El Comercio, Perú
11 de septiembre de 2024
Desorden. De los 22.131 vehículos autorizados por la ATU para realizar este servicio en Lima y Callao, solo 2.894 son propiedad de las empresas. Esta problemática ocasiona que miles de ciudadanos viajen en combis, coasters y buses que incumplen estándares técnicos y de calidad.
Por José Cayetano chávez
Existen alrededor de 30.000 buses, combis y coasters circulando por las calles y avenidas de Lima y Callao. De este número, solo 22.131 vehículos están autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para realizar el servicio de transporte urbano. No obstante, subirse a uno de ellos no es garantía de seguridad.
Esto se debe a que, de las más de 22.000 unidades, solo 2.894 (13,08%) pertenecen a la misma empresa autorizada para circular por una ruta.En cambio, 19.237 vehículos (86,82%) son propiedad de terceros.
Según información recogida por El Comercio, 2.813 (12,71%) unidades pertenecen a una empresa externa, mientras que 16.424 (74,21%) son propiedad de una persona natural.
Estas cifras reflejan la precarización del servicio de transporte en la capital. Asimismo, explican la ausencia de responsables ante accidentes de tránsito, buses en pésimo estado, correteos, entre otros problemas que vemos a diario en las calles.
?La ley de la selva?
José Aguilar, expresidente de la ATU, declaró a El Comercio que el principal problema de que más del 86% de vehículos autorizados para el transporte urbano pertenezcan a las empresas operadoras de rutas genera el incumplimiento de estándares legales, técnicos y de calidad.
?Al pertenecer a terceros, no existe un compromiso ni responsabilidad de las empresas para verificar el estado de los vehículos o renovarlos gradualmente. Además de una falta de mantenimiento, no establecen un plan de frecuencia ni distancia de salida para las unidades. Esto genera que los vehículos de una misma empresa compitan entre sí en correteos para recoger más pasajeros, lo que puede provocar graves accidentes?, explicó.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, dijo que la ausencia de un rol fiscalizador de las unidades que operan las rutas del transporte urbano por parte de las empresas ?desemboca en el desorden y crisis de este sistema?.
Ambos entrevistados señalaron que esta problemática tiene una relación directa con el modelo comisionista afiliador. De esta forma, los choferes y cobradores terminan siendo clientes de los dueños de las unidades y las rutas. Entretanto, su ganancia depende de la cantidad de pasajeros que puedan recoger, pues del total de los pasajes cobrados deben descontar el pago al propietario del vehículo y la ruta, y el costo del combustible.
Precisamente, 16.424 unidades autorizadas para el transporte público en Lima y Callao pertenecen a una persona natural.
En esa línea, Ojeda explicó que el modelo comisionista permite que ?cualquiera pueda ser transportista en el Perú?.
El Comercio solicitó a la ATU su descargo la semana pasada antes de la renuncia de Marybel Vidal Matos como presidenta de la institución. También se insistió luego de que David Hernández Salazar asuma este cargo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
