Plan que recorta pago por servicios ambientales afectaría protección de bosques, advierte UNA

Académicos e investigadores de la Universidad Nacional (UNA), así como empresarios del sector forestal, advirtieron de que el plan de gobierno para disminuir la retribución por hectárea a los participantes del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) afectaría la protección de los bosques.

La propuesta del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) reduciría el monto base de pago por mitigación de gases de efecto invernadero y biodiversidad general de $55 a $40 por hectárea al año.

Voceros del Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor-UNA), la Escuela de Ciencias Ambientales (Edeca-UNA) y la Asociación de Ingenieros Forestales Pro-Manejo de los Recursos Naturales (Ucifor) advirtieron de los inconvenientes de ese cambio y otros planteados en un borrador de decreto ejecutivo.

Las críticas apuntan a una reforma que por segunda ocasión se encuentra en consulta pública en el Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

El mes pasado, el MEIC solicitó una serie de cambios y aclaraciones al Minae. A inicios de junio, esa cartera remitió nuevamente el plan para revisión.

El PPSA está a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), adscrito al Minae. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, director de Fonafifo, afirmó en mayo al ser consultado que la propuesta busca refrescar el programa y unificar fuentes de financiamiento.

Advertencias por cambios en programa de servicios ambientales

Mario Piedra, director ejecutivo de Fundecor, enfatizó que los pequeños productores, principales beneficiarios del PPSA, son los guardianes del bosque. Sin embargo, advirtió que la modificación al PPSA aumentaría la presión al restarle competitividad al Programa frente a actividades como la ganadería o el cultivo de piña.

Por su parte, Xinia Brenes, presidenta de Ucifor, criticó la intención de eliminar la figura del regente forestal dentro del Programa. En su criterio, eso impediría hacer una certificación adecuada de la permanencia de bosque sobre un terreno.

Asimismo, durante un foro organizado por la UNA el 6 de junio, Brenes advirtió que el plan aumenta las labores del ingeniero forestal, incrementando sus honorarios y los costos para el participante del programa, al tiempo que el Estado reduce el pago por hectárea

"Con frecuencia se crea normativa, pero poco se evalúa su efectividad", sostuvo Natalia Chacón, directora ejecutiva de la Cámara Forestal, Madera e Industria, quien además coincidió en que la regencia es más que solo una verificación, sino que además es una necesaria asesoría al productor.

De acuerdo con Chacón, a los empresarios forestales les preocupa la posibilidad de que los cambios a la normativa generen mayores cuellos de botella en trámites que deberían ser simplificados.

Además, señaló que la propuesta de aumentar el tamaño mínimo de las fincas de 300 a 500 hectáreas es cuestionable, dado que alrededor del 70% de las fincas dentro del PPSA tienen 40 o menos hectáreas.

También mencionó que los pagos adicionales por "presencia de biodiversidad" e "importancia para el recurso hídrico" se limitarían a menos del 5% de los beneficiarios potenciales y aportaría un extra de ¢21.000 por hectárea, lo cual resultaría en un pago insuficiente para competir con otras actividades productivas, según explicó.

Michael Garro, fiscal del Colegio de Agrónomos y Forestales, defendió la regencia forestal que sería eliminada con la reforma del Minae al presentarla como un mecanismo comprobado para asegurar la permanencia de un bosque.

Garro mencionó que en años recientes el programa ha protegido en promedio 70.000 hectáreas y duda que Fonafifo pueda gestionar adecuadamente un aumento a 182.000 hectáreas, como se lo propone.

Para él, las modificaciones propuestas serían inconstitucionales y contravendrían tratados internacionales y legislación vigente.