El problema de la credibilidad

El Gobierno afronta las semanas previas a las elecciones de mayo evidenciando un fuerte desgaste, que de nuevo podría tener para su coalición un altísimo costo, como ocurrió en el plebiscito de septiembre pasado. Pese al último cambio de gabinete, marcado por un necesario ajuste en la Cancillería, son demasiadas las áreas que exhiben falta de gestión y, sobre todo, problemas de credibilidad por dichos o actuaciones de las autoridades antes de llegar al gobierno y también por decisiones más recientes tomadas cuando ya estaban en sus cargos.
El caso más simbólico ocurre en materia de seguridad, primera preocupación ciudadana, donde desplegar una política eficiente, que logre convencer a la ciudadanía de que se están haciendo todos los esfuerzos, resulta una tarea cuesta arriba. Y es que todavía están en la retina la actuación de amplios sectores de Apruebo Dignidad en el estallido de octubre -su conducta, declaraciones y votaciones que contribuyeron a debilitar a las policías, y que no fueron inocuas para que se consolidara en amplias zonas la criminalidad organizada-, y los controvertidos indultos hace solo algunos meses. El grado de desprolijidad, falta de transparencia y arbitrariedad con que se concedieron estos últimos, con informes en contra de Gendarmería, es un capítulo que seguramente seguirá ensombreciendo cualquier actuación que se emprenda en esta materia.
Una situación parecida ocurre con los retiros de los fondos de pensiones, opción que parece haber adquirido un fuerte impulso luego del inesperado rechazo al proyecto de reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Es difícil que un Gobierno que ahora rechaza la idea tenga credibilidad ante la ciudadanía si antes sus máximos dirigentes, incluido el entonces diputado Gabriel Boric, la impulsaron en distintas oportunidades. La última vez, en plena segunda vuelta de la campaña presidencial, en que se desplegó en el cuarto retiro una estridente puesta en escena con fines electorales. Los argumentos dados entonces por Camila Vallejo, Giorgio Jackson y el candidato Gabriel Boric, que se contradicen abiertamente a los que emplean en esta coyuntura para pedir su rechazo, suenan ahora a mero oportunismo.
La oposición debe sacar las debidas lecciones de esto, y evitar cualquier tentación de obtener réditos políticos de corto plazo para infligirle una derrota al Gobierno. Sería incomprensible que parlamentarios de oposición se abrieran a apoyar un nuevo a retiro, a sabiendas de las consecuencias que tiene para la economía del país y sus ciudadanos.
Por otra parte, cabe valorar la disposición del nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), que en entrevista en Reportajes señala que "el país necesita de acuerdos buenos, grandes, y estoy disponible, aunque me critiquen". Este diálogo, sin embargo, debe abrirse a las mejores fórmulas, alejadas de ideologismos trasnochados, como muestran aspectos centrales de la reforma tributaria y previsional. La delicada situación económica por la que atraviesa el país no admite malas reformas en materias tan decisivas para nuestro futuro.
Las FF.AA. en la ConstituciónEs perceptible el cambio de tono y la mayor seriedad con que la Comisión Experta está llevando a cabo su cometido, sobre todo si se lo compara con la Convención Constitucional y su serie interminable de exabruptos, extravagancias y propuestas inviables. Con todo, ello no debe hacer olvidar de los riesgos que plantea un proceso como este y de la importancia de los resultados de las próximas elecciones de consejeros. Una primera señal de alerta la constituye el rechazo por parte de los expertos designados por el oficialismo de contar con un capítulo destinado a "Las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad". Si bien es cierto que podría volver a plantearse más adelante en el proceso, trasluce una aproximación al tratamiento de estas instituciones provista de una cierta carga ideológica, que parece incapaz de reconocer la experiencia histórica incorporada en la actual Constitución.
A la necesaria regulación del papel que, por ejemplo, desarrollan las FF.AA. en distintas áreas, y que excede con mucho las tareas tradicionales de defensa nacional -ver, por ejemplo, a los militares desplegados en el norte y sur del país-, se suma la conveniencia de resguardar su carácter profesional, ajeno a los avatares políticos. Nuestra experiencia constitucional muestra que un capítulo especial en la Constitución que le dé un tratamiento orgánico, cuyas normas no queden sujetas a simples mayorías circunstanciales, contribuye al fortalecimiento de estas instituciones.
Lo ocurrido durante la vigencia de la Constitución de 1925 es una buena prueba de lo que puede implicar una falta de regulación, que terminó durante la Unidad Popular con miembros de las FF.AA. en labores de gobierno, incluido el gabinete. Se llegó al extremo de condicionar la permanencia del cargo de comandante en jefe de alguna de las ramas de los institutos armados a la permanencia en un ministerio, como ocurrió con el general del aire César Ruiz Danyau en agosto de 1973. Cabe esperar que lo recientemente votado pueda revertirse y hacerse una regulación más integral.