Bajar a la realidad

Ayer el gobierno Petro presentó al Congreso de la República su proyecto de ley de financiamiento con el cual piensa recaudar $12 billones para cerrar los huecos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025. Es la segunda reforma tributaria que busca la Casa de Nariño, luego de la aprobada en 2022. Pero, más que iniciar la discusión técnica de un nuevo paquete de impuestos y de su conveniencia en una economía en desaceleración y sin una ruta clara de reactivación, el debate no debe perder de vista su foco: el proyecto de ley del presupuesto y su monto. La administración Petro radicó una iniciativa legislativa por $ 523 billones, que se encuentran abiertamente desfinanciados. La segunda tributaria surge, precisamente, de la intención del Ejecutivo de sacarle a la economía los $12 billones que le faltan. No sobra entonces insistir en el orden de las cosas. El momento actual es para definir, primero, el monto del proyecto de ley del Presupuesto para 2025. Los $523 billones a los que apunta el Gobierno no son razonables, ni están ajustados a las realidades que experimentan hoy tanto la economía como las empresas y los hogares colombianos. A lo anterior hay que añadir que el ‘hueco’ de $12 billones es tan solo el ‘piso’ del desbalance ya que expertos y centros de estudios han estimado que la desfinanciación presupuestal podría superar los $30 billones. Otro aspecto de la inconveniencia de este proyecto de ley de presupuesto está en la tributaria que lleva amarrada. A diferencia de la primera alza de impuestos en 2022, al arranque del gobierno Petro, este segundo intento de reforma impositiva llega al Congreso con una economía que lucha por recuperarse y con hogares y empresas, exhaustos de varias reformas tributarias consecutivas. A todo esto, se les deben sumar las inocultables dificultades de la administración Petro en materia de ejecución de los recursos e inversión pública. Los rezagos en este frente de la implementación han conducido a congresistas y analistas a preguntarse para qué continuar extrayendo más dinero de los bolsillos de los contribuyentes, si existen tantas complicaciones para traducirlos en proyectos, políticas públicas y cumplimiento de las promesas al electorado. Por ese motivo, en los últimos días han crecido las voces de legisladores expresando su llamado al Ejecutivo para reconsiderar ese monto presupuestal y reducirlo en sus debidas proporciones. Los ojos del país están hoy en los más de 90 miembros de las comisiones económicas del Congreso que podrían rechazar ese monto de $523 billones y así ahorrarles a los colombianos una nueva reforma tributaria. No será fácil enviar semejante mensaje fiscal desde el Legislativo a la Casa de Nariño, pero su contundencia le dará fuerza y podría llevar al Gobierno a un necesario ajuste. El presidente de la República, Gustavo Petro, siente que este escenario político es tan factible que ya viene advirtiendo que, sin importar si se acepta el proyecto de presupuesto, la nueva alza de impuestos va porque va. Más aún, el primer mandatario afirmó hace pocos días que, si el Congreso no aprueba el presupuesto, lo expediría "por decreto". Esta decisión, para cuyo momento restan varias semanas, sería lamentable: la participación de los congresistas en la discusión presupuestal brinda legitimidad política y social al difícil ejercicio de asignar recursos a las acciones y políticas del Ejecutivo. Antes de cualquier discusión de más impuestos, el Congreso debe instar al Gobierno a ajustar el presupuesto con cuentas fiscales realistas.