¿Una distribuidora eléctrica estatal?

La extensión temporal -más de 10 días en algunos casos- de la reposición de la energía eléctrica en vastos sectores de la Región Metropolitana, y también en otras regiones del país, luego de la tormenta cuyos vientos inusitados provocaron la caída de una enorme cantidad de árboles, dañando cables, transformadores, casas y enseres, ha generado un comprensible debate respecto de sus causas, de la reacción de las compañías, del trabajo de las municipalidades y también del gobierno central.
El ministro de Energía, Diego Pardow, afirmó que si hubiese habido una empresa estatal involucrada "la crisis hubiese sido menor", porque "la capacidad de respuesta que habríamos tenido de sustituir o colaborar con alguna distribuidora específica hubiese sido distinta". Además de no haber entregado ningún argumento que permitiera justificar sus dichos -¿cómo una empresa estatal ubicada en una cierta concesión hubiese podido colaborar con lo que ocurre en otra concesión, si probablemente hubiera estado afectada por problemas similares?; y si ella hubiese sido la directamente afectada, ¿qué hace pensar al ministro que su trabajo habría sido más ágil?-, la experiencia que la ciudadanía tiene con los servicios estatales deja mucho que desear. Baste recordar lo que ocurre con las listas de espera en salud, los días de clases perdidos en las escuelas públicas, la facilidad con que los funcionarios del Estado realizan huelgas ilegales que dejan al público sin atención, entre otros muchos casos, para que la solución de una empresa estatal para enfrentar situaciones de emergencia parezca más bien una ironía.
Es comprensible la motivación política del ministro al levantar la antinomia entre empresa pública y privada, pues el conglomerado de gobierno alcanzó el poder sobre una plataforma de gran antagonismo con el mundo privado. Sin embargo, es obvio que la respuesta de una empresa de utilidad pública ante una crisis no se define por la propiedad de sus acciones, sino por la organización y preparación interna para enfrentarla, así como por el marco regulatorio y el esquema de incentivos vigente. Y aunque queda claro que, en el caso de Enel, la preparación para abordar esta emergencia distó de ser la adecuada, este evento reveló y relevó que los problemas asociados a una mejor reacción demandan una mirada integral.
Por un lado, la cuantía de los eventos de fallas superó en un orden de magnitud sustancial los considerados en el esquema de empresa modelo que hoy se emplea para la fijación de las tarifas de distribución eléctrica. Asimismo, los árboles se cayeron no solo porque estas empresas hubieran fallado en evitar su contacto con los cables -cuestión que es responsabilidad suya-, sino porque los municipios (entidades estatales), o los vecinos, en el caso de aquellos ubicados en recintos particulares, no realizan una adecuada mantención de estos (más aún, algunas reparaciones debieron postergarse al aducir las compañías no poder intervenir los árboles sin autorización municipal). Adicionalmente, el nivel de inversión requerido para minimizar el impacto de eventos climatológicos como los sufridos es muy superior al que está considerado, y de hacerse, provocaría un alza de las tarifas que la autoridad quiere evitar. Cabe recordar, por ejemplo, que la posible instalación de medidores inteligentes -los que hubiesen colaborado con una mejor información de las fallas- fue desechada hace cinco años debido a la resistencia a pagar sus costos, luego de un estridente y politizado debate. No se ve cómo una empresa pública podría tener un mejor desempeño en este contexto. Por el contrario, el hecho de pasar a ser el Estado propietario y al mismo tiempo fiscalizador arriesga reducir los estándares de funcionamiento y control.
En otras palabras, recurrir al expediente facilista de culpar al carácter privado de una empresa para con ello favorecer la eventual instalación de una empresa pública en el rubro, más allá de buscar dividendos políticos, no tiene mayor sustento; la propia ministra de Obras Públicas ha planteado algunas de las dificultades que traería. Mucho más importante sería que el sector público y las empresas privadas sacaran lecciones de este evento, y elaboraran de manera coordinada un plan de reformas hacia el futuro que eleve la calidad del servicio y la respuesta ante las emergencias.