflación. El Presidente tiene facultad constitucional para hacerlo y legal para corregir ese error y acierta en buscar una tarifa justa: una que no afecte la confiabilidad ni la seguridad en la prestación del servicio a los hogares, y restablezca el bienestar que han perdido los colombianos por el excesivo e injustificado aumento del precio de la energía. Pero eso requiere revestir al Ministerio de capacidades técnicas, conocimientos en la función pública y en aritmética básica, no buscar ‘pactos’ incumplibles y mal hechos con los regulados. Sin pasar más vergüenzas. A las empresas hay que regularlas, no pedirles lo imposible, como que renuncien voluntariamente a las utilidades de una tarifa indexada.
Profesor de la Universidad Javeriana Twitter: @jorgearestrepo