Bolivia, inestabilidad endémica

Con una tasa de pobreza cercana al 35%, Bolivia enfrenta grandes desafíos sociales. Si bien durante parte importante de los últimos veinticinco años logró sostener tasas de crecimiento en torno al 4%, lo que le permitió elevar su PIB per cápita real desde los US$ 6.156 en el 2000 hasta los US$ 9.080 del 2019 (dólares internacionales de 2021) y reducir de forma significativa la pobreza desde el 66,1% que registraba al inicio de este siglo (Banco Mundial), la falta de desarrollo de sus instituciones y la inestabilidad política, otra vez evidenciada esta semana, han impedido aprovechar todas sus posibilidades.
En la actualidad, con un PIB cercano a los 45 mil millones de dólares (un 13% del tamaño de la economía chilena) y una población de unos 12 millones de personas, la economía boliviana depende fundamentalmente de los servicios. En 2022, este sector representó más del 50% del PIB. Por su parte, el sector industrial correspondió a aproximadamente el 25%, y la agricultura produjo la mayor parte del PIB restante. Esto da cuenta de un cierto descalce respecto de sus ventajas comparativas. A modo de ejemplo, en el ranking de países con reservas probadas de gas natural, Bolivia aparece en el puesto 39 del planeta; sus 295.900 millones de metros cúbicos la ubican además quinta en la región. En el caso del petróleo, sus reservas de 493 millones de barriles la sitúan en la posición 49 del mundo y 6 de la región. Sin embargo, ello no se traduce en una mayor preponderancia de estos sectores dentro de las actividades económicas. Tampoco se condice con la posición de Bolivia en materia de ingreso per cápita en el mundo.
En cuanto a la industria minera, otra fuente de recursos naturales que sí ha logrado desarrollarse, durante la década anterior entró al listado de los 10 países con mayor producción de plata, boro, antimonio, estaño, zinc, tungsteno y plomo, y dentro de los 20 con mayor producción de oro. Esto sí se refleja en las exportaciones, que alcanzaron a US$ 13.700 millones de dólares en 2022. Los principales productos fueron materias primas, como oro y combustibles (gas natural). Los mercados más importantes fueron India (16,5%), Brasil (13,9%), Argentina (12,8%), Colombia (7,6%), Japón (7,1%), Perú (6,2%) y China (5,7%).
Sin embargo, la posesión de un diverso listado de recursos naturales no se ha traducido en la configuración de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de las reglas institucionales y la atracción continua de inversiones, pieza angular para un crecimiento sólido y permanente.
Más allá de la tragedia de los comunesEl concepto "tragedia de los comunes" se utiliza para caracterizar el desafío de desarrollo que enfrentan los países ricos en materias primas. Se refiere a una explotación insostenible de tales recursos, muchas veces originada en una deficiente estructura de derechos de propiedad.
En el caso de Bolivia, ha estado lejos de abordar la necesidad de diversificar y complejizar su matriz productiva. En el centro de las dificultades se ubica un modelo centrado en la preponderancia del Estado como organizador, promotor y ejecutor de actividades productivas en todos los ámbitos, pero particularmente en el aprovechamiento de los recursos naturales.
Tal visión fue parte de la agenda de las administraciones del Presidente Evo Morales (2006-2019), fuertemente impulsada por su vicepresidente, Álvaro García Linera, un político marxista que ha ganado alguna influencia dentro de la región. El superciclo de los commodities brindó la oportunidad a dichas administraciones de avanzar en esa agenda gracias a los altos precios, mostrando al mismo tiempo un aparente pragmatismo a partir del crecimiento de la inversión extranjera: si bien en 2005 se observó una caída de esta, durante el período 2006-2013 su flujo neto creció establemente, desde el 2,4% del PIB hasta el 5,7%. No obstante, el control del Estado fue una característica del proceso.
El ambiente de negocios estructurado de esta particular manera, boyante en un comienzo, no permitió el desarrollo institucional necesario para asegurar una atracción más permanente de inversiones, lo que se hizo claro al terminar el boom de los commodities , y hoy se evidencia en la caída de la producción y reservas de gas natural. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha reconocido que la ausencia de proyectos de explotación durante los años 2015 y 2019 explica la sorprendente situación actual.
Pero frente a los menores ingresos registrados desde mediados de la década pasada, en lugar de ajustarse a la realidad, se siguió elevando el gasto público. Esas cuentas son las que ahora se pagan. El Estado ha visto limitada su capacidad para sostener iniciativas sociales, al tiempo que la dramática reducción de las reservas de divisas está dificultando el pago de importaciones clave y golpeando duramente a la población.
Como se ve, la economía boliviana enfrenta desafíos que afectan su crecimiento y desarrollo sostenible. Entre los de largo plazo, se encuentran una infraestructura deficiente, la necesidad de un sistema educativo moderno y de calidad, y la disminución de la desigualdad y la pobreza. Pero todo lo anterior demanda ingentes recursos. Lamentablemente, la inseguridad jurídica y un marco regulatorio deficiente contienen la inversión y generan una desconfianza institucional que limita las posibilidades del país.