El conflicto de los PMGD

Durante el último ChileDay, especialmente en los encuentros celebrados en París, el ministro de Energía se vio asediado por inversionistas internacionales que criticaban su proyecto de financiar parte del subsidio eléctrico a costa de los Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD). Dicha fórmula, en el cálculo del Ejecutivo, permitiría extender el beneficio a millones de hogares más que los que hoy lo reciben, pero implicaría una suerte de expropiación regulatoria fuertemente rechazada por el sector. Así, el episodio terminó siendo tal vez lo más notorio -al menos mediáticamente- de un evento cuyo sentido era, por el contrario, motivar y atraer capitales.
Los pequeños medios de generación distribuidos son centrales eléctricas menores a 9 MW de potencia, que se conectan directamente al sistema de distribución, sin utilizar el de transmisión. Dado que no generan congestión en este último -y que es uno de los problemas que enfrenta el país- hace algunos años se pensó en promoverlos. Para ello se les ofreció un precio estabilizado al que pudieran vender toda la energía que produjeran. Este precio de nudo de corto plazo se calcula cada seis meses como el promedio de los costos futuros esperados de la energía, y debe ser, además, ajustado cuando difiere en exceso del precio promedio de los contratos de clientes libres.
Cuando se publicó el decreto supremo que estableció este esquema de remuneración, no se pensó que tales condiciones provocarían una bonanza para la instalación de generación fotovoltaica en pequeña escala, cuyo costo de inversión es muy bajo: se puede financiar con un valor de la electricidad inferior a US$ 40/MWh. Por cierto, estas centrales generan energía a las horas en que su precio spot -es decir, el correspondiente a transacciones inmediatas- es casi siempre cero. El referido precio de nudo de corto plazo que se les asegura es, sin embargo, muy superior, y eso sin considerar que el ajuste a la banda de precios de clientes libres lo eleva más aún, habiendo llegado a casi US$ 90/MWh el año pasado (en junio de este año, se situó en unos US$ 68,8/ MWh). Esto explica que hoy el 82% de los 3.000 MW de capacidad instalada en PMGD sean fotovoltaicos.
La diferencia entre el precio spot que se paga por la energía y el precio que reciben las centrales PMGD se traspasa a los demás generadores (incluyendo a renovables que en algunos casos están a la misma hora recibiendo un precio cero por lo que producen) y, finalmente, a los usuarios. Se trata de un costo que puede llegar a varios cientos de millones de dólares anuales.
Desde al menos dos años, cuando la capacidad PMGD era significativamente menor, muchas voces venían alertando sobre el riesgo que este esquema significaba para los costos del sistema. Pero estas advertencias no fueron escuchadas y solo hace pocos meses el ministerio limitó el ingreso de PMGD, por lo que aún hay mucha capacidad en construcción a la que se le aplicarían las mismas reglas.
El problema es que ahora el alza de precios de la electricidad para los consumidores regulados ha complicado al Gobierno. Intentando limitar sus efectos políticos, se ha anunciado un subsidio eléctrico más amplio de lo necesario y que demanda recursos para financiarlo. En la propuesta del Ejecutivo, una parte provendría de los mayores ingresos por el IVA del consumo eléctrico que se generarían por el alza de precios, y otra parte, del impuesto al CO2. Pero en los cálculos del Gobierno, serían necesarios aún más recursos y así surgió la idea de recurrir a los PMGD, expropiándoles un 36% de sus ingresos (US$ 150 millones anuales). Esto es lo que ha desencadenado la reacción de los inversionistas internacionales, más aún cuando es probable que algunas de estas centrales (especialmente aquellas no fotovoltaicas) quiebren.
Como se ve, se trata efectivamente de una especie de expropiación regulatoria. Es cierto que, frente a situaciones similares, países como Australia, España, el Reino Unido y otros han actuado de igual manera, pero ello no significa que sea una buena estrategia para Chile, sobre todo cuando la confianza en el país ya ha caído producto de malas políticas adoptadas en los últimos años. En estas condiciones, esta nueva alteración de las reglas arriesga agudizar esa caída, generando un costo relevante en términos de menor inversión futura.